La ley de Emergencia recientemente aprobada por el Congreso es el instrumento en el que se apoyará el presidente Alberto Fernández para tratar de sacar a la economía de la recesión y al mismo tiempo bajar la inflación.
Fernández reconoció que se trata de un ajuste, pero lo justificó en la necesidad de “poner las cuentas en orden”.
El objetivo es avanzar rápidamente en la consolidación de las cuentas públicas y dejar atrás una década de déficit fiscal, especialmente en el resultado primario. Eso significa que durante mucho tiempo la Argentina tuvo más gastos corrientes que ingresos, aún antes del pago que generan los intereses de la deuda.
La economía argentina tendrá nuevamente superávit gemelos en 2020. Es decir, un resultado positivo aunque sea muy chico en la cuenta fiscal y también un saldo comercial favorable. Esto último ya la Argentina lo consigue holgadamente, porque este año superará los USD 15.000 millones. Esto fue posible por un aumento de las exportaciones, pero al mismo tiempo la retracción de importaciones ante la fuerte caída de la demanda interna.
Los superávit gemelos fueron el signo distintivo de la gestión de Néstor Kirchner en 2003. Eso le permitió al Banco Central acumular reservas y al mismo tiempo no depender del financiamiento, ya que las cuentas cerraban holgadamente.
El resultado favorable tanto de la balanza comercial como de las cuentas públicas para sostener el repunte a tasas chinas que tuvo la economía aquellos años, logrando salir de la dura crisis que estalló a fines de 2001.
El nuevo programa estableció una serie de nuevos impuestos o fuerte aumento de alícuotas de otros ya existentes (retenciones, Bienes Personales, “dólar solidario”, entre otros) para aumentar la recaudación y al mismo tiempo un recorte del gasto al suspender el ajuste de la movilidad jubilatoria. Entre ambos efectos se estima que el superávit fiscal primario de 2020 estará entre 0% y 1% del PBI.
El congelamiento de tarifas fue otro aspecto bien distintivo del gobierno de Néstor Kirchner. Los subsidios a las compañías energéticas y de transporte terminaron representando más del 5% del PBI. Una cifra insostenible tanto por el peso sobre las arcas públicas como por el impacto de la escasez de inversión en el sector energético.
