El proyecto de ley del Poder Ejecutivo para expropiar la empresa Vicentin ingresará por el Senado, donde el oficialismo prevé responsabilizar a la gestión de Juntos por el Cambio por la crisis de la firma, mientras la oposición cuestionará la motivación de la medida, al señalar que la deuda «podía saldarse con los activos».
Fuentes del Poder Ejecutivo y del Senado confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que la iniciativa anunciada por el presidente Alberto Fernández ingresará por la Cámara Alta, aunque todavía no tiene fecha y que el tema está siendo trabajado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas.
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La elección del Senado como cámara iniciadora del debate se debe, por un lado, a que una de las personas que trabajó en la redacción del proyecto fue la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos, y también por la holgada mayoría que ostenta allí el oficialismo.
Fernández Sagasti, que participó junto al Presidente del anuncio de la intervención de la empresa exportadora de granos, adelantó ayer que si bien el Gobierno está teniendo «una oposición bastante racional», el proyecto para expropiar a la firma «parecería que no» contará con el apoyo de Juntos por el Cambio.
En efecto, la principal bancada opositora ya adelantó su visión sobre el proyecto de expropiación, al que calificó como «ilegal», y frente a ello el oficialismo se prepara para dar un debate en el que responsabilizará a la gestión de Mauricio Macri por el préstamo que otorgó el Banco Nación a Vicentin, uno de los ejes de la crisis que motivó la medida del Gobierno.
La senadora mendocina, cuadro de La Cámpora y mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner, señaló en este sentido que los dirigentes de Juntos por el Cambio deberán hablar sobre los 18.600 millones de pesos que le «dio del Banco Nación a Vincentin sin ninguna garantía».
Por su parte, la senadora de Juntos por el Cambio y vicepresidenta segunda del Senado, Laura Rodríguez Machado, señaló en declaraciones a Noticias Argentinas que «la empresa en todo momento dijo que tiene activos suficientes para pagar los préstamos que pidió» y, por ello, añadió que el Banco Nación «debería cobrarse con los activos para satisfacer su deuda».
«Va a ser más oneroso para el Estado hacerse cargo de la empresa y la deuda, que con los activos que tenía la propia empresa para saldar la deuda», evaluó la senadora cordobesa al tiempo que consideró que la decisión del Gobierno nacional está «basada en conceptos ideológicos de cómo funciona el Estado».
«Es una mala señal»
Además, Rodríguez Machado sostuvo que la expropiación de la compañía Vicentin «es una mala señal para el sector productivo y para la negociación de la deuda».
La senadora agregó que la decisión del Ejecutivo de intervenir la empresa pasa por encima del proceso judicial del concurso de crisis, porque debería ser la Justicia la que designe a un interventor.
«Lo más grave es eso, que no respetan al Poder Judicial y además que el Estado Nacional se hace cargo del 100 por ciento de la deuda», concluyó la senadora.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, José Ruiz Aragón, también adelantó que el proyecto que declara «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a Vicentin ingresará por el Senado y pronosticó una fuerte discusión por el tema.
«El primer debate va a ser ahí. A nosotros nos va a venir un debate más pulido, lo que no significa que no vaya a ser áspera la discusión», indicó el diputado nacional del oficialismo.
Apoyo a la empresa
Cientos de vecinos de Reconquista y Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, se mostraron en contra de la decisión del Gobierno nacional de intervenir y expropiar la empresa Vicentin. A las 18 se organizó una movilización en rechazo a la medida, que tiene la adhesión de las autoridades municipales, bajo la consigna: “Cuidemos lo nuestro”.
“No estamos de acuerdo en expropiar la propiedad privada. El país se ha desarrollado en base a empresas como Vicentin, y es nuestro recurso humano que ha hecho grande a la región, y nosotros tenemos que defenderlo más allá que podamos opinar igual o no en algunas cuestiones”, dijo el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín.