El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es opcional. Los vencimientos siderales de una deuda demencial apremian y no dejan margen para pensar en cualquier otro escenario sin que incluya un default, un atraso en los pagos con serias consecuencias o un ajuste interno sin precedentes.
En los primeros tres meses del año, Argentina tiene que pagar 5.542 millones de dólares, de los cuales US$ 3.199 millones corresponden a vencimientos de marzo, el mes que posiblemente marque el rumbo de los próximos dos años (al menos).
El número a pagar en marzo pudo haber sido mayor, pero se logró patear para mayo el último vencimiento con el Club de París, de US$ 1.977 millones.
Del total a pagar en marzo, US$ 2.873 millones (es decir, el 90%) corresponden al FMI. El resto se divide en títulos públicos y letras (US$ 13 M), BID (Banco Interamericano de Desarrollo, US$ 181 M), BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, USD$ 79 M) y otros (US$ 52 M).
Si se suman los vencimientos de enero y febrero, al FMI hay que pagarle casi US$ 4.000 millones en el primer trimestre. Pero el año no termina en marzo, sino que empieza. En los meses restantes, hay 5 cuotas con el FMI por encima de los US$ 2.000 millones.
En total, en todo 2022, al Fondo habría que devolverle US$ 19.142 millones, que explican el 75% del total de vencimientos a afrontar en el año con los distintos organismos internacionales. En 2023, el esquema se repite con montos casi idénticos.
Para graficar la dimensión del monto adeudado, vale tener en cuenta que según el Banco Mundial, el PBI (Producto Bruto Interno) de Argentina es de US$ 450 mil millones. De modo tal que al FMI habría que darle este año el 4 por ciento del PBI. Más del doble de lo destinado a educación y más del 50% de lo destinado a salud pública, por ejemplo.
“Lo cierto es que van a ser dos años por delante con pocas alegrías. Puede no implosionar si finalmente un acuerdo con el FMI extiende los vencimientos (obviamente no es inocuo cómo lo hace y si hay algunos dólares frescos detrás), pero el crecimiento de la economía va a ser exiguo”, apunta un reciente informe de la consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto.
Reservas y sequía
Las estimaciones privadas son heterogéneas en cuanto al cálculo de reservas netas. Para Eco Go, se ubican en US$ 1.600 M; para Analytica, en USD 1.500 M; para la Fundación FADA, en USD 2.400 M. Pero todas coinciden en que más allá del número preciso, son escasas; sobre todo, luego de una semana en la cual el Banco Central volvió a vender muchos dólares y perforó el piso de US$ 39.000 millones de reservas totales.
A grandes rasgos, de esos casi US$ 39 mil millones, US$ 20.000 millones son en el swap con China; US$ 12.000 millones son depósitos en dólares de ahorristas; US$ 3.000 millones son de deuda con el BIS (Banco de Pagos Internacionales) y US$ 705 millones son Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. No queda mucho más.
No se avista en el horizonte una posibilidad de inyección fuerte de divisas que oficie de vacuna; sobre todo, en una época del año en la cual suele ser escaso el ingreso de dólares por la poca liquidación de divisas del agro. Al mismo tiempo, la sequía que sufre la cosecha actual tampoco colabora. Con las producciones de soja y de maíz como principales afectadas, el impacto sería similar al de 2018.
David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), apuntó al respecto: “Por un lado, hay una cosecha récord de trigo, que tendrá exportaciones aproximadas de US$ 4.000 millones (US$ 1.500 millones más que el año pasado), que entrarían en el primer trimestre”.
“Donde sí afecta la sequía es en ingresos de dólares de marzo en adelante, con lo más fuerte en mayo-junio. Las primeras estimaciones hablan de 8 millones de toneladas menos de maíz y 9 millones de toneladas menos de soja. Serían unos US$ 5.000 millones menos que ingresarían al país, en un año donde los dólares escasean. Como aliciente, puede haber un repunte de precios internacionales que amortigüen un poco esta caída”, analizó.
Con y sin acuerdo
Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora, apuntó que junto a su equipo trabajan sobre dos escenarios principales: uno con acuerdo previo a marzo y otro con acuerdo dilatado a septiembre, “que son los dos más probables”.
El primero es el más benévolo. “En ese caso, los préstamos del BID, del Banco Mundial y otros superarían los vencimientos y eso interesa al país, ya sea para acumular reservas o para gastar internamente y que haya más actividad económica”.
El otro escenario es calamitoso. “Sin acuerdo con el FMI, no solo habría problemas con las empresas privadas, sino que también el Banco Mundial no desembolsaría nada, al igual que el BID y la CAF. Sin acuerdo o con acuerdo atrasado, se complicaría mucho la situación”, sostuvo el especialista.
Con todo, “no tiene sentido dilatar el acuerdo”. “Todo lo demás es una discusión fiscal interna: quién paga los platos rotos; si es más impuesto, menos gasto o impuesto inflacionario”, resumió.
En concreto, “estamos esperando que haya acuerdo con el Fondo, que el PBI crezca en el orden del 2% (que podría ser más, pero la sequía afecta), el déficit sería del 3% y esperamos que las brechas cambiarias terminen en el orden del 80%”.
Esto último, significa que “el FMI podría exigir que haya una devaluación para comprar más reservas porque lo que estamos estimando es que no habrá acumulación de reservas durante el año”.
En el caso de entrar en mora con el FMI, “todo será peor”. En ese escenario, “el PBI crecería el 1%, el déficit sería mayor a 3%, habría mayor emisión monetaria, lo cual implicaría una brecha del 100-120 % y una inflación no menor del 60%”, finalizó Rubinstein.
Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), opinó: “En cuanto al nivel de reservas, estará más comprometido este año porque la principal fuente de ingresos de divisas está en la balanza comercial, que va a ser más ajustada por la sequía. También el turismo es una fuente que demandará más divisas porque las importaciones también van a pesar en ese frente”.
El economista apuntó que el escenario de las reservas para este año será complicado también “porque no se ven fuentes de inversiones muy grandes que vayan a entrar este año. Las inversiones extranjeras no vienen siendo fuertes, ni en Argentina ni en América Latina”.
Todo esto, suponiendo que hay acuerdo con el FMI. Sin acuerdo, “con el poco margen que ya tenés, eso haría completamente imposible la ecuación; no hay manera de cumplir esos pagos”.
Siempre con el acuerdo en mente, concluyó: “Puede haber algún ingreso por el lado del FMI, que compensaría los pagos hechos desde septiembre del año pasado para acá, que rondan los US$ 4.500 millones. Pero los otros organismos no van a hacer un aporte muy significativo. Históricamente, lo que prestan suele ser más o menos lo mismo que lo adeudado, que son unos US$ 2.000 millones por año. Esos nuevos ingresos irían a compensar los vencimientos que hay con esos mismos organismos. No van a aportar divisas en el neto”.
Facilidades Extendidas
El Gobierno busca un Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo, que implicaría un programa de 10 años, con cuatro años de gracia y pagos iguales semestrales a lo largo de los seis años siguientes. Para fin de año, el acuerdo parecía cercano; sobre todo, luego de un informe técnico del propio FMI que puso de relieve las irregularidades en torno al otorgamiento del préstamo al Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en los últimos días todo dio marcha atrás, a partir de la caída del Presupuesto 2022, que expuso las debilidades internas del Gobierno. La última mala noticia llegó después del viaje de Santiago Cafiero a Washington, donde no obtuvo las respuestas esperadas.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, contó en una entrevista con AFP cuáles son los requisitos del Fondo que entorpecen la negociación. “Lo que el FMI ha planteado es que debe haber una consolidación fiscal más rápida. Pero hay dos problemas: el primero es que la forma de cómo ellos lo plantean detendría la recuperación económica en el corto plazo. El segundo es que el punto en el cual se enfocaría la más rápida consolidación fiscal sería en una expansión menor de la inversión en infraestructura pública”, explicó Guzmán.
“Para nosotros, eso es crítico porque esa inversión es la que más necesita Argentina, desde el punto de vista productivo. Es ahí donde está la tensión”, contó.
La esperanza del “ultra vires”
Además de la confesión de parte del FMI, un paper comenzó a circular hace diez días con una carta que puede ser ganadora: el concepto de “ultra vires”.
“Introducimos la hipótesis de que el acuerdo stand by (del Fondo con el Gobierno de Macri) violó los propósitos centrales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por lo tanto, constituye un acto ultra vires”, sostienen los autores, Karina Patricio Ferreira Lima (doctorada en Leyes en Durham, docente en la universidad británica de Leeds y especialista en reestructuraciones de deudas soberanas) y Chris Marsh (economista, consultor y exfuncionario del FMI). Por ello, consideran que se pueden “discutir las posibles implicaciones legales sobre su validez”.
En concreto, para los autores, “se violaron esas reglas sustantivas en el stand by de una manera que es demasiado manifiesta para estar abierta a una duda razonable”. En particular, “el programa se caracterizó por supuestos atroces e inconsistencias contables que significaron que los objetivos eran imposibles de alcanzar”.
Esta carta habilitaría a considerar el acuerdo como nulo y obligaría al FMI a barajar y dar de nuevo en la negociación.
JR/WC
