Durante la mañana del miércoles 30 de octubre, el Vicario de Educación, Pbro. Oscar Tapia, junto con los representantes legales de los colegios Padre Ramón de la Quintana, Juan Pablo II y Nuestra Señora del Valle, Lic. Rubén Marti, Lic. Luis Herrera y Lic. Jorge Leguizamón, respectivamente, brindaron  una conferencia de prensa, en el transcurso de la cual plantearon la situación económica de los colegios privados confesionales, a partir de una resolución ministerial que establece el cobro de la matrícula de manera diferente a la que se estaba aplicando hasta ahora.

El Pbro. Oscar Tapia dijo que recordó “el compromiso de la Iglesia con la educación, que es milenario, desde que hemos nacido como Iglesia, la creación de las universidades, los colegios, esto antes que el Estado. Si uno piensa aquí mismo en Catamarca, el Colegio Quintana tiene más de 250 años, el Colegio del Carmen también, Fasta, que continúa la obra de la Hermanas del Huerto, en el Seminario, son colegios que vienen del siglo XIX, tanto en la ciudad como en el interior de la provincia”.

Afirmó que en la actualidad, “somos 16 somos colegios públicos de gestión privada en toda la provincia, nuestro compromiso es la educación, y lo hacemos en concordancia con el Estado, con una ayuda mutua. Nosotros ofrecemos nuestros edificios, nuestro servicio educativo, y el Estado da un aporte, también esto en respeto a los ciudadanos que eligen un tipo de educación. Eso está contemplado en la ley. Pero nos aporta solamente para la Planta Orgánica Funcional (POF)”.

El sacerdote continuó especificando que “en Catamarca, la parte privada educa casi al 20 % de la población estudiantil, y los colegios confesionales católicos cristianos educamos a más de 15.000 alumnos, porque la gente nos elige. Y nuestro compromiso es brindar una educación de calidad, una formación integral de la persona”.

A su turno, el Lic. Rubén Marti aclaró que los colegios confesionales “no son subvencionados el 100 %, sino que tenemos una planta que es efectivamente subvencionada, pero tenemos un porcentaje del personal que lo sostenemos con la cuota que pagan los padres, más allá del sostenimiento del edificio, infraestructura, equipamiento, personal, en nuestro caso, dinamizadores pedagógicos digitales, asistentes técnicos, seguros, etc.”.

El representante legal de la Quintana dijo que “esa cuota, la cobramos con autorización de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada y Municipal, de manera que estamos siempre dentro del marco legal, aun cuando el índice que se aplica de aumento no es el correcto”.

“Históricamente, los colegios cobramos dos cuotas como matrícula, porque todos los trabajadores cobramos 13 sueldos en el año, teniendo en cuenta el aguinaldo. En este caso, vamos a tener 12 sueldos, con lo cual, hay un sueldo que no lo podemos pagar. Eso implica un desfasaje, porque armamos el presupuesto en el mes de octubre – noviembre y se aplica de febrero a febrero. Entonces, si por algún motivo que desconocemos, casi terminando el presupuesto nos dicen que vamos a tener un ingreso menor al que tenemos considerado, nos obligan a entrar en una crisis, debiendo priorizar los salarios de los docentes y dejar de hacer todo tipo de obras, infraestructura, mantenimiento de edificio y demás”, indicó.

Para Marti, “llama la atención que la Dirección de Educación Privada, que conoce muy bien las escuelas”, emita “esta medida inconsulta, porque nunca nos llamaron, nunca nos consultaron”.

Los representantes de las instituciones educativas consideraron que “la medida es inconsulta a esta altura del año, porque interfiere en el presupuesto que prolijamente presentamos. Es difícil trabajar así”.

A su tiempo, el Lic. Luis Herrera resaltó “la preocupación de la Iglesia de brindar un servicio educativo, y a través del mismo evangelizar, y también con una gran preocupación desde el punto de vista social. Eso explica la existencia del colegio Juan Pablo II, que está enclavado en un área del noroeste de nuestra capital, donde muchos papás de los chicos que asisten a la institución subsisten con planes de trabajo. Aun así, quiero resaltar esa conciencia por parte de los padres, ya que sólo tenemos una morosidad del 5 %”.

También manifestó que en solidaridad con la situación económica actual, “el Juan Pablo II tenía autorizada, en el período 2019, una cuota de $ 750, no obstante, para acompañar la realidad social, política y económica que estamos viviendo, la institución cobró una cuota de $ 500. Esta medida, al no permitirnos cobrar las dos cuotas, para cubrir los dos meses al año en que no hay ingreso en estas instituciones, que son enero y febrero, impacta sensiblemente, porque somos instituciones que no tenemos capacidad de ahorro”.

Herrera apuntó que “el plantel docente que está subvencionado por el Estado no se verá afectado. Acá el problema es que no solamente está la gestión de orden pedagógica sino otras áreas que no están dentro de la POF, de las que tienen que hacerse cargo las instituciones”. Por lo tanto, “vamos a tener que priorizar los recursos que nos puedan quedar o eventualmente pedir ayuda para cubrir a ese personal; y paralizar algunas inquietudes que hacen al proceso enseñanza aprendizaje”.

Sobre este último aspecto señaló que la medida afecta a proyectos como el de “una sala de informática, gracias a la donación de máquinas por parte una institución privada de la provincia”, para lo cual la institución educativa debe hacer “el esfuerzo de adecuar la infraestructura; estamos en ese proceso, y estas cuestiones nos impactan sensiblemente en esto, que hace a la calidad del servicio que brindan este tipo de instituciones”.

El Lic. Jorge Leguizamón apuntó que “muchas veces se habla del colegio privado desde una generalidad, sin tener en cuenta las particularidades de cada uno. Por ejemplo, este año teníamos autorizado por la Dirección de Enseñanza Privada el aumento de la cuota, y muchos hemos querido acompañar este difícil momento, que nos toca vivir a los argentinos, especialmente en lo económico, y acompañar a las familias. Ahora nos encontramos con el problema que nos sacan de presupuesto la posibilidad de cobrar la matrícula, como históricamente se venía haciendo. Eso también incluye el pago al personal que cada colegio tiene contratado, y que no está dentro de la órbita de la subvención”.

Para Leguizamón, “esto nos da la pauta de que hay un desconocimiento de cómo se manejan y cómo trabajan, los colegios confesionales; no somos iguales, cada uno tiene un proyecto educativo diferente. Desde nuestros colegios no solamente se brinda un servicio educativo, pedagógico, también hay un servicio educativo que tiene que ver con lo social, con la contención de los niños, atendiendo diversas problemáticas. Para ello, muchos de nuestros colegios pagan gabinetes psicopedagógicos y en eso influye esta medida”.