La imagen es cuanto menos cruel e inhumana. Un grupo numeroso de policías de infantería en plena puna catamarqueña golpean y arrojan al suelo en reiteradas oportunidades a un abuelo, una persona mayor, perteneciente a los pueblos originarios que reclaman, pacífica y casi en soledad por el derecho humano de tener agua para beber.

El cuadro retratado en videos viralizados en redes sociales, por miembros de las comunidades locales, muestra cabalmente el esquema y pensamiento del gobierno de la provincia, asumido por Raúl Jalil en persona y secundado por sus ministros y legisladores nacionales en relación a los “beneficios de la minería para los habitantes locales o cercanos a los emprendimientos”.

Se trata de avasallamiento absoluto de cualquier derecho, de cualquier garantía constitucional. Raya lo abusivo, lo autoritario. Una decisión tomada por el mismo Jalil e impuesta a golpes de bastones y escudos policiales.

Todo por defender un rio cuyo cause es ya a estas alturas un arroyito y que surte de agua a las viejas casas de quienes aún viven en la puna. Allí, donde la “fiebre del litio” hace que el agua, antes adecuada para el desarrollo de un asentamiento humano, hoy sea escasa producto de los varios emprendimientos que la usufructúan sin control.

El agua vale lo mismo que el oro. Vale oro para las empresas mineras extractivas del litio, que enriquece los bolsillos de empresarios y fondos de inversiones a quienes la sed y la desaparición de las comunidades locales les importa poco.

Vale oro para los habitantes de las comunidades originarias de Peñas Negras en el norte de Belén o en Antofagasta de la Sierra, que la necesitan para vivir, para sembrar, para su ganado.

Hoy la minería de litio en distintos lugares de la puna catamarqueña como en otros, no tiene consenso social ni responsabilidad ambiental.

Desde el pleno de la mesa del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, repudiamos el ataque a pobladores locales por parte de la policía. Responsabilizamos del mismo al propio gobernador Raúl Jalil y a los integrantes de su gobierno e instamos a las partes a adoptar soluciones basadas en el consenso. Si no sirve para el desarrollo local, no es bueno para Catamarca.