EDITORIAL
El objetivo, prácticamente nunca cumplido, de que los chicos en las escuelas y colegios argentinos tengan al menos 190 días de clase, parece estar muy lejos de alcanzarse en el 2024. El inicio de año es, tal vez, el menos auspicioso de las últimas décadas. A los altos índices inflacionarios de la gestión de Javier Milei –más del 50% acumulado entre diciembre y enero- se le suma, como factor que gravita negativamente a la hora de pronosticar el cumplimiento o no de la meta, la falta de voluntad del gobierno nacional de celebrar la paritaria nacional docente, que sirve siempre como marco de referencia para las paritarias docentes en las provincias.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ya ha solicitado formalmente, a través de un documento, que convoque urgentemente a esa paritaria, que además está estipulada por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo. El gobierno no tiene apuro por hacerlo. En primer lugar porque es propósito de la administración de Javier Milei planchar los sueldos estatales en el contexto de un durísimo ajuste fiscal que viene llevando adelante; pero además porque el presidente de la Nación ocupa sus energías más en imaginar contiendas épicas contra gobernadores y representantes de la oposición que en la gestión. Y no hay muchas expectativas respecto de que desde la Secretaría de Educación de la nación –ya no existe el ministerio- se asuma alguna iniciativa al respecto. De hecho, casi nadie conoce siquiera el nombre del funcionario a cargo.
Para complicar aún más las cosas, el gobierno nacional se niega a transferir a las provincias las partidas correspondientes al Fondo de Compensación Salarial Docente, el Fondo del Incentivo Docente, los ítems salariales de Conectividad y Material Didáctico, pero también por los programas educativos nacionales (incluyendo la extensión de la jornada escolar) y el Fondo de Infraestructura, en una estrategia destinada a desfinanciar a las jurisdicciones subnacionales como una suerte de castigo por la caída del proyecto de ley ómnibus. El incentivo docente representa el 10% del salario inicial de un maestro.
Difícilmente las provincias puedan hacerse cargo de otra erogación más –antes asumida por la Nación- en el contexto de una fuerte caída de los ingresos provinciales. Algo similar ocurre con el subsidio al transporte.
En ese contexto tan complejo, con una fuerte caída del poder adquisitivo de los docentes y nodocentes, es muy difícil imaginar un comienzo del ciclo lectivo sin conflictos gremiales. En Catamarca, la intersindical docente ya anunció una medida de fuerza para jueves y viernes próximos, mientras un grupo de docentes autoconvocados alientan un plan de lucha mucho más enérgico. Lo mismo ocurre en la mayoría de las provincias. En muchas de las jurisdicciones existen acuerdos ya firmados, algunos que especifican ajustes salariales de acuerdo con los índices inflacionarios, pero las provincias, asfixiadas por el ajuste de Milei-Caputo, no podrán afrontarlos.
La conflictividad que se avecina inexorablemente tendrá, como ya se sabe, impacto en el mediano y largo plazo en la calidad educativa. El gobierno nacional, sin embargo, parece no advertir la envergadura del problema. O, lo que es peor, lo advierte pero no le interesa resolverlo.
