A diferencia del año pasado, el Gobierno de la Provincia aseguró su presupuesto de
fija en $1.008.579.238.319 para el próximo año con el acompañamiento del bloque de
Juntos por el Cambio, tanto en Diputados (donde son la segunda fuerza con más
votos) como en el Senado.
En la Cámara baja la oposición deslizó críticas, aunque respaldó el proyecto a fin de
conjugar un mensaje político para tratar de blindar de alguna manera a la Provincia
por el cambio de gestión en el Gobierno Nacional. Además, el presupuesto prosperó
con la readecuación de fondos destinados al pago de salarios en el Poder Judicial.
En la Cámara baja, la oficialista Argerich fue la encargada de fundamentar la Ley de
Leyes y las modificaciones que se le realizaron a la iniciativa original, entre ellas, la
poda de recursos para la Justicia. Luego, el diputado radical Alfredo Marchioli señaló
que, “con el traspaso de mando que va a ocurrir el 10 de diciembre a nivel nacional y
bajo las incertidumbres de ciertas medidas económicas es importante, conveniente y
oportuno que Catamarca cuente con el presupuesto general de la provincia, que
tenga el mayor respaldo político posible para defender los intereses de los y las
catamarqueñas”. “Por eso hemos tomado la decisión, a diferencia de años anteriores,
de acompañar el presupuesto”, agregó.
En tanto, deslizó que “las cuentas no pueden quedar sometidas a la discrecionalidad
de las asignaciones presupuestarias que tiene el Ejecutivo” en referencia a que, en el
presupuesto se prevé una inflación que no se adecua a la realidad. A su turno, el
peronista disidente Hugo “Grillo” Ávila lanzó cuestionamientos por la política minera
para la explotación del litio ya que es “la entrega a muy bajo costo de nuestras
materias primas y que nos podrían dar un presupuesto mucho más elevado”.
Además, anticipó que no iba acompañar la Ley de leyes.
Por su parte, quien se menciona como la futura presidenta del bloque de la UCR,
Silvana Carrizo, rescató el contexto del país por la “enorme incertidumbre y dificultad
para hacer cualquier tipo de cálculo económico, es imposible proyectar o pronosticar
en un entorno tan volátil”. “Aun así, consideramos que es importante para Catamarca
contar con un presupuesto porque es importante para cumplir la función de
Gobierno”, alegó.
La opositora también cuestionó “la falta de eficiencia de la ejecución de la obra
pública”, puntualmente en lo que hace a “la infraestructura escolar, problemática que
el Gobierno no pudo resolver”. En este orden de ideas, dijo que le preocupaba que
se dependa de la toma de un empréstito “para poder terminar obras” y mencionó que
la Provincia tiene reservas que oscilan entre los $30 mil y $37 mil millones. En cuanto
a la poda de fondos de la Justicia, indicó que “no se trata acá de cuánto gana el
Poder Judicial, se trata de cuan bajos son los salarios del resto de los trabajadores
provinciales”.
La radical Natalia Herrera continuó por esa tangente para deslizar que “el recorte
para algunos sectores ya está en marcha y si me equivoco, les preguntemos a los
judiciales a quienes una vez más les tocó el recorte y cuando está cuestionado su
desempeño por el letargo y la ineficiencia, la solución ideada es recortarle el
presupuesto”. A la vez, rescató la incertidumbre por el cambio de gestión a nivel
nacional para deslizar que “es muy probable que estemos aprobando obras que no
sabemos si los catamarqueños podremos disfrutar”. “Advertimos casi doscientas
obras que se repiten en los planes de obra del año pasado”, agregó.
A su turno, Luis Lobo Vergara contempló que podría devenirse un conflicto de
poderes entre el Ejecutivo y el Judicial ya que existe un antecedente en 1996 que
derivó “en una acordada donde la Corte de ese momento declaró inaplicable una ley
de emergencia que recortaba los recursos de del Poder Judicial”. Sobre el final del
debate, Enrique Cesarini (PRO) indicó que se debía dar al Ejecutivo el presupuesto
como “la posibilidad de contar con herramientas que le posibiliten transitar este
próximo período”.
El Esquiú
