Ayer a la mañana, el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, ordenó
la detención de los seis integrantes de la cúpula de RT Inversiones que se concretó
durante varios allanamientos en la capital catamarqueña.
Se trata de Alicia Estela Nieva, Edgardo Federico Bulacio, Edgardo Edmundo
Bulacio, Víctor Ariel Vergara, Exequiel Matías Rolón Reinoso y Carolina María
Bonfanti, quienes fueron imputados por los delitos de “lavado de activos,
intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita y estafa”.
El operativo se llevó a cabo en el marco de varios allanamientos efectuados en los
domicilios de los integrantes de la firma, quienes fueron denunciados por más de una
treintena de clientes que no pudieron cobrar sus capitales.
En este sentido, los efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron gran
cantidad de material informático, pagarés, entre otros elementos de interés para la
causa. Cabe destacar que el magistrado santiagueño, quien opera como subrogante
del juez natural de la causa, dispuso también la inhibición general de bienes e
inmovilización de fondos en cuentas bancarias.
Durante uno de los procedimientos, una de las mujeres imputadas se descompensó,
por lo que solicitaron la presencia de facultativos médicos del SAME, quienes la
asistieron y determinaron que la patología no le impedía cumplir con la detención en
un sistema penitenciario.
Fuentes judiciales confirmaron que los seis detenidos prestarán declaración
indagatoria hoy a partir de las 8.30 en el Jugado Federal de Catamarca. El juez
Argibay viajará a Catamarca para llevar a cabo la indagatoria.
La medida dispuesta por el magistrado se centra en la solicitud realizada por el
abogado querellante Alfredo Aydar y el fiscal titular de la acción penal Rafael Vehils
Ruiz, quienes pidieron la detención en virtud de que ante la situación social en la
capital catamarqueña no cesa, esto representa un riesgo de fuga y posible
entorpecimiento de la causa.
Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios de avenida Galíndez al 600, en
calle Rivadavia al 500 (donde funcionaba el comercio) y en la avenida Illia, entre
otras propiedades de los responsables de la empresa.
Denuncia
Cabe recordar que en marzo pasado, según la denuncia presentada ante la Justicia,
“desde abril del 2021 hasta enero del 2022 captaron todos los ahorros que les fueron
posibles y en febrero de 2022 se declararon en cesación de pagos, obligando a los
ahorristas a reestructurar sus contratos sin pagarles intereses, devolver los pagarés y
entregarles pagarés nuevos con fecha posterior a febrero de 2022”.
Si bien la causa es investigada por el Juzgado Federal de Catamarca, no actúa el
juez Miguel Contreras, ya que este se inhibió.
El Esquiú
