El hecho abrió una serie de repercusiones en la política. Mujeres del oficialismo y la oposición llamaron a investigar los hechos, mencionaron la falta de perspectiva de género de la Justicia tucumana, y tratados internacionales que protegen los derechos de la denunciante.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (Frente de Todos), expresó en sus redes un amplio posteo en el que subraya que “El abuso sexual contra la infancia es un delito aberrante. Cuando una denuncia penal por este tipo de delito, pesa contra un funcionario público, el sistema político no puede -ni debe- mirar para otro lado. Tampoco hacer de cuenta que la denuncia no existe”.
La diputada nacional y ex gobernadora, Lucía Corpacci, llamó a “no mirar para otro lado y respetar el principio de inocencia, no somos jueces de nadie, que la Justicia actúe”, posteó.
La diputada Adriana Díaz, del Partido Intransigente, hoy en alianza con el oficialismo, fue una de las primeras voces en manifestarse al pedir que se investigue. «Los delitos de abuso sexual contra menores de edad, ya no son de instancia privada, sino que por sus características particulares son considerados de instancia pública, por lo que el Estado está obligado a investigar de oficio. El dolor de las víctimas de abuso sexual no prescribe. La Justicia, en este caso de Tucumán, debe entenderlo y enmarcarse en las leyes vigentes”, aseguró.
El grupo de mujeres de la UCR, Ramonas, se expresó con un “No a la impunidad”. Y agregaron: “Con estupor vemos nuevamente un caso de denuncia de abuso sexual que alcanza al presidente del Concejo Deliberante de la ciudad capital. Consideramos que se debe revisar al interior de la política para tener candidatos y representantes que estén a la altura de los cargos que detentan. Desde nuestro espacio solicitamos que la persona denunciada tome la licencia correspondiente hasta tanto la Justicia se expida”, marcaron.
En tanto, el movimiento de mujeres oficialistas “Mujeres por la igualdad”, consideró que “Daniel Zelaya, a causa de esta sospecha, debe apartarse de la representación institucional que ostenta hasta que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia”.
“En primer lugar, le creemos a la denunciante. Su testimonio denota un gran sufrimiento y un proceso de maduración que le ha permitido vencer obstáculos y mandatos que le impedían denunciar con anterioridad. Por ello, le brindamos nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha por justicia”, expresaron en un comunicado.
El Concejo Deliberante de la Capital notificó ayer que cierra sus puertas hasta el lunes 10 de mayo por dos casos de covid, sin embargo, se supo que ediles de ambos bloques estuvieron reunidos en la mañana de ayer evaluando los pasos que seguirá el cuerpo.
La sobreviviente, Soledad Ledesma, afirmó haber presentado en marzo de este año una notificación en ese Concejo para Zelaya, debido a que era la única dirección conocida del concejal. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, Fernando Navarro, explicó algunos detalles acerca de cómo podría seguir la cuestión en ámbitos del CD capitalino.
Navarro afirmó no haber tomado conocimiento acerca de la existencia de tal notificación: “No hemos conocido ni ha tomado estado parlamentario ninguna denuncia hasta hoy respecto de este caso”, aseguró.
Explicó que por una cuestión de procedimientos, la Justicia tucumana pudo haber notificado a Zelaya a su lugar de trabajo, o bien pudo suceder que se notificara al cuerpo, para lo cual si hubiera sido necesario que tome estado parlamentario: “No conozco el tenor de la notificación”, aseguró. “Sería una situación irregular si esta notificación hubiera ingresado sin poner en conocimiento al cuerpo, pero puede suceder”, dijo.
El edil señaló que para iniciar un proceso de responsabilidad política, lo cual derivaría en un juicio político –previsto en los artículos 155 y 156 de la Carta Orgánica Municipal-, primero debe existir una denuncia de miembros del Concejo o de vecinos del padrón electoral. Las causales previstas son mal desempeño en ejercicio de sus funciones, incapacidad física o psíquica que impidan el normal desempeño de su cargo, y la indignidad, que sería bajo la cual se encuadraría el caso Zelaya.
Navarro dijo tener conocimiento de que estaría por presentarse una denuncia por parte del mismo cuerpo, para lo cual luego de tomar estado parlamentario se constituiría la junta de juicio político.
Iniciada esta instancia, se recaban pruebas, se elabora un dictamen respecto de la procedencia o no del juicio político, que debe ser aprobado por mayoría calificada del cuerpo. Navarro explicó que habiendo tomado conocimiento de la denuncia, la comisión de Juicio Político tiene 20 días hábiles para expedirse. La únicas dos consecuencias pueden ser la absolución del juicio político o la destitución, no existe la figura de suspensión en este caso.
