Luego de una semana en dónde se evidenció varias irregularidades en el gobierno de
Castillo, se retoma con los testimonios por dos días consecutivos.
Hoy a las 9.00 se reanudan las audiencias del juicio de compras directas en el
Juzgado Penal N° 3 y se espera que declaren 9 personas, entre las que se
encuentran personas damnificadas y empleados estatales. Durante las primeras tres
jornadas, pasaron por el estrado 13 personas, entre las cuales, algunas revelaron
datos interesantes para la causa.
En el primer día, uno de los testimonios más relevantes fue el del ministro de la
Vivienda, Fidel Saénz, quien fue crítico con la justicia y lamentó que tardara 20 años
para que se realice el debate. En su declaración, también, mencionó a Edgardo
Bulacio, quien a su entender debería estar imputado en la causa. Se trata del
imputado por la financiera RT Inversiones.
Otras de las declaraciones relevantes del día miércoles fue la de un empleado de
Desarrollo Social de apellido Andrada, quien tras el cambio de gestión se encontró
con un dantesco cuadro. Según el testigo, cuando llegó no habían dejado nada, “es
como se hubieran pasado las langotas, hasta el teléfono se llevaron” expresó ante el
tribunal.
Durante la segunda jornada, dos profesionales del Tribunal de Cuentas dieron su
testimonio y aclararon que las mismas solo realizaban el análisis necesario para
determinar si era posible iniciar sumarios por los hechos presentados, ya que su
tarea en el organismo se basaba en determinar si existía mérito o no. Además, otro
exempleado de Desarrollo Social fue indagado sobre unas órdenes de materiales
emitidas, de las mismas reconoció su rúbrica, pero aseguró que él no recibió nada de
lo que en el documento se detallaba.
Finalmente, el viernes se le tomó declaraciones a el señor José Alberto Zurita, quién
anteriormente ya lo había hecho en el año 2009 en la investigación. El testigo
manifestó haber pedido a su vecina Alejandra Ibáñez de Maza, trabajadora legislativa
y esposa de uno de los proveedores estatales durante en 2003, una ayuda social
para conseguir medicamentos que necesitaba en aquella época. Lo curioso, es que
años después, a través de una citación del Tribunal de Cuentas de la provincia se
entera que había una factura firmada por él de una suma de dinero importante y un
escrito solicitando materiales de construcción. Según Zurita, “la firma era trucha” y
nunca recibió el material expuesto en la factura.
Otro de los testimonios que dijo haber sido perjudicado el viernes, fue Norberto
Eduardo Herrera, quien narró que solicitaron materiales para la construcción en su
nombre y que nunca vio dichos elementos. “Alguien tramitó con mi documento
perdido y firmó en mi nombre. Nunca hice una remodelación en mi casa, vayan a
corroborar” explicó.
Albarracín, el último testigo en declarar en la jornada, comentó también que nunca
solicitó ninguna ayuda y que sin embargo hay facturas y escritos a su nombre. El
hombre, explicó que durante el 2003 trabajaba en un lavadero de autos perteneciente
a Ariel Acuña, otro de los proveedores estatales de la época que se investiga. Según
Albarracín, su jefe, le solicitó a él y a su compañero de trabajo los documentos de
identidad, sin especificar para qué los necesitaba.
El Esquiú
