LO DECIDIÓ EL PLENO DE LA CORTE DE JUSTICIA
El máximo tribunal de justicia de la provincia resolvió en una reunión suspender al secretario de la Fiscalía N° 9.
Ayer, pasado el mediodía, se conoció la decisión de los jueces de la Corte de Justicia en la que por unanimidad resolvieron suspender en forma provisoria al secretario de la Fiscalía N° 9, de apellido Seco Maza, quien está involucrado en un caso investigado por “producción y distribución de pornografía infantil”.

Cabe destacar que el funcionario judicial está bajo una investigación sumaria en la que se determinará su responsabilidad y si lo desvinculan de la Justicia o simplemente es sancionado. Mientras tanto, el fiscal N° 8 Sebastián Pelisari, quien se encuentra a cargo de la pesquisa, ordenó varias medidas, una de ellas en la oficina ubicada en calle Junín al 600.

La semana pasada se llevaron a cabo distintos allanamientos, donde también se logró identificar a otro sospechoso de 51 años. Mientras se analiza el material secuestrado, la Fiscalía no ordenó medidas restrictivas contra la libertad de ninguno de los supuestos implicados.

El hecho

El escándalo judicial se desató el jueves de la semana pasada, luego de que la oficina de la Fiscalía N°9, donde trabajaba el secretario, fuera allanada. Esto repercutió de forma sorpresiva, más aun teniendo en cuenta que en esa fiscalía se llevan a cabo otras investigaciones por delitos que dañan la integridad sexual de menores.

En la sede de Fiscalía se secuestró un CPU, celulares y demás dispositivos de almacenamiento digital. Lo que se busca es determinar la existencia de material pornográfico en los dispositivos a los que tenía acceso o de pertenencia del funcionario judicial.

El detonante fue un alerta internacional en una ONG que lucha contra la explotación infantil, la que detectó que en el IP de una computadora utilizada por el empleado judicial se estaría distribuyendo material pornográfico que tendría como víctimas a menores de edad.

En razón de esto, la Red 24/7, radicada en la provincia de Buenos Aires, comenzó con la investigación en el año 2021. La División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia logró ubicar el IP en cuestión y desde la Justicia local ordenaron una serie de medidas.