La Asesora General de Gobierno, Fernanda Rosales, será propuesta para ocupar el cargo que quedó vacante tras la renuncia de Amelia Sesto de Leiva y el fiscal municipal Tristán Lobo reemplazará a Enrique Lilljedahl en el cargo de Procurador, jefe de los fiscales.
El gobernador Raúl Jalil confirmó a El Ancasti que enviará los pliegos de Rosales y Lobo a la Cámara de Senadores, ya que necesitan el acuerdo legislativo, lo que no será complicado porque el oficialismo tiene mayoría en ese cuerpo.
Rosales asumió en la Asesoría General de Gobierno en agosto del año pasado en reemplazo de Fernanda Ávila, que fue al Ministerio de Minería. Antes se había desempeñado como vocal del directorio de la empresa CAMYEN y ocupaba la presidencia del Colegio de Abogados.
Lobo se desempeña como fiscal municipal desde el inicio de la gestión de Gustavo Saadi y también acompañó a Jalil durante su paso por la Municipalidad de la Capital. De acuerdo con la Constitución Provincial, el Procurador General de la Corte es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que está integrado por los agentes fiscales y defensores oficiales de la Provincia.
El Ministerio Público es un cuerpo autónomo dentro del Poder Judicial y goza de sus garantías de independencia.
Antecedentes
El 28 de abril, la exministra de la Corte de Justicia Amelia Sesto de Leiva presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Corte de Justicia luego 20 años.
Sesto de Leiva ya tenía un beneficio jubilatorio, pero gestionaba la adecuación de su beneficio al nuevo marco legal, que garantiza el 82% móvil a los jueces a partir de un convenio que había firmado la exgobernadora Lucía Corpacci con ANSES. El martes último, y luego de casi 30 años en el cargo, el Procurador General de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, presentó su renuncia para acogerse al sistema jubilatorio.
De esta forma, se produjo la segunda vacante en la conducción del Poder Judicial de la Provincia, luego de la dimisión de la ministra de la Corte, Amelia Sesto de Leiva, también para jubilarse.
La Asesora General de Gobierno, Fernanda Rosales, será propuesta para ocupar el cargo que quedó vacante tras la renuncia de Amelia Sesto de Leiva y el fiscal municipal Tristán Lobo reemplazará a Enrique Lilljedahl en el cargo de Procurador, jefe de los fiscales.
El gobernador Raúl Jalil confirmó a El Ancasti que enviará los pliegos de Rosales y Lobo a la Cámara de Senadores, ya que necesitan el acuerdo legislativo, lo que no será complicado porque el oficialismo tiene mayoría en ese cuerpo.
Rosales asumió en la Asesoría General de Gobierno en agosto del año pasado en reemplazo de Fernanda Ávila, que fue al Ministerio de Minería. Antes se había desempeñado como vocal del directorio de la empresa CAMYEN y ocupaba la presidencia del Colegio de Abogados.
Lobo se desempeña como fiscal municipal desde el inicio de la gestión de Gustavo Saadi y también acompañó a Jalil durante su paso por la Municipalidad de la Capital. De acuerdo con la Constitución Provincial, el Procurador General de la Corte es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que está integrado por los agentes fiscales y defensores oficiales de la Provincia.
El Ministerio Público es un cuerpo autónomo dentro del Poder Judicial y goza de sus garantías de independencia.
Antecedentes
El 28 de abril, la exministra de la Corte de Justicia Amelia Sesto de Leiva presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Corte de Justicia luego 20 años.
Sesto de Leiva ya tenía un beneficio jubilatorio, pero gestionaba la adecuación de su beneficio al nuevo marco legal, que garantiza el 82% móvil a los jueces a partir de un convenio que había firmado la exgobernadora Lucía Corpacci con ANSES. El martes último, y luego de casi 30 años en el cargo, el Procurador General de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, presentó su renuncia para acogerse al sistema jubilatorio.
De esta forma, se produjo la segunda vacante en la conducción del Poder Judicial de la Provincia, luego de la dimisión de la ministra de la Corte, Amelia Sesto de Leiva, también para jubilarse.
Lilljedahl presentó una nota al gobernador, Raúl Jalil, solicitándole que emita un decreto aceptando su renuncia al cargo de procurador.
En la misiva, el funcionario judicial solicitó que su renuncia se concrete el 31 de mayo, para que sea operativa a partir del 1 de junio. Es decir, que si el primer mandatario acepta su dimisión, el jefe de los fiscales provinciales seguirá en el cargo hasta fin de mes.
En la nota, Lilljedahl justificó su pedido al advertir que la ANSES resolvió transformar el beneficio previsional que actualmente tiene otorgado a las disposiciones de la ley 24.018 (actualización al régimen previsional de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público y de la Fiscalía nacional de investigaciones administrativas), conforme convenio de transferencia del sistema de previsión social de la Provincia al Estado nacional supeditando el goce efectivo de aquél al cese en el cargo que actualmente desempeña.
De esta manera, el Ejecutivo logra el objetivo de recuperar dos vacantes más en el Poder Judicial. El año pasado ya había iniciado conversaciones con Sesto de Leiva, Lilljedahl y José Ricardo Cáceres, quienes habían superado el límite de 65 años que fija la Constitución Provincial. El Gobierno se comprometió en la gestión del 82% móvil.
La gestión de Jalil incrementó de cinco a siete la cantidad de integrantes en el máximo tribunal de Justicia. A partir de la modificación de la ley se incorporaron Hernán Martel y Fabiana Gómez, quienes obtuvieron acuerdo del Senado, tras algunas polémicas. La Corte se integra además con Cáceres, Raúl Cipitelli, Vilma Molina y Miguel Figueroa Vicario, actual presidente.
El Ancasti
