La absolución del fiscal Laureano Palacios en el Jury que se le inició por su dudoso accionar en el inicio de la investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, ha instaurado un receso en la Cámara de Diputados.
La reticencia del oficialismo a enfrentar recriminaciones por el salvataje del fiscal que operaron junto a los dos abogados de la matrícula la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, y el presidente provisorio del Senado, Oscar Vera, son tan evidentes como las ganas de desenrollar diatribas de los opositores, pero más de un indicio marca que se asiste a puestas en escena que, si bien son montadas por bandos antagónicos, convergen en una paralización que conviene a ambos.
Tras reproches aislados y más bien tibios, el bloque comandado por Ramón Figueroa Castellanos se circunscribió a requerir la renuncia de Palacios. El comunicado merece figurar en los anales del absurdo, pues el fiscal acababa de ser restituido con el voto de Guerrero, que lo representaba en el Jury. Es decir: el bloque oficialista no había hecho valer la que supuestamente era su voluntad política por los canales institucionales pertinentes, en la ocasión pertinente y pretendía que Palacios cubriera por su propia voluntad la defección. Guerrero renunció al Jury sin que nadie se lo pidiera disparando contra el fiscal del Jury Miguel Mauvecín, a quien hace responsable por no haberle perfeccionado la base fáctica para votar como hubiera querido.
La oposición, por su parte, celebró una conferencia de prensa en la que solicitó al peronismo que destituya a Guerrero como presidenta de la Cámara de Diputados, luego de lo cual se puso a esperar la sesión en la que podría reiterar las obvias filípicas, oportunidad que el oficialismo, como es lógico, se resiste a facilitarle.
Estas fintas en la Cámara baja ocultan inconsistencias del Frente de Todos y Juntos por el Cambio que surgen palmarias en cuanto el foco se corre hacia el Senado.
Allí el bloque oficialista no pidió ninguna explicación al senador Vera, quien recién se dignó a repetir las acuñadas por Guerrero cuando lo criticaron en sus pagos de Fray Mamerto Esquiú, donde podría intentar en octubre la reelección o el retorno a la Intendencia.
No queda más que concluir que los senadores oficialistas no comparten los criterios de sus compañeros diputados, ni tampoco los del Gobierno, en el sentido de que Palacios debió ser destituido.
A la disidencia de los senadores peronistas con lo que parecería ser la opinión mayoritaria del sector político que representan en asunto tan delicado se suman las de Luis Ariel Cordero (Ancasti) y Norma Reales (Antofagasta de la Sierra), los dos solitarios senadores de Juntos por el Cambio, con sus correligionarios.
Si Cordero y Reales también están de acuerdo con el voto de Vera, es extraño que el radicalismo, tan enfático en sus rezongos por la calidad institucional y el agravio a la sociedad que implica la permanencia de Palacios en el puesto de fiscal, no les dirija el más mínimo reproche.
Se trata, de todas maneras, de una conducta coherente. Tampoco se aflige la UCR cuando sus dos representantes le dan unanimidad al peronismo en el Senado cuando se votan las designaciones en la Justicia que tanto la alarman como dispositivos de “colonización”. Se abstiene el partido y sus socios en Juntos por el Cambio hasta de las sugerencias, con lo cual termina legitimando en el Senado lo que pretende deslegitimar en la Cámara de Diputados.
Fuente: El Ancasti
