Es por un fallo del juez Alejo Ramos Padilla, favorable a quienes intrusaron 160 hectáreas de un predio propiedad de Nación.
Este miércoles, frente a los tribunales platenses, un grupo de vecinos del barrio Los Hornos realizarán el primer acto de convocatoria a una rebelión fiscal en la Provincia.
Es por un fallo del juez Alejo Ramos Padilla, favorable a un grupo de personas que intrusaron 160 hectáreas de un predio propiedad de Nación, cedido en parte al estado bonaerense. A diferencia de otros llamados a la resistencia de pago de impuestos, en su momento de comerciantes o empresarios, por la presión tributaria u obligación al cierre de establecimientos durante la pandemia, esta vez resulta de un casus belli entre gente empobrecida en plena deserción de las instituciones del estado. Entre ellas la Justicia, que de acuerdo con la protesta, mortifica el ánimo de los marchantes al juzgado de Padilla.
Al punto. En esa barriada, la mayor de La Plata, en febrero 2020, unas 40 familias se establecieron ilegalmente en un campo que, hasta 2014, había pertenecido al Club de Planeadores. Entonces, la Nación recuperó el terreno por una deuda impositiva de los antiguos tenedores del inmueble. Al principio de la toma, cuando apenas era un conato de asentamiento, hubo un pedido de desalojo. No se cumplió. La avanzada tuvo un relevamiento logístico previo de sectores políticos. Después sobrevino el entrecruzamiento con gente que comercializa terrenos, y otros delitos concomitantes.
Al poco tiempo de la intrusión, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, terminó desligándose del tema por tratarse de una cuestión federal. Cuarenta gendarmes destinados a la custodia del bien permanecieron como testigos pasivos del derrame poblacional furtivo en el campo. Se afincaron 1.000 familias. Las construcciones ya no son únicamente de madera y nylon. Algunas evolucionaron con algo de mampostería.
Cuando eran apenas un centenar, el ministerio de Desarrollo, a cargo de Andrés Larroque, anunció el proyecto de un plan habitacional. No ocurrió. Ahora, ningún censo resultaría confiable. En el asentamiento de venden lotes por Facebook y ya tiene la conformación, precaria, misérrima, de otros barrios. No es novedad. Apenas a un kilómetro de allí, se constituyó el caserío del Puente de Hierro, en una zona fiscal que perteneció al ferrocarril Roca en su conexión con el Interior bonaerense.
Más gravoso aún, en la avenida 90, todavía de tierra, que cruza lindante con la toma de Los Hornos, se encuentra semillada de casitas en varios trayectos. Las edificaciones están en la calle. No es un eufemismo o designación catastral. Están en medio de la calle. Eso impide que la traza definitiva de la ruta 6, considerada de la Producción, empalme desde la ruta 36 (utilizada por automovilista para ir a la costa atlántica) hasta el Puerto La Plata.
El detalle podría ampliarse con otros de los 260 asentamientos establecidos en la capital provincial. Muchos sobre terrenos fiscales (hasta plazas públicas, ramblas). El estado es el primer desertor de demandas para recuperar bienes. Aparece en una punta y otra en el 45% de pobreza.
Ante esta inexorable perspectiva de agravamiento, los vecinos de Los Hornos que viven apenas metros separados de la toma, la más grande de Argentina, repararon en una medida probable de rebelión, de protesta, la incitación al no pago de impuestos. Se consideran damnificados por la extensión de la usurpación más allá de lo previsto en el supuesto plan habitacional, por la ola de robos, por homicidios comprobados, establecimiento de dealers de la droga, por los cortes de luz provocados con la proliferación de conexiones clandestinas al servicio, y sigue la lista. Palabras de los denunciantes.
Hasta ahora, el llamamiento había sido de empresarios, quienes proponían “la suspensión por 90 días la presentación y pago de los Impuestos más regresivos que tenemos: Impuesto a las Ganancias, IVA e Ingresos Brutos”. “Suspendamos por 90 días el pago de autónomos y monotributo. Sí, todos juntos nos sumamos a 90 días de abstinencia fiscal, el Estado sentirá el poder generador de nuestro aporte”, decían. Fue en 2020 durante la pandemia.
También en Bolivar, en la Provincia, un grupo de productores decidió no pagar la tasa de red vial luego de un aumento no previsto en el presupuesto. “Estamos cansados y preocupados porque no existe una contraprestación del servicio. Es una tasa que no sabemos a dónde va, los caminos son un desastre”, argumentaron.
¿Es novedoso este movimiento?. En absoluto. En algunos tramos de la historia, incluso no fueron tan calmos. Preguntarle a los fermiers, aquellos recaudadores franceses tenaces de percibir impuestos hasta en el consumo de pan. Terminaron guillotinados por las turbas de la Revolución, a fines del siglo XVIII.
En la modernidad esas cuestiones quedaban saldadas de maneras elegantes. En Inglaterra saben de esas formas, pese a su pasado de extravagancia violenta. Margaret Thatcher intentó en su tercer mandato la creación de un impuesto para subsidiar a determinados sectores de la industria. Para ello gravó inmuebles. Mando boletas domiciliarias. El pueblo devolvió las facturas. Se registraron movilizaciones. Al final Thatcher anuló el impuesto. Ah, también renunció.
Con mucha menos capacidad de fuego, la rebelión fiscal de estos vecinos platenses apuntan al Inmobiliario Urbano. La Provincia recaudó en febrero $16.155,8 millones, con una suba interanual de 58,6%. No hay probabilidades inmediatas de afectar el patrimonio del fisco bonaerense. No reviste esta convocatoria nivel masivo. Es un problema delimitado a un puñado de manzanas. Aunque revela un conflicto generalizado en los 135 distritos bonaerenses.
¿Qué consecuencias puede traer esa decisión ¿. La falta de presentación y/o pago de impuestos al fisco nacional o provincial podría configurar un delito tributario de acuerdo al Régimen Penal Tributario establecido por la Ley Nacional 24.769.
Es decir, los vecinos afectados por la toma estarían cometiendo una falta al Código Penal. En este caso, sería delito contra delito. Por una causa de pobres contra pobres. A pesar del fallo de Ramos Padilla, quien en el caso de la toma, considera que no hay punibilidad por la acción de los tomadores de estas tierras. Si habría para los rebelados del impuesto. “Al Capone cometió crímenes aberrantes, pero sólo fue preso cuando se comprobó que era moroso. No pagaba impuestos”, recordaría alguien memorioso.
El juez evaluó que, en el caso de Los Hornos, la usurpación contemplada en el artículo 181 Inciso 1 del C.P no existió. Según la resolución, para que la ocupación constituya delito “la figura exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma, entre ellas, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”.
“La usurpación resultó pacífica”, es la explicación. E introduce un aspecto especialmente curioso: “Al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones”. ¿Legitima, entonces, la toma cercana del Puente de Hierro sobre las vías muertas del ferrocarril (de ociosidad manifiesta) y sus terrenos anexos ¿. Hay otro ramal que conducía al antiguo tendido entre La Plata y la localidad de Hernández que es una larga línea de casas que atraviesa varias barriadas platenses.
Como sea, aparece como una discusión exigua en su alcance. Hay miles y miles de familias en esa precariedad habitacional en el Gran La Plata. Imposibles de desalojar sin provocar una catástrofe social.
En Los Hornos parece que también se agotó ese tiempo.
