“La condición sexual es inherente a la persona, todos somos seres sexuados, por eso es imprescindible la educación sexual”, dijo Oscar Tapia, Vicario Episcopal para la Educación.
“La ley establece que el Estado tiene la obligatoriedad de brindar la educación sexual integral. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a esa educación que es imprescindible para el desarrollo de la persona. Los lineamientos son muy claros y establecen cómo es la educación en el nivel inicial, primario, secundario e inclusive en el terciario”, relató Tapia.
El religioso calificó a la ley 26150, que establece la incorporación de la ESI en todo el país, como «bien hecha» y agregó que «por diferentes cuestiones» no se implementó de forma pareja en todo el país. “Esta carencia responde a una problemática: la gente no se sentía capaz de educar sexualmente, lo cual está bien porque es una temática difícil que hace a la identidad y a la felicidad de la persona”, remarcó.
Con respecto a las expresiones del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y la resolución de la cartera educativa local, opinó que están “muy bien”, pero aclaró que esto no es algo nuevo, porque la ley se dictó en 2006 y que muchos colegios y escuelas la están aplicando.
Recordó que en 2018, el Concejo Federal de Educación reiteró los lineamientos establecidos en 2008, y reconoció que “si hay una reiteración era porque no había una implementación pareja”.
“La iglesia, por supuesto, está a favor de la ESI, existe un documento del Vaticano Segundo, de 1964 que ya hablaba de esta necesidad de la educación sexual integral. Hay varios pronunciamientos del Episcopado Argentino de acuerdo a esto y además el CONSUDEC, (Consejo Superior de la Educación Católica), tiene materiales y manuales, es decir que siempre se ha trabajado”, aseguró.
Agregó que «nos parece bien esta urgencia que plantea el ministro de la Nación y lo que dice el ministro de la Provincia, porque nos pone a todos en esta misma urgencia que no es optativa sino que es ley y hay que cumplirlo”.
Tapia resaltó que los 16 colegios que están bajo la órbita del Obispado catamarqueño son públicos de gestión privada. «Somos públicos y la primera obligación es cumplir como ciudadanos. Tenemos nuestra impronta, pero eso no es motivo ni excusa, ni razón para no cumplir una ley como ciudadanos argentinos”, enfatizó.
También, destacó algunos de los 11 artículos que conforman esta ley y recordó que “la misma ley faculta a las comunidades educativas a incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. O sea un respeto a la cultura de cada región y al ideario de cada comunidad y a las convicciones de sus miembros”.
