La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.
El episodio fue difundido hoy por el diario Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, en base al hackeo de una línea de celular de uno de los implicados. Los medios accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.
Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
El juez Ercolini estuvo a cargo de la instrucción de la causa conocida como “Vialidad”, por la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de defraudación al Estados y asociación ilícita en la adjudicación de obra pública a Santa Cruz durante sus dos gobiernos. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer su veredicto sobre el juicio.
El viaje de los jueces fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre, dos semanas después de producido. Los jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”, según la denuncia. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del empresario británico Joe Lewis. A la par, hay una causa contra los jueces por “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”, abierta por un abogado de Río Negro, en la Fiscalía Federal de Bariloche.
El viaje se concretó el jueves 13 de octubre, y cuatro días después, tras la filtración del encuentro en Bariloche, de acuerdo con la filtración, los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos medios.
Según las filtraciones conocidas hoy, los involucrados intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de “dádivas” (recibir regalos o prebendas que son entregadas “en consideración de su oficio” y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
Ante una consulta de la agencia oficial Télam en el mismo sentido, desde el equipo de colaboradores de D’Alessandro contestaron que la difusión de los audios de la aplicación Telegram “es un tema muy preocupante” que atribuyeron a un “montaje” o a una “acción de servicios de inteligencia que penetraron el teléfono sin ninguna legalidad”, lo cual configura un “hecho delictivo”, remarcaron.
Según los colaboradores de D’Alessandro, el ministro porteño había denunciado hacía tiempo el robo de su línea de celular -producido el 19 de octubre- a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy. El chat de Telegram hackeado estaba en ese celular.
“En la fiscalía de Cibercrimen se determinó que la línea había sido usada con mensajes en el exterior”, añadieron, y sobre los mensajes de audio filtrados este domingo dijeron que en la reproducción del contenido los nombres que D’Alessandro tenía agendados en su teléfono están escritos de otra forma, como si hubiera existido “una edición”. “Hay grupos que operan así”, señalaron para advertir que el ministro pedirá una investigación “a fondo”.
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.
En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien algunos de los involucrados en la conversación consideran sospechoso de la filtración del viaje; también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del Frente de Todos, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.
Contactados por elDiarioAR, dos de los mencionados en las publicaciones se excusaron de hacer comentarios por el momento. Otros tres aún no habían respondido la consulta. El diario Perfil publicó un descargo que le hicieron llegar colaboradores del jefe de los fiscales de la Ciudad y del ministro D’Alessandro, de acuerdo con la versión, propietario de la línea de celular hackeada que contenía el grupo de Telegram. Ante la consulta de elDiarioAR, en la cartera de Seguridad porteña dijeron que no habrá respuesta por el momento.
Con información de Télam
