Segun el gobierno de la provincia, el ENRE ya no tendría razón de ser porque ninguna de las prestadoras es privada y, en cambio, el ente representaría una costosa y superflua estructura que deben sostener los catamarqueños en las boletas. El ministro de Gobierno, Jorge Moreno, manifestó que la disolución del organismo se enmarca en la reforma del Estado que se había anunciado en la campaña electoral y al margen de la pandemia. «Hoy las empresas tienen un 90% de participación estatal. La idea es disolver y fortalecer defensa al Consumidor que son organismos más específicos y , que son menos burocráticos. Necesitan menos estructura administrativa para funcionar y con mayor celeridad y con mayor ejecución podrán llevar adelante la tarea de control de los servicios», afirmó el funcionario del Ejecutivo provincial
Ante esta situación, hoy en dialogo con FM REPUBLICA 100.1, Augusto Cesar Acuña, integrante del ENRE señaló que «la re-estatización de los servicios no es un argumento válido para implementar dicha disolución, ya que los usuarios no pueden elegir libremente quién les brinda el servicio por tratarse de actividades monopólicas naturales»
Acuña argumentó que de allí se desprende la necesidad, reconocida en las constituciones Nacional y Provincial, de la existencia de un órgano de control y regulación, independientemente de que el prestador sea privado (como sucedió en el pasado) o una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) como es actualmente en Catamarca.
«Cabe mencionar que, por ejemplo, en Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) mantiene sus funciones intactas, controlando a la empresa estatal EPEC; lo mismo ocurre en Entre Ríos, Formosa, Jujuy, y Santa Fe, por citar algunos ejemplos, donde los servicios son prestados por el Estado y aun así funciona un Ente autárquico que controla y regula la prestación de los servicios», expresó Acuña
«Una eventual disolución del organismo catamarqueño pondría a los usuarios, en su condición de actor débil frente a las empresas Distribuidoras, en una virtual situación de indefensión, al tiempo que pondría en riesgo la plenitud de sus derechos reconocidos constitucionalmente».
“En primer lugar llama la atención que el ministro haya omitido referirse a la función de Control de Calidad que el Ente Regulador ejerce sobre los servicios de energía eléctrica y agua potable y desagües cloacales, máxime cuando el pasado 18 de marzo, firmó el decreto N°568/20, mediante el cual se aprobó la modificación del Subanexo 3, en donde se establecen las ‘Normas de calidad del servicio público y sanciones’ del contrato de concesión de EC Sapem; tarea que es propia de este organismo de regulación y control” dijo Acuña
Respecto a que la función de fijación de tarifas podría ser cumplida por alguna repartición ‘especializada en la materia’, es importante poner de relieve el peligro que conlleva este razonamiento, toda vez que el proceso de análisis y aprobación de los cuadros tarifarios debe ser realizado en el ámbito de un organismo autónomo y autárquico como lo es el Ente Regulador, y no -tal como lo sugiere el ministro- por la Secretaría de Energía, que no solo depende de él mismo, sino que además dejaría de lado al servicio de agua potable y desagües cloacales, que también requiere de análisis y aprobación de tarifas”. señaló Acuña
“Debemos recordar que el artículo 12 de la Ley 5355 de creación de EC Sapem establece que el ministerio a cargo de Kozicki es el que ‘ejerce la supervisión ejecutiva de la nueva sociedad y aprueba su plan de acción y presupuesto, debiendo remitir los mismos al Poder Legislativo para su conocimiento’”.
Acuña subrayó “esto significa que el mismo ministro será juez y parte de una misma cosa, ya que, en un esquema como el planteado, al ser la autoridad de aplicación de la empresa, se controlará a sí mismo, se multará a sí mismo, aprobará los cuadros tarifarios elaborados por él mismo, se contestará los recursos elevados por él mismo, todo sin la mirada observada de nadie.
Finalmente Augusto Acuña, integrante del directorio del ente regulador dijo “Creemos que la visión reduccionista de intentar mostrar al ENRE solo como mero receptor de reclamos, esconde, en realidad, una peligrosa e inconstitucional intención de avasallar la participación de los usuarios y querer eliminar los controles de calidad a las empresas de los servicios de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales; o peor aun, que los mismos sean ejercidos por un futuro organismo carente de autonomía e independencia que vele por el respeto de los derechos de los usuarios y el estricto cumplimiento de las obligaciones en la prestación de los servicios por parte de las empresas distribuidoras”.
