La Catamarca de los ‘70 del pasado siglo vivía la primavera de la participación y la movilización popular, ambas expresiones de los sectores populares proscriptos que las entendían como una herramienta para el cambio social.

Las marchas populares que se iniciaron con el Catamarcazo en noviembre de 1970, se continuaron con las marchas por una universidad en 1972 y, más tarde, en las luchas por la soberanía minera y el desarrollo industrial tuvieron algunos logros y estos confluyeron en Acta de Reparación Histórica”.

En todas estas movilizaciones estuvo presente una juventud política que entendía que era su hora. Al interior de esa pluralidad de voces se encontraban las juventudes católicas que, animadas por los cambios propuestos por el Concilio Vaticano II y el congreso de obispos de Medellín, entre otras manifestaciones progresistas, incitaban a cambios en la conservadora Iglesia catamarqueña.

“En el seminario escuchábamos las dos campanas, estaban los curas tradicionales y los progresistas que nos hablaban de la biblia latinoamericana y opción preferencial de los pobres. Eso nos encendía, nos alentaba a participar”

Así lo expresaba Daniel, un catamarqueño del interior de la provincia que vino a estudiar al Seminario Menor de Catamarca. Este le inculcó una formación humanista que lo llevó por los caminos de la militancia política y social que le valió la prisión en Córdoba durante la Dictadura. Daniel y otros muchos jóvenes fueron protagonistas de la efervescencia de las luchas sociales de las que se sintieron acompañados por una Iglesia comprometida. Sin embargo, esa percepción pronto fue puesta en dudas y hasta cuestionada; particularmente por los familiares de los detenidos desaparecidos catamarqueños que apelaron a la sensibilidad cristiana y se encontraron con una muda indiferencia.

La Iglesia provincial, al igual que su par nacional, saludaron con entusiasmo la nueva etapa abierta por el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Entendían que el “correctivo” era necesario frente al caos y el peligro de disolución nacional y al apartamiento de la moral cristiana.

Sin embargo, cabe advertir que esa posición no era unánime al interior de la curia. Había varias voces que expresaban diferencias notables respeto de la Dictadura. Aquí podemos destacar tres expresiones. Una primera expresión, quizás la más conocida y la mas potente que a los fines de identificarla la categorizamos como la voz oficial. Esta estuvo compuesta fundamentalmente por las autoridades locales, Obispo, vicarios y párrocos mas importantes.

En los tiempos dictatoriales gobernó la diócesis local el obispo Alfonso Torres Farías, quien estuvo por el largo periodo de veintiséis años, de formación escolástica pertenecía a la orden de los dominicanos. De carácter contemporizador puede decirse que fue un moderado, aunque obediente de los dictados de sus superiores.

Una segunda expresión que, definiremos como conciliares formada por curas que adherían al Concilio Vaticano II y los documentos de los Obispos del tercer mundo, era minoritaria de algún modo ocultada y con poca acción pública. Por último, encontramos una tercera expresión, también minoritaria, pero con amplia influencia, esta responde a quienes dirigían el diario La Unión.

El diario La Unión era el medio más importante de la provincia por su caudal de circulación, por su trayectoria, por sus voces, las propias y las invitadas (allí escribían periódicamente la intelectualidad catamarqueña) y por el alto grado de aceptación frente al otro diario local.

Los editoriales de La Unión fueron una especie de bálsamo protector de algunos derechos conculcados durante la Dictadura. Con esto no afirmamos que la línea editorial del diario fuese un foco de resistencia contra el gobierno ilegítimo de las Juntas Militares, sino que en algunas ocasiones puso en superficie situaciones comprometidas y su posición editorial estuvo a favor de la defensa de los derechos constitucionales.

Entre los hechos más recordados podemos encontrar las publicaciones de julio de 1976 reclamando por un debido proceso a los presos políticos; la denuncia de “abandono de personas” en julio de 1977 cuando el Interventor militar de Tucumán, Domingo Bussi, decidió trasladar forzadamente a mendigos expulsándolos de los límites provinciales; los editoriales y notas en diferentes ocasiones oponiéndose al levantamiento del ramal ferroviario de Catamarca o su posición en contra del despido arbitrario en ocasión de la aplicación de la ley N° 3.090 más conocida como de prescindibilidad. También, aunque de forma muy escueta, informó sobre el operativo de las fuerzas militares en Belén cuando detienen a Yolanda Borda (aún hoy desaparecida).

Su acción opositora fue muy evidente en los tres primeros años de la Dictadura. Sin embargo, hacia finales de 1979 hubo un cambio. Entendemos que este se debió a la creencia de una potencial acción reparadora hacia la provincia a través de políticas de estímulo al desarrollo socioeconómico. Estos se manifestaron en la importante inyección financiera a la empresa YMAD y su proyecto Farallón Negro y la radicación industrial con la instalación de la fábrica de alpargatas, entre las más notables.

Esta contradicción entre las autoridades del clero y el diario bajo su dirección en realidad revelan una estrategia de la Iglesia local frente a la dictadura. Estrategia bipolar, o bifronte si se quiere, en tanto que discursivamente se mantenían aliados con las autoridades nacionales y compartían los estatutos políticos de las Juntas de comandantes, pero a nivel local marcaban diferencias con las políticas específicas que afectaban a los catamarqueños.

Hacia finales de la Dictadura el balance es más negativo que positivo. El impulso formador de una juventud laica comprometida con tendencias humanistas fue trocando hacia formas de participación grupal situadas en una esfera puramente religiosa caracterizada por un discurso despolitizado.

La Unión fue intensa con sus críticas en los inicios del periodo y luego fue moderando sus apreciaciones. Las autoridades eclesiales quedaron comprometidas con las formas políticas de la dictadura, así lo confirman la impresión y las experiencias de los familiares de las víctimas de la represión, de los militantes de las organizaciones de los DDHH y de algunos de los partidos políticos.

P12 – José Ariza Docente e investigador  de la UNCa