Ubicada en el distrito bonaerense de Presidente Perón y considerada uno de los asentamientos más grandes del país, la masiva toma de terrenos en Guernica llegaría a su fin luego de que la Cámara de La Plata resolviera este martes ordenar su desalojo. En ese sentido, la resolución emitida indica que se ordenó “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”.
“El desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”, según sostuvieron.
Además, los jueces informan que se podrá recurrir a la fuerza pública según sea necesario: “Para la diligencia a llevarse a cabo, se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren”.
El masivo traslado de personas a esa zona de Guernica comenzó a producirse el pasado 20 de julio y a medida que transcurría el tiempo se fue poblando de chozas y estructuras precarias. En el asentamiento conviven alrededor de 2.500 familias distribuidas en una superficie de 100 hectáreas, divididas en dos terrenos.
Las casillas y chozas, fabricadas por los propios vecinos, se encuentran construidas con chapas, piedras, bolsas, maderas, ladrillos y palos. Los mismos pobladores que usurparon los terrenos son asesorados por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en causas populares.
Una de las cuestiones sobre la que los magistrados hacen hincapié es que se deberá acudir al uso de la fuerza “en el momento en que resulte indispensable y en la menor medida posible” y destacan que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.
La Cámara de La Plata informó también que “deberá notificarse al Asesor de Menores e Incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19”.
“Esta cautelar deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, sostienen en la resolución.
Además marcaron que el “juez garante deberá ordenar se proceda a la desconexión de instalaciones precarias, clandestinas e ilegales que pudieren haberse realizado en el marco de la toma de los lotes, a fin de priorizar el derecho a la salud de todos los intervinientes, como así también de quienes pudieren participar de las diligencias”.
