La vice lo giró a comisiones con mayoría verde. Hablan de un empate parcial con una nueva lista de indecisos. Negocian abstenciones para sancionarla el 29.
Cristina Kirchner definió este mediodía el giro a las comisiones de la ley del aborto y tuvo el primer gesto para apurar su sanción: no incluyó a Legislación General y Asuntos Constitucionales, pese a que hasta el jueves los senadores del Frente de Todos las daban como seguras por la confianza en sus presidentas, la correntina Ana Almirón y la santafesina María de los Ángeles Sacnun.
Ambas son oficialistas, votaron a favor en 2018 pero nadie había tomado en cuenta que en sus comisiones hay una mayoría de votos celestes que podían complicar el dictamen. Lo advirtió Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque Frente de Todos y encargada de juntar los votos entre los suyos, que de inmediato coordinó con Cristina cambiar los giros a las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, las tres con supremacía verde.
La primera será cabecera, por estar manejada por una dupla femenina que milita por la ley: la presidenta es la oficialista Norma Durango y la vice Guadalupe Tagliaferri, del PRO. En Salud está al frente el radical Mario Fiad, radical y celeste; y Justicia tiene a cargo Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina para lo que haga falta.
El poroteo de vocalías garantiza el dictamen que se emitiría el jueves, tras cuatro días de prolongados plenarios de comisiones en los que no se escatimarían invitados para dejar contentos a todos. El primero será el lunes a las 14 horas, con la visita de funcionarios.
El viernes sería el plenario para la ley de los “100 días”, que la oposición votó en Diputados pero la definió como “un compendio de buenas intenciones” y “políticas públicas ya existentes”. Fernández Sagasti se cruzó este viernes a la Casa Rosada a informar el cronograma al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y a la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, además de ajustar estrategias.
El plan es sesionar el 29 de diciembre, aunque antes los verdes de cada fuerza política deben hacer los deberes y asegurar entre todos los 37 votos necesarios para sancionar la ley. Todavía no están, pero resulta alcanzable por la aparición de una nueva lista de indecisos, senadores que en estas semanas se mostraron dispuestos a revisar sus posturas y se convirtieron en decisivos.
El último conteo que manejan arroja un virtual empate en 33 entre intransigentes a favor y en contra, o sea, necesitan de cuatro votos para abrir la sesión e imponerse, aunque entre los positivos cuentan al entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos aunque todavía se auto define indeciso.
Pero si alguno de los grupos pasara al frente en el marcador podría llegar a 37 con abstenciones, como se denomina a los senadores que piden no participar de la votación pero ayudan con el quórum, una decisión que nunca es inocente. Esa sería la misión de los oficialistas que trabajan para que haya ley.
Un empate en 36 es imposible, porque seguirá de licencia el tucumano José Alperovich, por lo que alcanzar esa cifra y lograr que algún senador ayude a empezar y terminar sesión es el objetivo de máxima del Gobierno.
Este jueves el Gobierno hizo sentir la presión: cinco diputados que votaban en contra en la previa se dieron vuelta y otros tres se abstuvieron para evitar riesgos. Entre los primeros estuvo la misionera Flavia Morales, leal al vicegobernador de Misiones Carlos Rovira, al igual que la senadora Magdalena Solari Quintana, por ahora contabilizada entre los celestes.
El principal obstáculo en el Senado es el jefe del Frente de Todos, José Mayans, un militante celeste que reclama demorar el debate para febrero o marzo. Al Gobierno no le convence porque la presión de los grupos Provida comenzó a sentirse en el interior del país. Tanto, que varios senadores evalúan sesionar a modo remoto desde el despacho para evitar manifestaciones en sus hogares.
“El problema es que antes tienen que pasar navidad. Por eso decimos que hasta el 29 de diciembre habrá un camino largo”, repiten los referentes verdes del Senado, oficialistas y opositores. Dieron un primer paso el miércoles, cuando coordinaron con los diputados las modificaciones al dictamen para seducir a los indecisos de la Cámara alta.
El principal fue la “objeción de conciencia institucional”, un reclamo que había contemplado Ginés González García en febrero después de conversar con los ministros de Salud de todas las provincias, Ibarra se encaprichó en no incorporarla al proyecto pero la tuvo que aceptar para que haya alguna chance de sancionarlo.
También fue necesario un retoque en el artículo que habilita a abortar a los menores de entre 13 y 16 años, que según el Código Civil tienen autonomía para decidir sobre las intervenciones médicas a las que se someten. Se aclaró que si existiera un conflicto con sus progenitores deberán asistir con “asistencia letrada”. Por si acaso, se recuerda que los médicos deben radicar una denuncia penal si detectaran un caso de violación.
Con esos retoques apuntan a sumar a la senadora neuquina Lucila Crexell, aliada de Cambiemos, quien ni bien llegó el proyecto a Diputados dijo a los medios de su provincia que estaba cerca de acompañar, pero aún no se define.
Entre otras cosas porque pidió sin éxito bajar el plazo de interrupción voluntaria del embarazo de 14 a 12 semanas, como es en Uruguay. No se lo concedieron, porque la demora que puede surgir en algunas provincias para hallar profesionales dispuestos a realizar la intervención agotaría los plazos fácilmente.
Dos senadores que votaron en contra en 2018 podrían cambiar de parecer e inclinar la balanza a favor: el radical pampeano Juan Carlos Marino y la oficialista rionegrina Silvina García Larraburu. Aquella vez, ambos demoraron sus definiciones hasta el final, cuando la ley se caía de todas maneras y no querían quedar pegados a la derrota.
Marino, como muchos senadores en estos días, hace las cuentas en su provincia, donde tiene que reelegir el año que viene. El peronismo gobernante aportará votos a favor en ambas Cámaras, mientras que se pintaron de celestes los diputados del PRO y la UCR, Martín Maquieyra y Martín Berhongaray, quien dudó hasta último momento.
En Córdoba también circulan encuestas sobre una baja adhesión popular al aborto y después de leerlas el gobernador Juan Schiaretti decidió pedirles a sus cuatro diputados que votaran en contra, con la certeza de que sería aprobada y no habría reproche verde.
Incomodó a los senadores de Cambiemos, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado, que en 2018 votaron a favor pero por estas horas estudian si les conviene actuar igual. Aquella vez pidieron también reducir el plazo del aborto a la semana 12, pero no fueron escuchados. Por ahora, sólo Martínez despierta sospechas.
La otra indecisa es la entrerriana Stela Olalla, del PRO, quien durante la campaña electoral se expresó en contra de la penalización de las mujeres que abortan pero no termina de tomar definiciones, temerosa de la presión popular que los grupos Provida ya hicieron sentir en su barrio.
Es que los celestes no se quedan quietos y empezaron a desplegar sus cartas, con nuevos llamados de los obispos locales a los senadores, que tan efectivos fueron hace dos años. Además, repetirán la estrategia de sugerirle a los legisladores de Cambiemos no regalarle al presidente una ley que festejará hasta el último día de su gestión, aunque en Diputados no funcionó.
“No tuvimos líderes fuertes, pero en el Senado sobran. Mayans para blindar las presiones del Ejecutivo y (la senadora radical Silvia) Elías de Pérez para torcer votos de Cambiemos. Tenemos más expectativas”, confió a LPO uno de los operadores celestes que golpea despachos en el Congreso.
Se esperanzan con algunos datos. Por ejemplo, el radical santacruceño Eduardo Costa, el mayor enemigo de Cristina, votó a favor del aborto pero en febrero se pronunció en contra del pliego de Marisa Graham como defensora del niño, cuando la única objeción era de los grupos provida que le reprochaban haber apoyado esa ley.
Saben que la empresa no es fácil. De hecho, en la última elección propusieron a cada candidato firmar petitorios “a favor de las dos vidas” y este jueves vieron como diputados que habían adherido votaron el aborto o se abstuvieron para que se apruebe, después del desfile de ministros por los palcos. Tratarán de evitarlo en el Senado. La pelea es día a día.
