La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «profunda preocupación» por la «grave escalada de violencia» en Bolivia e hizo un llamado al Estado «a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna de su ideología, pertenencia política o cargo».

Así lo indicó en un comunicado dado a conocer en referencia a «los recientes acontecimientos en Bolivia», en el marco de «una crisis política y social en cuyo contexto se registró la renuncia del Presidente Evo Morales, cuyo mandato constitucional vencía el 22 de enero de 2020″, así como de altos funcionarios de su gobierno».

El comunicado de la Comisión citó una información publicada por la Defensoría del Pueblo, en el contexto postelectoral, en el que «tres personas habrían fallecido, 421 habrían resultado heridas y 222 habrían sido detenidas», y dijo que la situación se vio «agravada» por «nuevos actos de violencia partidaria».

En esos hechos, continúa, «se habrían registrado hostigamientos, saqueos, incendios de buses y edificios municipales», sumado a que «en las últimas horas se han registrado ataques y saqueos a residencias de personas privadas y de autoridades, incluyendo la del Presidente Morales».

«La Comisión condena todo acto de violencia y hace un llamado al Estado a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna de su ideología, pertenencia política o cargo», dijo la CIDH en su comunicado.

Proclamó «muy especialmente» un llamado a que «se respete el derecho a la vida, integridad y libertad personal, así como la libertad de expresión» y extendió el llamado a «los actores políticos y sociales a cesar todo acto de violencia por parte de organizaciones o movimientos ciudadanos».

Además, la Comisión recordó «la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables» y destacó «la importancia de que la actual crisis política y social sea resuelta con apego a Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por los canales democráticos para garantizar el pleno respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos de todas las personas».

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.