Tras el anuncio del decreto de necesidad y urgencia lanzado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, desde las 9, un grupo de organizaciones sociales, entre las que destacan el Frente de Lucha Piquetero, Unidad Piquetera, el Movimiento de organizaciones de Tierra y Vivienda, protagoniza, en la vereda, una protesta en las puertas del ex Ministerio de Desarrollo Social, donde funciona la flamante cartera de Capital Humano.
La acción, que consistía en mostrarse con ollas vacías, respalda el pedido de los movimientos sociales a una reunión urgente con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con intención de abordar la crítica situación que se vive en los comedores populares. El Obelisco también es sede de asambleas y ollas populares por parte de sectores liderados por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en rechazo al DNU y a las primeras medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno.
Por su parte, desde las 10, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, realizaron una conferencia de prensa en la sede del sindicato (Bartolomé Mitre 744) para anunciar las medidas que adoptará el gremio en los próximos días. A posterior, participaban de la jornada con asambleas y ollas populares en el Obelisco.
En este contexto, Milei compartió en su cuenta de Instagram, como amenaza, una caricatura en la que se lo ve a él invitando a pasar a la cárcel a un manifestante que cacerolea. A su vez, hoy el Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales “se podrían relacionar directamente” con ese delito.
Así lo informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que “será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”.
MM
Con información de agencias.
