Explicar el estallido social iniciado hace poco menos de un mes en Colombia implica comprender ciertas particularidades del desarrollo estatal colombiano. Implica analizar cómo la adopción de un modelo económico condujo a la desconexión entre el Estado y la sociedad. Implica determinar las causas por la cuales la ciudadanía ha marchado masivamente para ser oída en medio del tercer pico de la pandemia. Implica empatizar con un fenómeno que se ha consolidado recientemente en América Latina: la protesta masiva como medio de participación ciudadana para activar y acelerar cambios de orden político, económico, legal y cultural.
Las manifestaciones iniciadas en abril de 2021 marcan el fin de un letargo entre manifestaciones que se activan por diferentes causas y en diferentes momentos. Las reformas exigidas en las marchas de 2019 no fueron atendidas y la actual coyuntura sanitaria ha profundizado el aumento del desempleo. Las brechas de desigualdad son más grandes que nunca y el clamor por estas demandas históricas ha sido contestado con soluciones cortoplacistas y represión excesiva. El ambiente de inconformidad era latente y solo se requería de una chispa para reactivar de nuevo las protestas: esta fue la reforma tributaria.
La llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”, presentada por el gobierno colombiano a comienzos de 2021, generó un gran descontento social debido a que grava principalmente a las clases medias y bajas en medio de una crisis económica. La reforma proponía, además de reducir el piso para la declaración de renta, aumentar el IVA a productos de la canasta básica familiar y servicios públicos. Este proyecto planeaba recaudar 25 billones de pesos colombianos de los ingresos medios y bajos a través de impuestos al consumo y la renta, mientras que la anterior reforma tributaria de 2019 exceptuó a grandes empresas de pagar impuestos por 9 billones de pesos. Reformas que plasman una injusta distribución de las cargas para solventar el desequilibrio fiscal.
Lo anterior es relevante para entender el llamado a las protestas, dado que los índices de pobreza se han disparado a causa de la pandemia. Desde 2020 la pobreza aumento de 31,7% a 38,7%, y el desempleo llego al 21,8%. Esto ha llevado de 17,4 a 21,02 millones de personas a la pobreza y de 4,68 a 7,47 a la pobreza extrema (CEPAL). Más allá de las cifras es útil abordar algunas razones más profundas que explican que las protestas se mantuvieran y se conviertan en una verdadera crisis política. Estas son la violencia, sla pobreza y las demandas populares.
Violencia histórica y represión de la protesta social
El marco teórico de historiadores y académicos que estudian el conflicto armado en Colombia identifican una seguidilla de violencia descentralizada que refleja el hecho de que el Estado colombiano no ha podido monopolizar el uso de la violencia. Existen grupos paramilitares de extrema derecha, guerrilla de extrema izquierda, carteles de droga, delincuencia urbana y las fuerzas de seguridad del Estado, que se disputan el control sobre áreas determinadas y así ejercer sus actividades lícitas e ilícitas. Esta lucha armada ha derivado en violaciones a los derechos humanos, desplazamiento forzado y el abandono del Estado en territorios que no puede controlar. Quienes fueron las principales víctimas de este conflicto armado son quienes ahora demandan mayores garantías para el desarrollo social en zonas rurales y urbanas. Esto explica cómo de las protestas sociales emergen diferentes colectivos que claman por seguridad en sus localidades, pero también la mesura en la represión de la protesta social.
Una posible solución que se avizoraba en algún momento era la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, pero estos acuerdos no han sido aplicados en rigor, se han desfinanciado y las instituciones creadas a partir de ellos se han intentado derogar por iniciativa del partido de gobierno Centro Democrático. En resumen, la continua violencia que ha vivido históricamente la sociedad colombiana, así como la búsqueda de justicia, la represión de las marchas y las más de 60 personas fallecidas en las protestas de 2019, 2020 y 2021 se ha trasformado en una de las principales banderas de quienes adhieren a las protestas.
Renta Básica Universal para solucionar la pobreza estructural
Al tener en cuenta las cifras antes citadas sobre los índices de pobreza en Colombia era controvertido que el proyecto de reforma tributaria buscara aumentar la carga impositiva sobre las personas naturales en un 74% y el 26% sobre las empresas, en uno de los países más desiguales del mundo. Esto se refleja en el informe del Indicé de Desarrollo Regional – Latinoamérica publicado en el segundo semestre de 2020, donde Colombia se destaca por sus altos niveles de desigualdad en la región, por detrás de países como El Salvador o Paraguay. El informe toma las variables de seguridad, educación, genero, medio ambiente, actividad económica e instituciones; dando por resultado profundas inequidades estructurales para quienes ocupan los últimos puestos.
Ante esta situación, los manifestantes abogan por una Renta Básica Universal la cual permitiría aliviar la difícil situación económica de los 20 millones de personas que han caído en la pobreza, así como por otros estímulos para detener los continuos cierres de las medianas y pequeñas empresas.
Demandas populares
Este último punto tiene una fuerte relación con el informe presentado en el Indicé de Desarrollo Regional. Si se toman las diferentes variables que mide el informe es posible observar que, tanto las desigualdades como las demandas de los manifestantes, no sólo se limitan a cuestiones económicas y de violencia, sino que también sopesan asuntos de género, salud, institucional y educativa. Solo por citar un ejemplo: en 2020 más de 100.000 jóvenes abandonaron sus estudios básicos debido a que el 63% de ellos no tiene acceso a la tecnología necesaria para ingresar a las clases virtuales. Asimismo, muchas de las regiones menos urbanizadas o rurales carecen de la infraestructura digital necesaria para acceder a la educación virtual (Pontificia Universidad Javeriana).
A esto se suma la imposibilidad de pagar los aranceles que cobran las universidades públicas y los intereses de créditos tomados para ingresar a la educación universitaria privada, impactando directamente sobre la deserción universitaria y generando una pesada carga para quienes recién se inserta en el ámbito laboral. Teniendo en cuanta lo anterior, las organizaciones estudiantiles demandan matrícula cero para la universidades públicas y mayor financiamiento a las instituciones educativas para detener el aumento de la deserción escolar, quitar la carga del arancel universitaria y mejorar el nivel educativo nacional.
Abordar la crisis socioeconómica que atraviesa Colombia es también abordar problemáticas que aquejan a la región latinoamericana: deslegitmidad del modelo económico y de las instituciones del Estado, hacer frente una crisis sanitaria sin precedentes y al aumento acelerado de la pobreza. En primer lugar, para afrontar la difícil situación, los diferentes actores políticos deben respetar el derecho a la protesta sin violentar los derechos humanos, como ha sucedido en Chile y Colombia. Segundo, satisfacer las demandas populares a través de canales institucionales e incluir a la población en la toma de decisiones. Tercero, asignar recursos para aliviar las pérdidas de la pequeñas y medianas empresas. Y cuarto, buscar fórmulas más heterodoxas para crear nuevos empleos y asistir a los sectores más golpeados, sin generar grandes desequilibrios fiscales.
De no satisfacer las peticiones de los manifestantes, las consecuencias pueden conducir a la inestabilidad estructural de la sociedad, a una dilatación de la violencia y resquebrajamiento de las instituciones políticas para la resolución de conflictos. En el caso colombiano, la actual tensión social es tierra fértil para aupar una nueva crisis política descentralizada, con consecuencias violentas, que será sencillo saber cuándo empieza, pero no cuando termina.
Sobre el autor
Camilo Torres es estudiante avanzado de Ciencia Política y Filosofía en UBA. Miembro de Fundación Meridiano @funmeridiano.
