El conflicto entre los cesanteados y los trabajadores a los que no se les renovó el contrato y la intendenta Susana Zenteno sigue escalando por el camino de la violencia a medida que pasan los días. Ayer, un grupo de empleados que fueron dados de baja decidieron tomar el viejo edificio municipal de Valle Viejo y, tras una hora y media de la toma, la policía ingresó al lugar y detuvo a una docena de manifestantes.
De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, un grupo de personas tomaron el edificio donde funcionan la mayoría de las dependencias del Municipio, ingresando por la fuerza y logrando reducir a tres efectivos policiales que protegían el lugar, luego de los incidentes que se registraron el viernes pasado, en el Parador Municipal.
Tras reducir a 11 varones y una mujer, la policía trasladó a los detenidos a diferentes comisarías, razón por la cual, hasta el cierre de esta edición, el abogado de ATE, Iván Sarquís, indicó a LA UNIÓN que aún le faltaba visitar a buena parte de los detenidos. Otro grupo de Infantería se quedó protegiendo el frente del Municipio.
De acuerdo a la información oficial, en la toma, los manifestantes ocasionaron destrozos en el mobiliario del edificio, pero el resto de los cesanteados que se manifestaron en frente del Municipio lo negaron y aseguraron que fue la policía la que produjo los destrozos.
Sin embargo, lo que quedó claro es que los manifestantes vandalizaron el edificio escribiendo leyendas como “Zenteno ni un despido más”, “Trabajo digno, paz social”, entre otras.
Sobre los hechos, el secretario de Gobierno del Municipio, Rolando Contreras, indicó había “denuncias particulares de empleados que fueron agredidos cuando querían entrar a su trabajo” y que “ya hay actuaciones de oficio en la Unidad Judicial a partir de las detenciones. Todo está en manos de la Justicia”.
Apoyo de la Provincia
Tras los incidentes, el Gobierno provincial volvió a brindar su apoyo a la intendente Zenteno y, tras una reunión que mantuvo la jefa comunal con el gobernador Jalil, se envió un parte de prensa indicando que el exintendente Jalile sumó 404 empleados en 4 meses.
“Es evidente que hubo un accionar de mala fe y, claramente, contrario a todas las leyes vigentes sobre nombramientos de empleados”, aseguró Estela Plaza, administradora de la AGAP, quien presentó el informe final de las altas de empleados a Jalil en la reunión que mantuvo con Zenteno.
Esos datos se desprenden de la declaración jurada que realiza el Municipio ante AGAP para ser presentada ante la AFIP, sin contar los docentes del Sistema Educativo Municipal y del Concejo Deliberante del departamento.
Hasta el mes de julio, el Municipio contaba con 989 trabajadores. En agosto, se registraron un total de 1.010 trabajadores; en septiembre, 1.073 trabajadores; en octubre, 1.248 trabajadores; en noviembre, 1.334 trabajadores; y en diciembre, 1.360 trabajadores registrados.
En ese contexto, desde la Provincia, se indicó que en enero de 2019, el Municipio contaba con 989 trabajadores, es decir, un empleado municipal cada 27 habitantes de todo el departamento, teniendo en cuenta los datos del último censo poblacional. En tanto, que en diciembre de 2019, contaba con 1.360 trabajadores en total, es decir, un empleado municipal cada 20 habitantes.
Jalil contra Jalile
Por su parte, el gobernador cuestionó el accionar de Gustavo Jalile al señalar que esto ocurre “cuando tenemos dirigentes políticos irresponsables en el manejo de las finanzas públicas”.
A su vez, le pidió “paciencia al sindicalismo” porque “no se puede abusar sobre las finanzas públicas”.
“No hay que olvidarse de la gente que tiene la esperanza de ingresar al Estado, pero lo tiene que hacer de forma responsable, pero lo que no tiene que hacer el Municipio, en este caso, es tener el 110 % de coparticipación en salarios”.
