El Estado provincial de San Juan ejerció violencia pública política contra las mujeres. Así lo dice una sentencia judicial de diciembre pasado, la primera de estas características en el país. La resolución es parte –no el cierre aún- de un caso de criminalización desde los poderes Ejecutivo y Judicial sanjuaninos hacia activistas feministas y de Derechos Humanos, luego de la marcha del 8 de marzo de 2022.
Fueron dos años de causas en espejo: por un lado, una causa penal en la que cuatro activistas fueron criminalizadas y en la que una de ellas todavía está imputada. Por otro lado, la denuncia por violencia pública política iniciada por estas mujeres y una veintena más contra un Estado que violentó procesos y pruebas, usó todo el poder del que dispone y sumó el de medios de comunicación para disciplinar la protesta.
La marcha de las pintadas
En San Juan la marcha del Día de la mujer de 2022 reunió a alrededor de 25.000 personas, la más numerosa que se recuerde. La encabezó la asamblea Ni Unx Menos San Juan y se sumaron organizaciones sociales, académicas, políticas y sindicales. El recorrido, como en todas las marchas, se acordó y se comunicó a la provincia. Como siempre, en algún momento las columnas ocupan todo el ancho de la Avenida Libertador San Martín para desembocar frente a la Legislatura provincial. En el trayecto hay edificios de organismos y empresas que están custodiadas. Ese año no había policías frente al edificio de la Escuela Normal Superior Sarmiento, monumento histórico; la construcción ofrece sobre la avenida Libertador un extenso muro de una cuadra que desde hace décadas es pizarra pública de activismos políticos, deportivos, feministas, sindicales; de declaraciones de amor y odio, de ideas, de luchas antimineras, de frases célebres y no tanto. Algunas de las participantes de la marcha del 8M 2022 sumaron esa tarde nuevas consignas.
Dos días después de la marcha el Director de Patrimonio Cultural de la provincia, arquitecto Jorge Martín, formuló una denuncia penal “por el delito de Daño Agravado contra quienes resulten responsables de las pintadas”. La prensa local, que ya había hablado –sin citar fuentes– de la “indignación de la comunidad escolar”, dio amplia difusión a la denuncia e hizo públicos todos sus términos, aún antes de que fuera presentada. Semanas después, el Fiscal de Estado constituyó a la Provincia de San Juan en parte querellante.
Caza de brujas
La denuncia dice que “se ha atentado contra un Monumento Histórico Nacional y Provincial estampando escrituras de contenido sexista, feminista, con frases apologéticas del delito de homicidio, y alegóricas a la pretensa lucha contra la figura masculina que enarbola cierto grupo social tal y como se aprecia en las publicaciones de los matutinos que son de público y notorio conocimiento”. No hay en el escrito ninguna descripción sobre el daño material ocasionado específicamente en esta oportunidad, aunque es claro que las pintadas que denuncian el funcionario y el Estado provincial son solo las de contenido feminista.
La jueza a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción Penal de San Juan, Mabel Moya, con la colaboración de organismos policiales, inició a través de la fiscalía correspondiente, una investigación. Las cámaras de seguridad del Estado provincial habían registrado distintos momentos de la marcha, pero los investigadores no lograron determinar la identidad de quienes pintaron. Entonces desde el Poder Judicial solicitaron a la Policía que “a través de redes sociales tales como instagram, facebook y similares, identifique a las personas que se encuentran en los registros fílmicos obrantes en la causa”.
El trabajo realizado no tiene nada que envidiar al que se hacía en plena dictadura militar, con la ventaja actual que ofrecen las tecnologías digitales. Las participantes de la marcha que los investigadores habían señalado con un círculo en las fotos capturadas de los videos de seguridad como “cabecillas” fueron buscadas e investigadas en publicaciones y redes de las organizaciones a las que pertenecen. Las acciones de “inteligencia” fueron más allá y escarbaron sus vidas privadas, su actividad social e incluso su producción académica.
“Inteligencia” para criminalizar
El hallazgo de publicaciones que mostraran la militancia feminista de las mujeres fotografiadas fue motivo suficiente para considerarlas posibles autoras de los grafitis descriptos como “escrituras feministas”. Así de simple. Un claro ejemplo es el de una integrante de la organización Las Hilarias, docente e investigadora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, que fue señalada como sospechosa por el contenido de sus investigaciones y de los artículos académicos publicados, relacionados estudios sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en San Juan.
A partir de esta información, aunque sin expresar motivos, la jueza a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción Penal citó a indagatoria y luego procesó a cuatro participantes de la marcha del 8 M 2022 en San Juan. Pertenecen a las organizaciones Ni Unx Menos y Las Hilarias, Socorristas en Red.
Para Virginia Cantoni, una de las cuatro procesadas, “es interesante analizar contra quiénes armaron esta causa. No pertenecemos a organizaciones que respondan a partidos políticos, pero sí somos organizaciones convocantes dentro de los feminismos sanjuaninos, no solo para la presencia en las calles, también para todo tipo de acompañamiento ante violencias de género”.
No obstante la arbitrariedad en la citación, las cuatro se presentaron puntualmente a la indagatoria penal y solicitaron su sobreseimiento. Nueve largos meses tardó la jueza penal para dar respuesta.
Un proceso abierto
Muchos medios dieron los nombres y datos de las activistas indagadas. “Nos posicionaron en un lugar de enemigas públicas, en el que por ejemplo yo tuve y sigo teniendo problemas para conseguir un trabajo estable”, asegura Virginia. Fueron tiempos de tejer redes, conseguir abogados y hasta apoyo para costear el proceso. El apoyo de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron herramientas fundamentales para sostener el debate. A la CIDH se sumaron el Consejo Provincial de Protección de la Mujer; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan; diputados nacionales y provinciales; organizaciones gremiales, colegios profesionales y personalidades de distintos ámbitos que exhortaron a la Provincia de San Juan a cesar en la criminalización .
De las cuatro indagadas, tres fueron sobreseídas y una quedó procesada. Los sobreseimientos están fundados en algo que el juzgado ya sabía desde un comienzo: las personas a las que criminalizó no pintaron las paredes del edifico escolar y su militancia feminista no era razón para acusarlas.
Una de las activistas indagadas quedó procesada. Es Yanina Opaso, quien apeló su procesamiento ante la Cámara Penal. La Cámara anuló el procesamiento y apartó del caso a la jueza de instrucción. Entre otras cosas, los camaristas dicen que “en ningún momento se relata el hecho atribuido a la imputada”. De paso le recuerdan a la jueza separada: “Sabido es que los jueces deben fundar sus resoluciones”.
Yanina Opaso pintó con aerosol verde la inscripción “Desampa antifa” en la parte baja de la muy pintada pared de la Escuela Normal Sarmiento. Son dos grafitis que hacen referencia a “Desamparados Antifascista”, una organización social deportiva que promueve la diversidad y la inclusión en el club de futbol sanjuanino “Sportivo Desamparados”. Está acusada de “daño agravado”, un delito que tiene una pena de hasta cuatro años de prisión. Su pintada ocupa el 0.00001 por ciento del extenso y muy escrito muro norte del edificio escolar y está realizada en la parte baja de una pared que periódicamente es cubierta con pintura beige.
Desde agosto de 2023 otro juzgado tiene a cargo su causa. Hasta hoy no se ha expedido. “No solo queda Yanina Opaso, quedamos todas; pero no solo todas nosotras, toda una sociedad queda sometida a este poder que criminaliza la protesta social”, dice Jani Godoy aunque ella ya está sobreseída.
Hasta aquí el trayecto penal, todavía con final incierto.
Denunciar la persecución
En agosto de 2022, las personas ilegalmente indagadas en esta causa, junto a una veintena de activistas feministas y transfeministas, presentaron una denuncia por violencia pública política por razones de género contra la Provincia de San Juan – el Estado y sus agentes- por usar “indebidamente el derecho penal sin fundamento y con el objeto de criminalizar la labor de defensoras de los derechos humanos y deslegitimar las causas que persiguen”.
Entre los numerosos argumentos, las ahora denunciantes señalaron que las cuatro indagadas fueron identificadas y citadas solo por su relación personal o profesional con el feminismo y sus reclamos, lo cual es evidente cuando lo que tiene centralidad en la denuncia es lo que dicen algunas pintadas, su contenido, más que el deterioro que los responsables del monumento no pueden describir. Esto, por el estado en que estaba la pared desde hace mucho tiempo, ya toda cubierta de inscripciones y pegatinas que no se sabe quiénes ni cuándo ocasionaron y que no motivaron antes ninguna preocupación ni denuncia.
“Entendimos –explica Conrado Suárez Jofré, abogado de las denunciantes, junto a María Alejandra Rojo Sanz – que lo que le pasaba a ese ofendido Estado provincial era que le resultaba muy difícil perseguir lo que realmente era el motivo de agravio, que era el discurso, lo que se decía. El Estado provincial evidentemente no pudo decir que iba a perseguir a estas mujeres porque estaban diciendo cosas que a mucha gente no le gustan y que lo cuestionaban ferozmente o estaban poniendo en la escena una realidad incómoda”.
Es desde ese punto de vista que la presentación hace hincapié en el ejercicio del derecho a la protesta pública y su relación con el ejercicio amplio de la libertad de expresión, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es entonces cuando hablan de desproporción: “A la luz de este parámetro general se vuelve por demás dificultoso llegar a entender bajo qué criterio particular se destinan recursos jurisdiccionales a perseguir penalmente a quienes en el contexto de una protesta pública y frente a una alarmante situación de vulnerabilidad de un sector social escribió una leyenda atinente a ese reclamo en una pared tradicionalmente usada para toda suerte de inscripciones”.
Para las denuncianes, el accionar del Estado local también alentó discursos estigmatizantes contra el colectivo feminista y obstaculizó actividades de sus organizaciones como el acompañamiento a víctimas de violencia de género.
Un antecedente para todo el país
En diciembre de 2023 la Jueza Adriana Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan, declaró que la denuncia formulada con motivo de la marcha del 8 de marzo de 2022 por el presunto delito de daño agravado constituye violencia política en la modalidad violencia pública-política contra las mujeres, en los términos de la Ley 26.485. En su decisión, la magistrada utilizó por primera vez la conceptualización de violencia política en su modalidad de violencia pública política, incorporada en 2019 a la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Es la primera sentencia de este tipo contra un Estado.
La sentencia de la jueza sanjuanina evidencia que, a pesar de que las paredes donde se estamparon las pintadas del 8M de 2022 tienen capas y capas de grafitis, pintura beige que los tapa y más grafitis, jamás una repartición pública local había intervenido respecto del cuidado de los muros de la Escuela Normal Sarmiento de San Juan, ni siquiera cuando se afectó la fachada del monumento para colocar aparatos de aire acondicionado. Es decir que no se la protegió antes de la marcha –de lo contrario no luciría como luce- ni se la protegió durante la marcha. Tampoco se la restauró después. La jueza dice, entonces, que la denuncia se hizo “sin acreditar en lo más mínimo el daño patrimonial invocado”. La jueza Tettamanti también hace notar que nunca antes la Provincia se había constituido en querellante para investigar penalmente quién estampó tal o cual grafiti.
Sobre las investigaciones en torno de los “perfiles” de las mujeres procesadas, afirma que “constituye un comportamiento estatal contrario al mandato legal establecido para tutelar la actividad política de las mujeres, libre de todo tipo de violencia”. De esa manera, la sentencia muestra conocimiento y cita el amplio marco internacional en derechos humanos, en documentos firmados por la Argentina en los que este país se compromete a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. La jueza no se limita a aplicar la perspectiva de género, también reflexiona sobre la necesidad de que el Poder Judicial lo haga. Dice la sentencia que la perspectiva de género resulta “un mandato ineludible para los operadores estatales, que se define como categoría analítica que debe orientar las políticas públicas y en las decisiones judiciales”.
Finalmente, con relación a la intervención de la Fiscalía de Estado como parte querellante en la causa penal, “aparece cuanto menos desproporcionada”, dice Tettamanti. Agrega: “Fue claramente una decisión de política institucional que puso en marcha el aparato estatal para reprimir y, en todo caso, procurar un resultado aleccionador y disciplinador para quienes estuvieron sometidas a investigación e imputación penal que se proyecta con efectos expansivos a todas las integrantes de las organizaciones y movimientos feministas, desalentando su actividad pública política”.
“Este caso significó un antes y un después para nosotras –dice Yanina Opaso– por cómo nos afectó esa exposición en nuestra cotidianeidad y también en lo que nos potenció”. Jani Godoy coincide: “aprendimos herramientas que no teníamos, nos fortalecimos”. Las denunciantes reconocieron “la enorme valentía” de la jueza Adriana Tettamanti.
Qué esperar
Dos organismos del Poder Judicial de San Juan tienen la palabra: la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, a la que recurrió el Estado provincial ante la sentencia por violencia pública política. Paralelamente, el Tercer Juzgado Penal, que tiene en sus manos la situación de la única activista que quedó imputada. Es prácticamente imposible pensar separadamente ambas instancias, como lo expresa el defensor Conrado Suárez Jofré: “Lo más importante en este momento es que se dicte el sobreseimiento de Yanina Opaso en el cargo de daño agravado”. Agregó: “Lo que aspiramos es que la sentencia de la Jueza Tettamanti –que es importante en su faz declarativa– impacte en algo que opera en el principio de coherencia del ordenamiento jurídico: no sería coherente que teniendo una sentencia que diga que acá hay violencia en su modalidad público política, un tribunal entienda que hay motivos para procesar a alguien en relación a eso”.
La jueza Tettamanti suma: “Como integrante del Poder Judicial aspiro a que esa sentencia sea confirmada por la Cámara de Apelaciones. Estoy absolutamente convencida que esa sería la expresión más elevada y sensible del sentido de la justicia”. Consultada sobre por qué no ordenó medidas y su resolución se limitó a lo declarativo, explicó: “La sentencia hace lo que está dentro de los límites de mis atribuciones, no puedo ir más allá porque podría incursionar en arbitrariedad”. Coincide, de todas formas, con otros letrados en que una disculpa pública de parte del Estado sería una medida en parte reparadora.
Las ideas que están en las paredes
“Creo que el daño fue haber obligado al gobierno provincial a leer en términos políticos lo que les queríamos decir en las paredes, que es hacia dónde queremos llevar las discusiones”, analiza Yanina Opaso. En su opinión “hablan de pintadas sexistas porque en esas paredes se denuncian a violadores y femicidas”. “Yo hice una pintada de un movimiento antifascista, de un espacio que se gestó en las tribunas de un club que entiende al fútbol como espacio de construcción de ciudadanía, de reconocimiento de la igualdad, y por lo que leemos en la apelación, no lo entendieron todavía”.
“Las ideas no se matan” escribió justamente Domingo Faustino Sarmiento; en ese sentido, el alegato de las denunciantes por violencia de género dice que “sería justo y ejemplar que se reconozca que los muros externos no enrejados de la Escuela Normal Sarmiento son por su centralidad urbana parte de la vida, de la actualidad de la ciudad. Son muros vivos que construyen su historia”, la de las luchas de la comunidad sanjuanina. Sugieren que periódicamente (y siempre antes que colocar pintura común beige) la Provincia y la Universidad Nacional de San Juan conformen un equipo que documente las pintadas, produzca fotometrías y otros registros “que inscriban estos muros en el espacio de disputa y expresión social al que pertenecen”.
“Esperamos que nuestras luchas sirvan como antecedente y garantía de las nuevas generaciones”, dice Yanina. “Seguimos en la calle, somos necesarias ahora más que nunca, sobre todo para que algún día otras caminen sin miedo”, agrega Jani, que insiste en que “Ahora tenemos una compañera en el sistema penal y eso es lo que nos da fuerza para seguir poniendo el cuerpo cada día. Y si no estamos nosotras, vendrán otras; eso lo sabemos”.
CY/MA
