Empleados con coronavirus de una clínica privada siguieron atendiendo a pacientes de PAMI pese a una orden de clausura dispuesta por la Justicia

Al menos seis empleados del Centro de Salud Norte de Villa Adelina, en Vicente López, fueron a trabajar estando infectados de coronavirus con posterioridad a que la Justicia dispusiera la clausura preventiva de esa clínica privada hace una semana por considerar que era “un foco infeccioso” para la propagación de la epidemia.

Pese al carácter “urgente” de la orden judicial de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la medida no se concretó el viernes 17. Los funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, del Municipio de Vicente López y de PAMI que se hicieron presentes a pedido a la jueza coincidieron en no derivar ese mismo día a los 29 pacientes en ese momento allí internados por la obra social de los jubilados, pese a ser todos adultos mayores y constituir un grupo de riesgo. Según el acta de la inspección, la clínica estaba cumpliendo el protocolo de COVID-19 y no se habrían observado “irregularidades”. Se acordó que no ingresarían pacientes nuevos y que se buscaría derivar a los que el hisopado diera negativo.

No obstante, por la falta de medidas de prevención adecuadas, a la fecha hay dos pacientes fallecidas con coronavirus y suman más de 20 los integrantes del personal médico y no médico de la clínica infectado, de los cuales tres están internados y el resto aislados en sus domicilios. La Justicia corroboró que seis de ellos -dos enfermeros, una mucama, un empleado de mantenimiento y dos de la farmacia- fueron a trabajar entre el 19 y el 21 de abril, estando infectados. También están contagiados de coronavirus cuatro familiares de una de las víctimas, y tres personas de la cochería M.Menini que intervino en su sepelio. El resto de los jubilados internados dieron negativo hasta ahora, aunque la Justicia tiene dudas sobre algunos análisis de muestras realizados en dos laboratorios privados.

Previo a la orden de clausura preventiva, la magistrada le había requerido el 11 de abril al Ministerio de Salud Bonaerense -en su carácter de máxima autoridad sanitaria- realizar “una inspección, auditoría e investigación epidemiológica”, luego de que el análisis post mortem de la paciente fallecida el 6 de abril hubiera dado positivo.

El pedido fue reiterado dos días después, el 13 de este mes, ante el informe elevado a la Justicia por el director médico de la clínica, Jorge Pinzetta, respecto de la activación del protocolo de COVID-19. Según pudo saber Infobae, habría omitido precisar qué había dispuesto respecto de los pacientes internados. Arroyo Salgado reiteró otro oficio el lunes 20 al ministro Daniel Gollán, ratificando la orden de clausura preventiva y ordenándole la “inmediata intervención en el orden médico”.

Finalmente, al día siguiente, la jueza le advirtió al titular de la cartera sanitaria bonaerense que no había recibido aún ningún informe sobre “las fiscalizaciones realizadas, ni tampoco resultado de inspección, auditoría e investigación epidemiológica dispuesta”, y que no había designado aún un director médico – en reemplazo de Pinzetta, quien cumple aislamiento domiciliario- como le había requerido el lunes pasado. “En su calidad de máxima autoridad sanitaria de la Provincia, resulta responsable de arbitrar las medias preventivas necesarias y urgentes para evitar la diseminación de la pandemia, máxime continúan internados 21 pacientes, todos de grupo de riesgo”, sostuvo Arroyo Salgado en su oficio.

La jueza le requirió asimismo a la titular del PAMI, Luana Volnovich, que articule con el Municipio de Vicente López las medidas necesarias para la “inmediata derivación” de los pacientes a los hospitales provinciales o municipales más próximos para tratar sus patologías, y se evalúe cuáles estaban en condiciones de ser dados de alta, si no presentaban síntomas de coronavirus.

La intervención de la Justicia en esta clínica proveedora de PAMI donde se propagó el coronavirus se generó a partir de la denuncia de Carlos Cellini, quien tuvo dudas sobre las causas de la muerte de su hermana. Pese a que la jubilada había ingresado por una infección urinaria el 8 de marzo, en el transcurso de su internación -y tras haber mejorado de su patología inicial-, desarrolló síntomas compatibles con coronavirus. Sin embargo en la clínica no le practicaron el test para detectarlo, ni la trataron por esa enfermedad. En su certificado de defunción, se consignó “paro cardíaco, shock refractario e insuficiencia respiratoria”. El análisis post mortem recién se le realizó a la mujer de 65 años por disposición de Arroyo Salgada y dio positivo.

Cuerpos en la morgue no informados

En la inspección que personal de Ministerio de Salud Bonaerense realizó el viernes pasado por la tarde cuando la jueza dispuso la clausura, de la que participó un epidemiólogo, no se revisó sin embargo la morgue de la clínica. Recién fue inspeccionada este martes último, luego de que un efectivo de la Policía Federal que está de consigna en la puerta alertara al Juzagdo de la existencia de cadáveres en la morgue. Fue así que se encontraron cinco cuerpos que no habían sido informados por las autoridades de la clínica cuando fue el operativo de las autoridades sanitarias por orden de la Justicia, ni tampoco con posterioridad al Juzgado. Tres de esos pacientes habían fallecido el mismo viernes de la inspección por la mañana y el mediodía, uno el día anterior, y otro el 11 de abril. Recién fueron encontrados el martes 21, luego de que Arroyo Salgado le enviara el nuevo oficio al ministro Gollán.

Se supo luego que uno de esos cinco cuerpos, el de una mujer de 70 años fallecida esa mañana del 17 de abril, resultó tener COVID 19. El test se conoció post mortem. Si bien cuando fue encontrada en la bolsa mortuoria roja correspondiente a una enfermedad infectocontagiosa, no habría sido esa la forma en que estaba conservado el cuerpo el día de la auditoría sanitaria. La Justicia sospecha que se alteró la forma en que estaba conservado con posterioridad a la inspección del viernes 17 por la tarde, y que originalmente no se habrían tomado medidas de bioseguridad y profilaxis para prevenir un posible contagio.

Desde mediados de marzo a la fecha, murieron 9 pacientes en el Centro de Salud Norte, de los cuales dos se habían contagiado de coronavirus: la mujer cuyo fallecimiento dio origen a la causa judicial, y esta última. Hay otros tres casos en los que el test dio negativo, y un cuarto sobre el que hay dudas por el tiempo transcurrido hasta la toma de la muestra. Del resto de los pacientes fallecidos, pese a haber ingresado por patologías como fractura de fémur o insuficiencia renal, murieron por “neumonía intrahospitalaria”, según consignó la clínica.

A la fecha, aún quedan 15 pacientes en la clínica. Desde la inspección sanitaria el viernes pasado, 7 pacientes fueron dados de alta y otros tantos derivados a otras instituciones médicas o geriátricos. Por ser todos pacientes de PAMI, este organismo tenía la responsabilidad de relocalizarlos según las cápitas disponibles.

Pedido del fiscal

En base a esta cuadro de situación, el fiscal interviniente en la causa, Fernando Domínguez, le pidió a la magistrada que “le ordene a la autoridad Ministerial de Salud (Municipal, Provincial y Nacional) que bajo apercibimiento de iniciárseles actuaciones por desobediencia (art.239 del CP) y/o por incumplimiento de deberes de funcionario público (art.248 y 249 del CP), evalúe la situación del Centro de Salud Norte en cuanto posible fuente de contagio para los pacientes allí atendidos y para el personal de morgue, médico y administrativo con funciones en el lugar”, a fin de “garantizar que la autoridad Ministerial de Salud realice las inspecciones que resulten menester (aplicando sanciones administrativas de corresponder), para que los responsables del Centro investigado, apliquen la totalidad de los protocolos dictados ante la pandemia de COVID-19”. La clínica es manejada por ROPHE SA, uno de cuyos dueños es Benjamín Teitelbaum, también propietario del Sanatorio Mariano Pelliza, en Olivos.

Para Domínguez, “el desmanejo del centro médico traducido en la negligencia que posibilitó la propagación de la pandemia a niveles que aún resultan difíciles de establecer, conductas que tuvieron lugar en medio de la situación de emergencia sanitaria por todos ampliamente conocidas, ameritan la adopción de las medidas compulsivas que infra se requieren”.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia le dijeron a Infobae que la cartera “no tiene injerencia” sobre la gestión médica de la clínica. “Abrimos una investigación epidemiológica a pedido de la Justicia y pautamos los procedimientos a seguir y las normas de funcionamiento. Tenemos un rol rector, pero no auditor. No tenemos autoridad sobre la práctica médica del efector privado”, señalaron.

“Fuimos e hicimos la inspección junto con PAMI y evaluamos que la clínica estaba en condiciones de seguir funcionando, en la medida que se cumplan los protocolos. Hasta donde vimos, se estaban cumpliendo. Elaboramos un informe técnico que se elevó a la jueza y se resolvió que siga abierta por el momento, con un reacomadamiento de equipos, ya que gran parte de su personal está con aislamiento. Luego el seguimiento de los pacientes es de PAMI, ya que la clínica es prestadora de este organismo”, informaron.

Desde la Municipalidad de Vicente López aclararon a Infobae que “la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a través de la Región Sanitaria” y que “el Municipio no tiene autoridad para clausurar ni decidir los traslados”.

Qué dijo la clínica

En un comunicado difundido la semana pasada, el Centro de Salud Norte sostuvo que “la institución cuenta con protocolos de trabajo para el manejo de casos sospechosos de COVID-19 implementados desde febrero del corriente año, contando con sectores de Triage al ingreso a la clínica y áreas de aislamiento de pacientes sospechosos manejados por personal entrenado adecuadamente, utilizando todos los elementos de protección personal normatizados por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”.

Según media docena de testimonios recabados por Infobae de trabajadores de la clínica, no había medidas de prevención básicas -como barbijos, guantes y camisolines descartables, ni toma de la temperatura al ingresar al establecimiento- antes de la intervención de la Justicia que permitió conocer que la mujer fallecida tenía coronavirus. Recién se comenzaron a implementar una vez que el caso tuvo trascendencia pública.

El Centro de Salud Norte también descartó la posibilidad de contagios cruzados entre pacientes y sugirió que el contagio de la mujer fallecida que dio origen a una denuncia judicial provino de la propia familia que la visitó en la clínica. Su hermano Carlos dio negativo y su sobrina, quien había cuidado a la mujer algunos días, su marido y sus dos hijos dieron positivo al test ordenado por la Justicia. También resultados contagiados los dueños de la cochería M. Menini que tuvieron el cuerpo de la mujer fallecida en la casa de sepelios y estuvieron en contacto con su documentación.