El nuevo Gobierno basó su estrategia económica en evadir una supuesta hiperinflación inminente. Según Milei, este riesgo estaba asociado al desequilibrio fiscal recibido (4,4% del PIB) y hacía necesaria una terapia de shock para encarrilar nuevamente la economía. Evadir el fogonazo de los precios que las propias autoridades anunciaban como irremediable les permitió justificar medidas drásticas de ajuste que muchos de nosotros –por el momento, equivocados– creíamos que serían difíciles de aceptar por la sociedad.
Para evaluar el programa en curso, debemos cuestionar la retórica del Gobierno y preguntarnos ¿estaba la economía argentina destinada a sufrir una hiperinflación? ¿cuándo ocurren estos eventos? ¿sigue habiendo riesgos de una aceleración descontrolada de los precios? ¿fueron las medidas del Gobierno las mejores decisiones para el contexto en que asumieron la gestión? Para responder a estas preguntas, analizamos las hiperinflaciones ocurridas en los últimos 50 años, sus causas y efectos.
Una hiperinflación es un fenómeno en que los precios suben exponencialmente, haciendo que el dinero pierda todas sus funciones y la moneda virtualmente desaparezca. Estos eventos ocurren cuando la sociedad no quiere mantener pesos y todos sus habitantes procuran deshacerse de ellos lo más rápido posible (ya sea comprando bienes o dólares). En general, es una convención entre economistas delimitar las hiperinflaciones como aumentos superiores al 50% mensual. Las hiperinflaciones a lo largo de la historia estuvieron fuertemente vinculadas a derrumbes del poder del Estado por conflictos bélicos, bruscos cambios políticos e institucionales o crisis de deuda soberana.
Desde 1970 se han registrado 44 episodios de hiperinflación en todo el mundo. En este artículo descartaremos los que ocurrieron en los países nacientes de la ex–Unión Soviética con la caída del muro de Berlín y analizaremos los 14 casos restantes, sucedidos en su totalidad en África y Latinoamérica. Las hiperinflaciones son procesos extremadamente dolorosos, que vale la pena evitar: aunque suelen durar alrededor de un año (11 meses en mediana, 15 en promedio), generan caídas del PIB promedio de 10%. La experiencia más grave ocurrió en Venezuela entre 2017 y 2020, donde el producto se redujo un total de 66%.
Existe abundante literatura que apunta a los déficits fiscales elevados como una de las principales causa de las hiperinflaciones, con el banco central actuando como cómplice monetario. A su vez, estos elevados déficits generalmente se dan de forma contemporánea a escasez de reservas internacionales e incremento de la demanda de moneda extranjera. En nuestra base de datos, efectivamente, todos los casos estudiados partían de rojos fiscales que desalentaban la tenencia de moneda local. A priori, Argentina parece tildar ambos casilleros. Sin embargo, déficit fiscal y escasez de divisas son eventos que ocurren mucho más frecuentemente que las hiperinflaciones. De hecho, una diferencia fundamental entre el caso de Argentina-2023 y los eventos hiperinflacionarios está en la magnitud del déficit. El desbalance en las 14 hiperinflaciones halladas era, en promedio, de 14% del PIB (16% en mediana), 10 puntos del producto por encima del déficit argentino en 2023. Esto nos revela la notoria diferencia entre las condiciones heredadas por el actual Gobierno y las asociadas a hiperinflaciones.
De lo anterior podríamos concluir, o al menos cuestionar, que la hiper no era algo que estuviera a la vuelta de la esquina en el caso argentino, sino que ocurre en contextos mucho más extremos. A la vez, las propias declaraciones oficiales alimentaron el aumento de precios, fogoneando una inflación que les resultaba útil por motivos financieros (la reducción del valor real de las deudas del Banco Central) y políticos (fortalecer la propuesta de ‘hacer lo necesario’ para evadir la hiper). Vale aclarar que mantener la trayectoria económica previa, aumentando el gasto público y bajando impuestos a los ricos, no era sostenible ni deseable. No obstante, el camino elegido no era el único posible.
El ajuste está en marcha y deja en el pasado los riesgos hiperinflacionarios (a juzgar de los autores de este artículo, exagerados) y el potencial derrumbe económico asociado. Sin embargo, una consolidación fiscal tan agresiva también impacta sobre la economía. Un ajuste primario de 5,2% del PIB (el recorte anunciado) sería el mayor en Argentina desde 1977 y tiene pocos precedentes a escala global. En los últimos 40 años, entre todos los casos de países que reducen su déficit, sólo el 12% de los ajustes tiene esta magnitud o más (la mediana es de 1,4 punto del PIB), incluyendo las importantes mejorías fiscales a la salida de la pandemia.
El recorte fiscal no sólo sería atípico, sino también nocivo. Estimaciones recientes muestran que la austeridad fiscal presenta un efecto contractivo sobre el PIB, siendo este efecto más pronunciado en economías que se encontraban ya deprimidas: un ajuste fiscal equivalente a 1% del PIB resulta en una caída anual (en el promedio de los siguientes cinco años) de 0,73% cuando se aplica en contextos de crisis. Considerando este cálculo, el ajuste primario en curso implicaría un sacrificio adicional del 3,8% del PIB, con el agravante de que la devaluación del tipo de cambio oficial por sí sola tiene impactos recesivos en el corto plazo. Valores de este orden dejarían al ingreso por habitante en torno a 15% por debajo del de 2011. Además, el recorte en áreas como educación e infraestructura pública puede dificultar la recuperación económica y el crecimiento en el mediano plazo.
Por último, el equilibrio fiscal es un prerrequisito para una estabilización exitosa, pero no es la estabilización en sí misma. El programa actual se asemeja a experiencias como la de Brasil o México en 1983 en donde el recorte del Estado sin una coordinación de la desinflación no logró terminar con la inflación crónica. No habiendo mal que por bien no venga, reducir el déficit disminuye fuertemente –si esta reducción se sostiene– la posibilidad de una hiperinflación. Sin embargo, luchar contra molinos de viento justificó un ajuste tan agresivo que promete un deterioro significativo de la economía en los próximos meses. En este sentido, es necesario cuestionar la agresividad de la estrategia del Gobierno, buscando alternativas que minimicen el impacto social y aseguren la sostenibilidad del saneamiento macroeconómico.
Joaquín Waldman es economista e investigador UBA, IELAT-UAH, CONICET. Lucas Ordoñez es becario IIEP-BAIRES, UBA. Gabriel Palazzo es doctor en economía e investigador Institute of Development Studies, University of Sussex.
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