El 7 de septiembre de 1990, hace exactamente 30 años, comenzó en la provincia de Catamarca un caso que conmocionó a la política local al punto tal que terminó con la renuncia del gobernador de ese entonces, Ramón Saadi, abrumado por las denominadas “marchas del silencio” que surgieron a partir de este hecho: la violación y el asesinato de María Soledad Morales.
En esa fecha se la vio por última vez con vida a la adolescente de 17 años, quien desapareció después de ir a bailar por la elección de la reina del estudiante del colegio al que asistía en la capital catamarqueña. A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda que terminó apenas tres días después.
A las nueve y media de la mañana del lunes 10 de septiembre de ese mismo año, dos obreros de Vialidad Nacional encontraron sobre la ruta 38 el cuerpo semidesnudo de una mujer que había sido violada. Los restos estaban quemados con cigarrillos, sin orejas ni un ojo, con la mandíbula fracturada, con el cráneo apastado y sin cuero cabelludo.
Su padre apenas pudo reconocer el cadáver por una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda. Y por si poco fuera, la autopsia probó que la muerte se debió a un paro cardíaco causado por una sobredosis de cocaína. Actualmente, el lugar donde fue hallado el cuerpo, ubicado a seis kilómetros del centro de San Fernando del Valle de Catamarca, solo puede reconocerse por un monolito despintado.
La religiosa Martha Pelloni, rectora del colegio al que asistía lideró las incansables marchas de protesta que, con el tiempo, se multiplicaron en otras provincias, hasta llevar el caso al ámbito nacional y terminó con la renuncia del entonces gobernador Ramón Saadi.
Por esta razón, el presidente Carlos Menem ordenó la intervención de Catamarca y rápidamente la investigación del homicidio apuntó contra los llamados “Hijos del Poder”, que eran Pablo y Diego Jalil, sobrinos del entonces intendente local, José Jalil; Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, y Luis Tula, novio de la joven asesinada.
De acuerdo con el expediente, la estudiante fue a bailar a la fiesta y cerca de las tres de la mañana se retiró del lugar y, engañada por su pareja, que era 12 años mayor que ella, fue hasta otra discoteca, Clivus, donde se sumaron las drogas a aquella noche de festejos.
Lo que siguió después siempre fue un misterio debido a la complicidad y la impunidad del poder de la época. Se borraron huellas digitales, se retractaron testigos, se confundieron los relatos, se inventaron coartadas. Sí se sabe que María Soledad consumió cocaína (o fue obligada a hacerlo), que fue violada y violentada para luego, ya muerta, ser arrojada a un descampado a la vera de la ruta 38.
Recién el 27 de septiembre de 1998, ocho años después del crimen, Luque fue condenado a 21 años de cárcel por asesinato y violación, mientras que Tula recibió 9 años de pena por ser encontrado partícipe secundario de ese abuso sexual.
El 7 de septiembre de 1990, hace exactamente 30 años, comenzó en la provincia de Catamarca un caso que conmocionó a la política local al punto tal que terminó con la renuncia del gobernador de ese entonces, Ramón Saadi, abrumado por las denominadas “marchas del silencio” que surgieron a partir de este hecho: la violación y el asesinato de María Soledad Morales.
En esa fecha se la vio por última vez con vida a la adolescente de 17 años, quien desapareció después de ir a bailar por la elección de la reina del estudiante del colegio al que asistía en la capital catamarqueña. A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda que terminó apenas tres días después.
A las nueve y media de la mañana del lunes 10 de septiembre de ese mismo año, dos obreros de Vialidad Nacional encontraron sobre la ruta 38 el cuerpo semidesnudo de una mujer que había sido violada. Los restos estaban quemados con cigarrillos, sin orejas ni un ojo, con la mandíbula fracturada, con el cráneo apastado y sin cuero cabelludo.
Su padre apenas pudo reconocer el cadáver por una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda. Y por si poco fuera, la autopsia probó que la muerte se debió a un paro cardíaco causado por una sobredosis de cocaína. Actualmente, el lugar donde fue hallado el cuerpo, ubicado a seis kilómetros del centro de San Fernando del Valle de Catamarca, solo puede reconocerse por un monolito despintado.
La religiosa Martha Pelloni, rectora del colegio al que asistía lideró las incansables marchas de protesta que, con el tiempo, se multiplicaron en otras provincias, hasta llevar el caso al ámbito nacional y terminó con la renuncia del entonces gobernador Ramón Saadi.
Por esta razón, el presidente Carlos Menem ordenó la intervención de Catamarca y rápidamente la investigación del homicidio apuntó contra los llamados “Hijos del Poder”, que eran Pablo y Diego Jalil, sobrinos del entonces intendente local, José Jalil; Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, y Luis Tula, novio de la joven asesinada.
De acuerdo con el expediente, la estudiante fue a bailar a la fiesta y cerca de las tres de la mañana se retiró del lugar y, engañada por su pareja, que era 12 años mayor que ella, fue hasta otra discoteca, Clivus, donde se sumaron las drogas a aquella noche de festejos.
Lo que siguió después siempre fue un misterio debido a la complicidad y la impunidad del poder de la época. Se borraron huellas digitales, se retractaron testigos, se confundieron los relatos, se inventaron coartadas. Sí se sabe que María Soledad consumió cocaína (o fue obligada a hacerlo), que fue violada y violentada para luego, ya muerta, ser arrojada a un descampado a la vera de la ruta 38.
Recién el 27 de septiembre de 1998, ocho años después del crimen, Luque fue condenado a 21 años de cárcel por asesinato y violación, mientras que Tula recibió 9 años de pena por ser encontrado partícipe secundario de ese abuso sexual.
Luque tiene hoy 54 años, vive en pleno centro catamarqueño, tiene un hijo y se mantiene con las rentas de las propiedades que le dejó su familia. En tanto, Tula tiene 59 años, también reside en la zona céntrica de esa provincia, tiene dos hijos con su ex pareja, es abogado penalista tras estudiar en la cárcel y tiene un estudio jurídico ubicado en la calle Rivadavia al 800.
En diálogo con la agencia Télam, Ada Rizzardo, madre de la víctima, recordó a que el homicidio de su hija “cambió la historia” de la política y la justicia en Catamarca, y aseguró que si volviera a ver a los condenados les pediría que vayan a pedir perdón frente a la tumba de la adolescente “porque a ella la lastimaron, a ella fue a la que le hicieron de todo”. Y aclaró que ella no les guarda “rencor”
“Como mamá de María Soledad yo no juzgo a toda la justicia, no puedo ser egoísta o mala, porque hay jueces probos, hay fiscales probos, hay abogados excelentes. Al igual que a la policía de Catamarca no puedo juzgarla para nada, porque acá los que encubrieron el caso fue el grupo que pertenecía al ex jefe de la policía (Miguel Ángel Ferreyra)”, afirmó.
Para conmemorar la fecha en la que fue vista con vida por última vez la joven estudiante catamarqueña, su familia y varios allegados realizarán una serie de actividades en su homenaje que se extenderán a lo largo de toda la semana.
