El destino donde Lázaro Báez cumple con la prisión domiciliaria desde ayer a la noche, se mantiene, todavía, bajo suma reserva. Fuentes judiciales aseguraron, ante la consulta de este medio, que el domicilio no será revelado por cuestiones de seguridad. Báez pasó ayer la primera noche fuera de la cárcel por primera vez en cuatro años y cinco meses.
En un operativo secreto, el empresario santacruceño fue trasaldado ayer desde el Penal de Ezeiza hasta un barrio cerrado de la Provincia de Buenos Aires, según pudo reconstruir LA NACION. Allí cumplirá su detención con tobillera electrónica, según lo decidido por el Tribunal Oral Federal Nº 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini.
Aunque anoche los vecinos de Ayres del Pilar se volvieron a manifestar en el acceso al barrio privado, y lo mismo hicieron los vecinos del barrio porteño de Belgrano, ninguno de esos destinos fueron escogidos por la Justicia y por los defensores de Báez.
Después de que los vecinos de Ayres de Pilar impidieran el acceso de Báez al barrio el lunes por la noche, en un episodio que frustró la orden judicial para que el empresario cumpliera allí el arresto domiciliario, la sociedad que administra el country había pedido a la Justicia que evaluara fijar un «domicilio alternativo» para Báez, «a fin de preservar la seguridad de los habitantes» del country.
Operativo y distracción
En medio de las versiones que circulaban ayer a la noche sobre el posible traslado de Báez a la calle O’higgins al 1700, en Belgrano, donde él y sus hijos tienen un departamento que no está embargado por la Justicia, se montó un operativo con móviles y personal policial para evitar disturbios.
La Policía de la Ciudad estuvo en el lugar hasta pasada la medianoche, pero Báez no llegó a esa ubicación. «Nos mandan acá por si viene Báez», dijo una fuente policial a LA NACION. Mientras ocurría ese operativo y los vecinos de Belgrano agitaban cacerolas en la zona alrededor de O’Higgins, Báez ya había llegado al destino que se mantiene bajo reserva.
El rechazo de los vecinos
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Desde el TOF 4, sin embargo, no reconocieron el operativo, que de todas formas ocurrió con fuerzas policiales de la Ciudad y no federales. «Si ese operativo existió no fue ordenado por el Tribunal», dijo uno de los jueces a LA NACION.
En el mismo sentido se expresaron desde la administración porteña: indicaron que no hubo orden expresa de dirigir móviles a esa zona y señalaron que, probablemente, se trató de una decisión tomada a modo preventivo desde la fuerza, ante la reunión de los vecinos.
Las idas y vueltas de la Justicia para que Báez dejara la cárcel
El dueño de Grupo Austral pidió ser excarcelado en numerosas oportunidades durante los últimos cuatro años. Esa posibilidad recién comenzó a tomar consistencia a mediados de julio, por un fallo de la Cámara de Casación. Sin embargo, el tribunal le impuso una fianza de 632,5 millones de pesos para permitirle salir del penal de Ezeiza.
El empresario sostuvo, a través de sus abogados, que «le era imposible» pagar ese monto, y la Justicia se debatió -mediante una serie de fallos que firmaron a lo largo de un mes tanto el TOF N°4 como la Sala IV de la Cámara de Casación- si correspondía bajar la cifra de la caución para que sea excarcelado o concederle el arresto domiciliario, sin fianza. En el medio, la cifra fue reducida a la mitad, en $386,5 millones. La defensa de Báez volvió a pedir que se le concediera la prisión domiciliaria porque, dijeron, no podían pagar la caución.
Báez estuvo detenido desde abril de 2016, cuando ordenó su prisión preventiva el juez federal Sebastián Casanello, que investigó el caso conocido como «la ruta del dinero K», una causa en la que el dueño de Austral Construcciones es el principal acusado de un presunto lavado de casi 60 millones de dólares. El juicio de esa causa, que comenzó en 2018, ahora se acerca a su tramo final. Las querellas y la fiscalía ya pidieron penas para los acusados y los jueces del TOF 4 deberán dictar sentencia cuando finalice la etapa de alegatos de las defensas.
