El Gobernador de la Provincia salió a poner paños fríos al conflicto con los trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, las administraciones de Rentas y Catastro, y el Registro de la Propiedad, en medio de los reclamos por la unificación de las áreas y la reestructuración del Estado tras la aprobación de la nueva ley de Ministerios. Raúl Jalil
aseguró que se cuidarán los puestos de trabajo y que así “se elevará la calidad de la gestión”. En sintonía, el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, reafirmó esos dichos y garantizó que el IPV no perderá su autarquía. Además, el titular del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, transmitió el mismo mensaje a los interventores del sindicato de los viales.
“Nuestro compromiso fue unificar organismos como Vialidad, IPV, Rentas y Catastro para ser más eficientes en políticas públicas esenciales para Catamarca: las rutas, viviendas, recursos y el orden territorial. Así cuidamos fuentes laborales y elevamos la calidad de la gestión”, expresó Jalil en un breve comunicado en las redes sociales, desde donde defendió la reestructuración del Poder Ejecutivo en medio de los cuestionamientos de todos esos organismos. Se espera que en los próximos días el Gobernador envíe a la Legislatura el proyecto de ley para realizar estas reformas.
Las expresiones de Jalil surgieron luego de que el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, mantuviera una reunión con los representantes de los distintos organismos, que hasta el miércoles se manifestaron frente a Casa de Gobierno.
El principal temor de los empleados de Rentas, Catastro y el Registro de la Propiedad es por la pérdida del adicional fondo estímulo, ante la posible creación de la Agencia Recaudadora de Catamarca (ARCA).
IPV
En línea con lo planteado por Jalil, el ministro de Vivienda y Urbanización, Sáenz, aseguró que con la unificación de áreas como Rentas, Vialidad, IPV y Catastro, entre otros, implican el cumplimiento de un compromiso que asumieron en la campaña electoral. “Lo hacemos para hacer más eficiente la gestión de políticas públicas”, reafirmó. Al respecto, se refirió específicamente al caso del IPV, y aseguró que “mantendrá su carácter autárquico como un ente centralizado del Ministerio”.
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Raul Jalil, Ruben Dusso, Fidel Saenz
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“Tanto el IPV como el Ministerio van a gestionar la política de viviendas de la provincia a través de una Dirección General de Viviendas. Nosotros no venimos a quitar ningún derecho adquirido ni a dar de baja ninguna fuente laboral, pero sí buscamos seguir teniendo mayor eficiencia en la administración de la política habitacional de la
gestión de gobierno”, remarcó.
En este sentido, volvió a llevar tranquilidad a los trabajadores con respecto a su fuente laboral, sus ingresos y la carrera administrativa, los cuales aseguró que no se verán afectados. Sin embargo, esto no conformó a las autoridades del sindicato de trabajadores del IPV, ya que en declaraciones a la prensa el secretario Pablo Machado insistió en que quisieran ser consultados sobre cómo funcionará el nuevo esquema.
“El ministro ratifica su posición y nosotros ratificamos la nuestra. Necesitamos instrumentos legales que nos garanticen esa tranquilidad. Nuestra preocupación es porque desconocemos qué proyecto de reglamentación tiene en sus manos el Ministerio de Vivienda y Urbanización. Con ese texto legal podremos saber qué va a pasar con
nuestra fuente laboral, si habrá continuidad o no de la autarquía del instituto. Nunca conocimos ni un borrador de esto, ni tuvimos la oportunidad de emitir opinión. No pretendemos que esperen nuestra aprobación, pero sí que nos informen, porque sino la tranquilidad de Sáenz es solo discursiva”, señaló Machado.
Vialidad
El Gobernador de la Provincia salió a poner paños fríos al conflicto con los trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, las administraciones de Rentas y Catastro, y el Registro de la Propiedad, en medio de los reclamos por la unificación de las áreas y la reestructuración del Estado tras la aprobación de la nueva ley de Ministerios. Raúl Jalil
aseguró que se cuidarán los puestos de trabajo y que así “se elevará la calidad de la gestión”. En sintonía, el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, reafirmó esos dichos y garantizó que el IPV no perderá su autarquía. Además, el titular del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, transmitió el mismo mensaje a los interventores del sindicato de los viales.
El ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, se reunió con el normalizador del Sindicato de los Trabajadores Viales, Pablo Vega, y el administrador de Vialidad Provincial, Roque Herrera, con la intención de transmitir el mismo mensaje. “Las modificaciones que se realizarán en el organigrama no afectarán el convenio
colectivo ni los derechos de los trabajadores del organismo”, explicaron desde el Ministerio. En ese marco, Niéderle explicó que en los próximos días la Administración de Vialidad Provincial se convertirá en una Secretaría dependiente del Ministerio que conduce, pero que ese cambio “no ocasionará perjuicios a los trabajadores”.
“El ministro me dio la tranquilidad para explicarles a todos los empleados de Vialidad que el convenio colectivo de trabajo se va a respetar, así como todas las conquistas sociales”, sostuvo Vega tras el encuentro, y señaló que se abordaron otras temáticas relacionadas con los trabajadores viales. “Hemos hablado también de la posibilidad de
jerarquizar al personal de Vialidad Provincial y equiparla aún más. Muchas de las obras que quiere encarar el Gobierno de la Provincia las quiere hacer con Vialidad, como la obra de Pomán-Concepción y la ruta 48 que une Aconquija con Andalgalá”, indicó.
Por último, comentó que también se acordó en trabajar con algunos incentivos que van a impactar directamente en el salario de los trabajadores y, por ese motivo, insistió en señalar que “se trató de una reunión que fue altamente positiva”. Esta práctica ya la había implementado Niéderle durante su paso por la Secretaría de Obras Públicas de
la Municipalidad de la Capital.
Expectativa en OSEP
Lo mismo que ocurre con Vialidad, el IPV, Rentas y Catastro ocurrirá con la Obra Social de los Empleados Públicos, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud que conduce Claudia Palladino. Al respecto hay cierta expectativa, especialmente tras las críticas del director de la OSEP, Julio Cabur, que días pasados ya advirtió que no está de acuerdo y que las consecuencias podrían ser muy malas.
En este sentido, Cabur expresó su temor de que la OSEP pierda autarquía. “El 99% de las obras sociales provinciales del país son autárquicas y tenemos el ejemplo más claro de APOS (Administración Provincial de Obra Social) de La Rioja, que depende del ministerio y sabemos que no funciona. El problema es que no se pueden manejar dos presupuestos tan grandes. El ministerio tiene gastos muy grandes en edificios, recurso humano y las
personas que no tienen cobertura social, mientras que la Obra Social gasta menos que el Ministerio y cumple muchas funciones que van más allá del Plan Médico Obligatorio. Entonces, el Ministerio manejaría recursos que no le corresponden”, opinó, y sostuvo que “las consecuencias podrían ser nefastas”.
