Al mismo tiempo, los mismos días, casi a las mismas horas, el pulso de un mismo drama político avanzó hasta simultáneas taquicardias en Brasil y en EEUU. Estos días fueron de avances espectaculares en lo que se refiere a conocer decisiones últimas de la Justicia federal sobre el futuro de los ex presidentes Jair Messias Bolsonaro y Donald Trump. En un resumen brutal, en la segunda semana de febrero Bolsonaro está más cerca del calabozo y Trump más cerca de la Casa Blanca.
Luces y sombras de dos Congresos invadidos sobre dos presidentes invasivos
En los dos países más importantes de los dos hemisferios norte y sur del hemisferio occidental, un mismo rasgo clasifica en un conjunto único, sin compañeras que estorben o fragmenten, a sus dos capitales: son las dos únicas ciudades profesionalizadas en la política en el universo urbano americano. De arrogante especialización funcional distintiva, el originario y museal Washington DC y la moderna y mediterránea Brasilia reconocen un destino al cual todo otro fin queda subordinado: existen para ser la sede de los tres poderes del Estado. La economía y la cultura, lo social y lo societal laten en otras ciudades. Los ricos no se mudan a la capital, y los empresarios y millonarios sólo si sienten insustituible su presencia capital para retener un poder en riesgo.
En un teatro así despejado de multitudes, con amplios espacios vacíos que aíslan y monumentalizan a cada edificio público del gobierno federal, cada acción de masas adquiere relieves propios y goza de una proyección única. En Washington y en Brasil, las manifestaciones violentas de adversarios derechistas de los presidentes electos Joe Biden y Luiz Inácio Lula da Silva irrumpieron en protesta el 6 de enero de 2021 y el 8 de enero de 2023. Creció en extensión e intensidad la consonancia que el Partido Demócrata y el Partido de los Trabajadores (PT) ya oían entre sus líderes antes de la viralización de las violencias y los daños en la capital brasileña. Las analogías del enero de Brasilia con el enero de Washington, anterior en dos años, se vieron resaltadas con trazo grueso. Fue entonces cuando la identificación de Bolsonaro con Trump alcanzó en los medios un nuevo clímax aún no superado.
Dos condenados en espera de sentencia
La fábula es la misma, las moralejas son distintas. Frustrados en sus aspiraciones de ganar la reelección presidencial consecutiva, Trump y Bolsonaro son los malos perdedores de este relato. Los dos llamaron fraude electoral a la limpia victoria de la democracia. Ninguno de los dos dudó en recurrir a la insurgencia, el complot y el golpismo para arrebatar a sus contrincantes declarados vencedores una dignidad que a ellos el voto ciudadano les había rehusado.
Voceros del relato, tampoco dudaron ni el presidente Biden ni el presidente Lula sobre la legitimidad que asiste a los titulares en ejercicio del Poder Ejecutivio para declarar en público la culpabilidad de sus dos predecesores en la Presidencia. No hay dudas, declararon, de que Trump y Bolsonaro son responsables de alentar, instigar, iniciar, perfeccionar planes y conspiraciones insurrecionales y golpistas.
Nunca dudaron ni el presidente Biden ni el presidente Lula sobre la legitimidad que asiste a los titulares en ejercicio del Poder Ejecutivio para declarar en público que sus dos predecesores en la Presidencia son responsables de insurrección o golpismo.
Es cierto que estas autoridades presidenciales y los medios afines no retacean al Poder Judicial la facultad de opinar y decidir sobre lo ya prejuzgado verbalmente por el Ejecutivo . En una república, después de todo, también jueces y cortes pueden dictar sentencias.
Las cosas se complican en Brasilia para Bolsonaro…
No tardó mucho el Tribunal Supremo Electoral (TSE) brasileño, después de la asunción de Lula a la presidencia en enero de 2023, en inhibir a Bolsonaro hasta 2030 de presentarse como candidato a cualquier cargo político electivo. Una inhibición política decidida por la Justicia Electoral.
Esta semana, el ámbito judicial desde donde llegaron novedades procesales para Bolsonaro no ha sido ya el de la Justicia Electoral sino el Penal. No del TSE sino del STF, el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil.
Por primera vez, el ex presidente derechista brasileño se vio sujeto el jueves a dos medidas cautelares en el marco de un proceso abierto en el STF bajo la carátula de intento de Golpe de Estado y de Abolición del Estado democrático de Derecho, delitos que tipifica la legislación brasileña. Se le dio a Bolsonaro un plazo de 24 horas para presentar su pasaporte y se le ordenó evitar toda comunicación con una lista de personas. Una lista larga.
El juez supremo Alexandre de Moraes había dispuesto cuatro prisiones preventivas y casi un centenar de allanamientos y de medidas cautelares “diferentes de la prisión preventiva”. Para que en un despliegue cronometrado la Policía Federal les diera cumplimiento el jueves en el operativo que bautizó Tempus Veritatis (Tiempo de la Verdad en latín). En el curso del allanamiento de su domicilio, Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), el partido de Bolsonaro, el partido más derechista de Brasil, cayó preso por flagrante portación ilegal de armas de fuego.
… y en Colorado y en Maine para Trump…
Trump nunca fue sancionado ni políticamente ni judicialmente por los hechos del 6 de enero de 2021. Hay registros de que desde la Casa Blanca el presidente republicano había alentado a la masa trumpista a encaminarse al Capitolio y a protestar de manera vigorosa y audible. Pero, ¿equivale dar aliento a una protesta a incitar a la violencia? ¿Se representaba el presidente candidato vencido las violencias cometidas en la Cámara de Representantes y en el Senado, la destrucción de propiedad federal, las amenazas de muerte contra la octogenaria jefa demócrata de la Cámara baja, Nancy Pelosi? ¿Las contemplaba siquiera como posibilidad?
El abierto regocijo del Presidente al seguir cuadro a cuadro por la tele, como si leyera una historieta, a sus partisanos white trash puros y duros en su incongruente y peligrosa performance en el Capitolio, es execrable. Todos los testimonios confirman la explosiva alegría del Presidente ante cada nueva imagen sorprendente captada por las cámaras ese 6 de enero en el recinto del Congreso. Esas peripecias que lo sorprendían, ¿eran la puesta en escena del guion del líder derrotado, o al menos una improvisación según sus planes? Joe Biden, la Corte Suprema del estado de Colorado y el Secretario del estado de Maine están convencidos de que sí.
El presidente y candidato demócrata había iniciado su campaña para ganar un segundo mandato en las elecciones presidenciales del martes 5 de noviembre declarando que su rival el candidato y ex presidente republicano Donald Trump era el culpable por detrás del ataque al Congreso.
En Colorado y en Maine habían dispuesto que Trump no podía ser precandidato en las primarias republicanas de esos dos estados (y por lo tanto no podía ser candidato a la presidencia de EEUU); no puede, alegaban, porque la Constitución prohíbe postularse a los reos de insurreción. La interdicción figura en el 3er. Apartado de la enmienda 14, añadida después de la Guerra Civil, para impedir que los líderes del Sur secesionista y esclavista derrotado hicieran carrera política en la posguerra, votados para cargos electivos. En Colorado y en Maine quedaron satisfechos con las opiniones expresadas en instancias judiciales o asamblearias previas que daban por probado el hecho del liderazgo de Trump el 6 de enero y lo ocurrido por equivalente a una insurreción.
Aun formulada de la manera más escueta, abstracta e impersonal, una sentencia de la Corte Suprema de Washington que derribe la proscripción del candidato Trump ordenada por el estado de Colorado será celebrada como un triunfo por el electorado trumpista.
… pero se le simplifican en Washington
Una apelación de los abogados de Trump sobre la decisión de Colorado había sido aceptada por la máxima instancia constitucional federal. En las audiencias del jueves 8 de febrero en Washington, los 9 jueces y juezas de la Corte Suprema cuestionaron a las dos partes: a los defensores de Trump y a los letrados del estado de Colorado.
Tradicionalistas y progresistas formularon preguntas que lucían como objeciones a que el presunto liderazgo de un presidente en una protesta política violenta y con víctimas fatales pudiera darse por demostrado en tribunales de cualquiera de los 50 estados de EEUU, para que de imediato, sin ulteriores exámenes, una Corte Suprema estadual clasificara los hechos del 6 de enero como la insurrección construida por la emienda 14 de la Constitución y proscribiera una candidatura nacional. ¿No es un exceso de federalismo, preguntaban, que las provincias decidieran quién puede y quién no puede se presidente de la nación?
Todo indica que en su sentencia la Corte Suprema federal dictaminará que es el electorado el que decide quién es y quién no es presidente de la nación, y que a la soberanía popular no pueden las provincias retacearle opciones sobre la base de que un candidato es un presunto delincuente.
Aun formulada de la manera más escueta, abstracta e impersonal, una decisión de la Corte Suprema en contra de la proscripción de Trump en Colorado y en Maine será celebrada como un triunfo por el electorado trumpista. Y una sentencia adversa, o dividida, o vaselinosa, tampoco haría mella ni en ese electorado, ni en sus perspectivas de crecer hasta darle la revancha y la reelección a Trump.
Hasta el presente, cada nueva acusación, cada traspié judicial, expandió la popularidad de Trump, porque esas insistencias lo hacen ver como perseguido por una oposición elitista, desesperada pero implacable. Los números de los sondeos de intención de voto le dan al candidato republicano una ventaja ligera aunque jamás disminuida: la suficiente para ser el presidente n° 47 de la Unión.
Las líneas paralelas nunca se juntan
Cuando los medios brasileños explican por qué Trump puede ser candidato, dicen que en EEUU no hay ley de ficha limpa. En Brasil, hace falta tener limpia la ficha, es decir, hace falta no tener antecedentes judiciales, para ser candidato a un cargo político electivo. En EEUU, ni a los presidiarios condenados con sentencia firme que purgan la pena en la cárcel se extirpa su derecho a la candidatura presidencial.
En EEUU, los demócratas sueñan con una democracia a la brasileña. Sin entrar en muchos detalles, por supuesto.
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