El gobierno de Javier Milei cumple seis meses en el poder desplegando una relación libertaria, desenfocada y ambigua con el Poder Judicial. Las vacantes en la Corte Suprema son el centro de las críticas y de la tensión con la Justicia. El mileísmo asegura que “deja hacer” a jueces y fiscales, y acude al mismo tiempo a los tribunales para perseguir a sus principales opositores políticos: los movimientos sociales.
La candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte es el principal punto de conflicto. El Gobierno se encargó de consultar a los cuatro jueces supremos para conocer sus opiniones antes de confirmar las candidaturas y tres de los cortesanos sólo opinaron sobre quiénes no debían ser, confió a elDiarioAR una fuente cortesana. Vetaron dos nombres ligados directamente a Ricardo Lorenzetti, el cuarto juez del máximo tribunal. Lijo era uno de esos dos nombres, afirmó una fuente directa del tribunal.
Sin embargo, el Gobierno avanzó en sentido contrario a la voluntad de Horacio Rosatti —presidente de la Corte—, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Milei se alineó así con Lorenzetti, expresidente del cuerpo, y quien mantiene una fuerte puja interna con sus colegas por el control del tribunal. Lorenzetti supo tejer un vínculo con los hermanos Javier y Karina Milei desde antes de su llegada a la Casa Rosada. En la Corte hablan de reuniones asiduas entre los dos funcionarios y el magistrado.
El eventual ascenso de Lijo a la Corte le permitirá a Lorenzetti —hombre clave en la relación de la Justicia con el peronismo y los gobernadores— recuperar una porción de poder y apuntar a lograr una nueva mayoría que desplace a la actual, liderada por Rosatti. Eso garantizaría a Milei una Corte más afín a su modelo y a las reformas que se vienen, cree el Gobierno. Pero también sería una Corte más cercana a sectores del peronismo y, arriesgan algunos, a Cristina Fernández de Kirchner.
“Lo que yo pretendo de la Corte Suprema es que se apegue fanáticamente a la Constitución, que es una Constitución liberal”, dijo Milei en una entrevista en Radio Rivadavia.
“La ventaja relativa que tiene Lijo con respecto a cualquier otro candidato es que sabe cómo funciona todo el sistema de la Justicia en Argentina y si nosotros queremos hacer una reforma para que la Justicia empiece a ser más ágil y eficiente hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”, sostuvo el Presidente en otra entrevista radial. “¿Quién metió preso a Boudou?”, preguntó retóricamente, en alusión Lijo, quien ordenó la detención del exvicepresidente y lo procesó por cohecho por el caso Ciccone.
“Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte Suprema me venga a salvar”, respondió cuando le preguntaron por las versiones que apuntan a que busca una Corte más afín a su gobierno.
Lijo y el riesgo de “una Corte deslegitimada”, como la de Menem
“Milei esperaba una Corte afín, que confirmara la constitucionalidad del DNU de reforma del Estado y eso no sucedió, pero al mismo tiempo no ha tenido una actitud de batalla como el kirchnerismo contra el tribunal”, opinó uno de los hombres bien entendidos en la relación entre el Gobierno y los supremos. El máximo tribunal ha incluso rechazado amparos y cuestionamientos al DNU en los últimos meses.
“La aprobación del pliego de Lijo sería volver a tener una Corte absolutamente deslegitimada. Casi puede decir a los niveles de aquella Corte de la mayoría automática de los 90”, opinó Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), ante la consulta de elDiarioAR. El juez federal ha cosechado el apoyo de la mayoría de sus colegas en los tribunales de Comodoro Py, entre otros sectores, pero también rechazos y críticas que deberá afrontar ante el Senado.
Dos caras
Alfie definió la relación entre Milei y la Justicia como “novedosa y ambivalente”.
Con un ministro de Justicia desdibujado y corrido de las decisiones sensibles en materia judicial —las candidaturas al máximo tribunal del país o la designación de un representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura—, en los tribunales federales, algunos jueces y fiscales definen su relación con el Gobierno como “lógica” y hasta “saludable”.
“El ministro resuelve cuestiones funcionales a los jueces pero no tuvo injerencia en la decisión de las candidaturas a la Corte”, explicó un hombre con conocimiento del caso. Hay tensión entre Mariano Cúneo Libarona y uno de los hombres fuertes del Gabinete, Santiago Caputo, afirman en los tribunales.
No hay operadores judiciales tratando de digitar el destino de las causas y no hay judicialización de la política, afirman en los pasillos de Comodoro Py 2002, donde se tramitan las causas más políticas. Es decir, no hay una avalancha de denuncias contra el gobierno saliente y el kirchnerismo, como sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016, que terminó con expedientes de alto voltaje político contra Fernández de Kirchner y sus principales aliados, además de su entorno y sus hijos, Máximo y Florencia. La expresidenta terminó con una condena a seis años de prisión no efectiva en diciembre de 2022 por el caso Vialidad y la corrupción en la obra pública.
Sin embargo, existen señales que se repiten: ataques y denuncias contra periodistas judiciales y jueces que se desmarcan de las pretensiones oficiales, además de la estrategia judicial del ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello y que apunta a los principales críticos de la política económica de Milei: los movimientos sociales de izquierda. El Ejecutivo también promovió denuncias contra Alberto Fernández por el caso de los seguros del Banco Nación y el ministro Cúneo Libarona denunció a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel.
Más allá de los casos mediatizados contra las organizaciones sociales, “no existe una política de lucha contra la corrupción articulada desde el Poder Ejecutivo”, aseguró el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) ante la consulta de elDiarioAR. “Es evidente que se repiten los mismos patrones de siempre: ejemplo de ello es el caso de los sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano, es un ejemplo de ello. La Oficina Anticorrupción interviene con el hecho consumado. Es decir, tarde”, agregó la ONG.
Los conflictos de intereses sobrepueblan el Gabinete: desde el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía (léase secretario de Industria), Juan Alberto Pazo, hasta el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, o el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sólo por mencionar algunos casos.
Para los especialistas en crímenes económicos, “está claro que no existe en la materia un análisis político criminal serio que permita abordar la criminalidad económica de manera eficaz”.
“Las acciones encabezadas por el Ejecutivo, como el proyecto antimafias, tienen serios problemas de base. No existe un análisis político criminal que dé respuesta al crecimiento de la criminalidad organizada y de la criminalidad económica en nuestro país”.
El Gobierno tampoco pretende por el momento intentar nombrar a un procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales federales de todo el país. Milei envió señales de status quo a quien ocupa actualmente el cargo de forma interina y elogió a Eduardo Casal: “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo en la entrevista con Radio Rivadavia.
Hay un punto a favor del mileísmo en su relación con la Justicia: “Haber tomado la decisión de retomar la implementación del sistema acusatorio en la Justicia federal”, explicó Alfie. El sistema lleva 10 años de retraso y ni el gobierno kirchnerista ni el macrista ni Alberto Fernández se decidieron a impulsar lo que marcaba la ley: que las investigaciones de la Justicia federal queden en manos de los fiscales y no de los jueces, quienes deberán dedicarse sólo a juzgar y aprobar ciertas medidas de las fiscalías, como detenciones y allanamientos. Hasta el momento, el sistema sólo funciona en Salta y Jujuy.
“Hemos solicitado pedidos de acceso a la información para evaluar las contrataciones en torno a la implementación del sistema acusatorio. Las urgencias generan posibilidades y bajo nivel de transparencia”, afirmó Hugo Wormant Jofre, presidente de la Fundación Poder Ciudadano.
El ministro de Justicia anunció este año que la implementación del sistema acusatorio continuará en Rosario y apuró las medidas pero no sin problemas en la práctica. “Falta experiencia en cómo manejarse desde el Estado”, contó una fuente judicial.
ED/JJD
