Moreno, integra el TSJ desde diciembre de 2014 y lo preside desde febrero de 2017.
Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de hasta cinco millones de dólares a quien suministre información que permita arrestar y juzgar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, a quien acusa de «crimen organizado» y «significativa corrupción».
Mientras tanto, el diplomático Carlos Trujillo reivindicó ante el Congreso la posibilidad de una intervención militar para desalojar al gobierno de Nicolás Maduro con base en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
«Hoy estoy anunciando una recompensa a través del Programa de Crimen Organizado Transnacional de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o enjuiciamiento del ciudadano venezolano Maikel Moreno, por su participación en el crimen organizado transnacional», afirmó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado divulgado esta tarde, según la agencia de noticias Sputnik.
Pompeo agregó en su cuenta en Twitter que Moreno, «un amigo de Maduro, usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela».
«Al designarlo públicamente hoy enviamos un mensaje claro: Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción», agregó el secretario de Estado.
Moreno, abogado de 54 años, integra el TSJ desde diciembre de 2014 y lo preside desde febrero de 2017.
Antes fue funcionario de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), y entre 1987 y 1990 estuvo preso en dos ocasiones, acusado de sendos homicidios, luego de lo cual dejó ese organismo y fue designado secretario de un juzgado en Caracas.
El presidente del TSJ fue mencionado junto al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y otros dos altos jefes militares, como supuestos eslabones principales del frustrado golpe cívico militar que se proponía derrocar a Maduro el 30 de abril del año pasado.
Tanto bajo la dirección de Moreno como con su antecesora, Gladys Gutiérrez -directora del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde hace un mes-, el TSJ declaró la nulidad de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional (AN, el parlamento de mayoría opositora) y quitó la inmunidad a decenas de legisladores, la mayoría de los cuales marchó al exilio o pasó a la clandestinidad.
Asimismo, en los últimos meses el TSJ desconoció las autoridades elegidas en enero pasado por la AN y encabezadas por Juan Guaidó, designó unilateralmente la nueva conducción del CNE e intervino tres de los cuatro mayores partidos opositores.
A fines de marzo pasado, Washington ofreció recompensas más altas para quienes contribuyeran al arresto de otros funcionarios venezolanos: 15 millones por Maduro y 10 millones por el número dos del chavismo, capitán Diosdado Cabello; el ministro de Energía y Petróleo, Tareck el Aissami, y los generales retirados Clíver Alcalá y Hugo Carvajal.
Alcalá se entregó al día siguiente a autoridades de Colombia y fue enviado a Estados Unidos, y Carvajal está prófugo desde fines del año pasado, tras haber sido detenido en España, donde se tramitaba su extradición a Estados Unidos.
Por otra parte, el representante de Washington ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, destacó ante el Senado, en su audiencia de nominación para el cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, su compromiso con «la gobernanza democrática» en países como «Venezuela, Nicaragua y Cuba».
Trujillo aseguró que va a «apoyar la voluntad del pueblo venezolano buscando una transición pacífica hacia la libertad a través de las elecciones», pero reivindicó la invocación al TIAR por parte de la OEA y el Grupo de Lima, informó la radiotelevisora estatal estadounidense La Voz de las Américas en su sitio web.
El TIAR, suscripto en 1947, es un pacto de defensa mutua que considera que «un ataque armado por cualquier Estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países americanos» y obliga a los firmantes a «ayudar a hacer frente» a dicha agresión.
Lo suscribieron solo 23 de los 35 países miembros de la OEA, y cinco de aquellos renunciaron luego (México, en 2002, y Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, en 2012).
