El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo su dimisión del cargo tras oleada violenta perpetrada por grupos opositores que desconocen los resultados electorales efectuados el pasado 20 de octubre.
“Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho, dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos (…) Tengo la obligación de buscar la paz y duele mucho que entre bolivianos nos enfrentemos, por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia”, indicó el expresidente Evo.
Tras fuertes oleadas violentas contra militantes y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), amedrentamiento a periodistas, quema de residencias y traición de aliados políticos y miembros de la Policía Nacional, el país padece una crisis política.
El vicepresidente Alvaro García Linera comunicó también en la misma conferencia su decisión de renunciar al cargo y dejar el mando de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La renuncia del mandatario boliviano obliga a una reconfiguración del Gobierno, a través de una sucesión establecida en la Constitución.
Luego de la renuncia Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, al consumarse el golpe de Estado en su contra, se reconfigura el Gobierno de la nación, de acuerdo con el artículo 169 de la Constitución.
“En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente(…)”, dice el texto constitucional.
Este escenario no es posible, debido a que el vicepresidente Álvaro García Linera también renunció a su cargo. Ambos líderes políticos aseguraron que la decisión busca garantizar la paz en Bolivia frente a las agresiones de la oposición política.
En ese caso, la presidencia debe ser asumida por la presidenta del Senado, cargo que ostenta Adriana Salvatierra, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del ahora exmandatario.
Hasta el momento, se desconoce su Salvatierra asumirá el cargo. Sin embargo, si no lo hiciera debará asumir el presidente de la Cámara de Diputados y, en este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.
