- Detalles
- Publicado: Jueves, 13 Agosto 2020 00:55
- 109
Más sobre el concejal y quienes compartieron su fiesta
“Es una conducta indecorosa, es un delito. Debería actuar el propio Concejo Deliberante”
Así opinó el Juez de Control de Garantías de Andalgalá, sobre el escandaloso festejo que involucra a un concejal de Andalgalá y funcionarios en plena vigencia del DNU que prohíbe los eventos sociales por la pandemia. –Diario de Catamarca.
eldiariodecatamarca.com
Rodolfo Cecenarro, confirmó en una entrevista con José Alsina Alcobért, durante el programa » Que Buena Mañana» que se trata de un delito federal, porque se produjo una clara violación de las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia, “el orden normativo deviene de la Presidencia de la Nación, la provincia y los municipios adhieren”, explicó.
El juez señaló que no es tan solo el concejal Agustín Brizuela y que hay involucrado un importante grupo de personas.
Explicó que la justicia provincial, en este caso actúa como colaborador y que aguardan un informe que sería remitido a la Justicia Federal.
Con respecto a la actitud del concejal y el cuerpo colegiado que integra que “Es una conducta indecorosa, es un delito. Debería actual el propio Concejo Deliberante por una cuestión de privilegio. Esta conducta indecorosa no solo pasa por la persona, sino también por el cuerpo”, opinó.
Cecenarro explicó que de acuerdo a lo que se conoció, los hechos sucedieron en el marco de una reunión de índole privada, donde había distintos invitados, amigos y familiares reunidos.
Estafa
Por otra parte, el juez se refirió a otro hecho registrado en Andalgalá y que involucra a tres empleados infieles.
El magistrado dio a conocer que la Fiscalía actuante decretó la orden de detención de tres imputados, dos hombres y una mujer y en el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia de control de detención y se confirmó que continuarán detenidos.
Explicó que se les imputa el delito de estafa genérica fijada en el artículo 162 del Código Penal.
Relató que los hechos de estafa que oscilan en los tres millones de pesos, pesan contra un administrativo, un encargado de la parte informática de la empresa y dos vendedores que serian choferes de los camiones distribuidores, que prestaban servicios para la firma en la zona de Andalgalá, Pomán, Belén y Aimogasta en La Rioja.
Comentó que la metodología empleada da cuenta de que al no tener la supervisión directa de los dueños lograban un accionar delictivo con la ayuda de una persona desde la parte administrativa.
