Mientras tanto, la decisión de la Cámara rosarina les permite retomar el cultivo de cannabis, práctica que vienen sosteniendo con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario y de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis.
“Que puedan seguir cultivando es fundamental para ellas, pero sobre todo para los niños y las familias”, subrayó Jésica Pellegrini, abogada y concejala por Ciudad Futura que acompaña el reclamo de las madres.
La presentación ante la Corte se da en un contexto de fuerte controversia y con un antecedente que marca el camino. En 2018, según consignó el diario UNO de Santa Fe, un fallo histórico de primera instancia avaló en Rosario el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos y la producción de los aceites por parte de madres de hijos con enfermedades neurológicas, siempre con el acompañamiento del Estado y de profesionales a través de la Facultad de Bioquímica, que lleva adelante los testeos de los aceites elaborados, y de la Aupac. Sin embargo, el Estado nacional apeló esa medida y en un fallo dividido en segunda instancia volvieron el proceso a foja cero.
Entre los argumentos, señalaron que se trataba de “un remedio casero” que se suministraba a “menores” desconociendo el proceso que las mujeres venían llevando adelante con los profesionales y con la Universidad.
Pero sobre todo, “sin mantener ningún tipo de contacto con las madres en el proceso y desconociendo los avances que los chicos habían tenido, y que para muchos significaban nada menos que obtener su escolarización, actividades sociales y mejoras motrices”, había indicado la abogada en ese momento.
Ese revés derivó en la presentación de un nuevo recurso federal, esta vez con el objeto de llevar la discusión ante la Corte Suprema, que ahora fue admitido en forma unánime por los magistrados y deja en manos del máximo tribunal la resolución de un conflicto social y humano de alta sensibilidad.
La pretensión del gobierno de Alberto Fernández era lograr este año la sanción en el Congreso de una norma para despenalizar tanto el cultivo como la tenencia de cannabis para consumo personal. Para ello instruyó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para que analice los modelos de regulación que rigen en otros países, como Canadá, Uruguay y los 11 estados de los EE.UU.
Pero la etapa que seguía, la de la búsqueda de consensos entre los distintos actores para alumbrar un proyecto de ley acordado, se vio interrumpida por la declaración de la pandemia de coronavirus y postergó así un debate muy esperado especialmente por los sectores que reclaman una mayor flexibilización en el uso de esta sustancia que, según distintas voces, ayuda a aliviar las dolencias de diversas enfermedades neurológicas.
