La Cámara alta desarrolló su primera sesión ordinaria y en el marco de la pandemia del COVID-19, debió aplicar protocolos especiales de Salud y Seguridad. En ese sentido, el vicegobernador y presidente del cuerpo, Rubén Dusso, siguió la sesión a través de videoconferencia, debido a que por su edad pertenece a los grupos de riesgo.
La sesión fue presidida por el vicepresidente del Cuerpo, Ariel Espinoza.

A pesar de contar con mayoría en ambas cámaras legislativas, el oficialismo no lograría la aprobación de al menos uno de la serie de decretos que el Ejecutivo emitió los días previos al inicio del periodo ordinario de la Legislatura. Incluso en el Senado, que realizó ayer su primera sesión ordinaria del año y donde el Gobierno cuenta con una mayoría abrumadora (14 contra 2), ya se anticipó que la derogación de la ley de regalías mineras no avanzará, a menos que se dicten normativas paralelas que permitan subsanar lo que consideran que son deficiencias del instrumento emitido por el gobernador Raúl Jalil.
Estas reservas no solo son planteadas por los senadores oficialistas que representan a los departamentos mineros, sino que también es compartida por sus pares de bloque de otros distritos. Uno de los principales cuestionamientos realizados al Decreto Acuerdo Nº 672 tiene que ver con la constitucionalidad de la norma, ya que al derogar la ley de regalías mineras también se elimina la participación en el reparto de esos fondos de los departamentos, en donde se encuentran las explotaciones mineras.
En este sentido, no consideran viable lo establecido por el artículo 2 del decreto cuestionado, que señala que se debe incorporar en las leyes de presupuesto “una Partida de Recursos Específica denominada «Regalías Mineras», y las de gastos, con los Proyectos de inversión o desarrollo productivo que se pretenda financiar con ella, en el o los departamentos donde se encuentre situado el yacimiento minero o su zona de influencia”.
Por este motivo, desde el bloque oficialista remarcan que “no podemos ir en contra de la Constitución y no podemos eliminar una ley que le costó mucho a los departamentos del oeste” y remarcan que existe un acuerdo para salvar este u otro punto que pudiera afectar el decreto en cuestión. De esta manera, analizan la elaboración inmediata de un proyecto de ley paralelo al decreto que subsane las deficiencias de ese instrumento.

Rechazo de Córdoba 
Por su parte, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, avaló lo aprobado por los concejales de esa ciudad que, a través de un proyecto de comunicación, exhortaron al Gobieno provincial a dar marcha atrás con la derogación de la Ley de Regalías.
El jefe comunal dijo que en la reunión de Participación Municipal se había consensuado con el gobernador “una suspensión temporaria y no una derogación de las dos leyes”, en relación a las regalías mineras y a la coparticipación municipal.
En esa línea, dijo que con la modificación de las regalías mineras, “los municipios perderían la autonomía. Es un retroceso de conquistas logradas por un pueblo, que entendió en su momento que los beneficios económicos que le daba la provincia a través de la minería debía ser retribuido. Ahora, quedaríamos a expensas del gobernante de turno”.