La protesta contra Lázaro Baéz: advertencia al Gobierno, alerta a toda la política y mensaje a la Justicia

Vecinos del country de Pilar impidieron el ingreso de Lázaro Báez. Hubo tensión y al final, fue llevado otra vez a Ezeiza.

Las imágenes, solas, dicen que todo rozó la zona de desastre. Pero finalmente la combi que trasladaba a Lázaro Báez para iniciar su prisión domiciliaria en Pilar dio la vuelta rumbo a Ezeiza. El parabrisas había quedado astillado por un mazazo o algo parecido, mientras la gente se acostaba o sentaba en el piso para cerrarle el paso. Final nocturno para un día que había empezado con las noticias sobre la excarcelación del empresario kirchnerista, múltiple procesado en causas por corrupción. Una secuencia con advertencia directa al Gobierno, un alerta más global a toda la política y un mensaje directo a la Justicia. Algo así como una reacción particular, pero que remite a la impunidad y tiene proyección incierta.

El lugar de los hechos podría motivar lecturas reducidas: un country de Pilar. Suficiente para suponer con prejuicio ideológico –ya advertible en versiones elementales de las redes sociales- que se trata de gente acomodada, clase media de mínima, enojada con el kirchnerismo. Aún visto así, no sería un dato despreciable. Pero la realidad muestra más que un episodio.

También en la tarde-noche de ayer, en el barrio de Moreno, hubo protestas. Se extendió por horas frente a una comisaría por el femicidio de una adolescente de catorce años. Creen que se habría permitido que escape el principal sospechoso. O que se actuó mal. Hubo algún episodio de choques con policías, pero no se generalizó. El reclamo de justicia era asociado a la desprotección y a la desconfianza en una fuerza pública. Pasa a menudo frente a robos violentos, entraderas trágicas, muertes por un celular.

No conviene en ningún caso la mirada lineal. En todo caso, algo asoma más o menos evidente: la impunidad, la desconfianza en la Justicia, los enjuagues políticos, la intemperie lejos del poder. Señal con destinatarios múltiples, amplificada por la crisis y el desgaste de la cuarentena, seguramente.

Incidentes en las inmediaciones de una comisaría de Moreno. Hubo protestas por el femicidio de una adolescente de 14 años.

El caso de Lázaro Báez se vincula además con un clima más amplio, de origen político y con impacto social de dimensiones imprecisas pero visibles. Se trata del plan judicial del Gobierno. Es difícil precisar cómo se mueven esas piezas, que en conjunto resultan la peor elección del oficialismo y la mejor opción para perfilarse en el caso de la oposición, lejos de resolver sus cuestiones de solidez como coalición.

Hay datos cronológicos que proyectan sombras sobre la sensibilidad de la Justicia. Desde las elecciones del año pasado, ocurrieron dos cosas concordantes: se profundizó la discusión sobre las prisiones preventivas –un debate razonable, pero parcial y distorsivo si se agota sólo en ese punto- y varios ex funcionarios lograron la excarcelación. Amado Boudou, aún sin condena firma, y Julio De Vido, entre otros. Varios con procesos en etapa de juicio oral o a la espera de su inicio.

El propio Báez cumplió casi cuatro años y medio en la cárcel con juicio en veremos. El cuestionamiento a la prisión preventiva dilatada, de hecho sin límite, tiene bases sólidas. La trampa consiste en no poner igual énfasis en la necesidad de juicios razonables en cuanto a su duración. La negación de justicia o la arbitrariedad en las detenciones no pueden ser miradas como elementos aislados.

Se ha dicho: el caso de Báez no es un hecho aislado. Primero, se amplifica por la referida seguidilla de excarcelaciones de figuras involucradas en casos de corrupción. Y en segundo lugar, pesa el plan judicial del oficialismo, que no se limita a la ya desprolija reforma de la justicia federal -salida de Olivos y cargada de modificaciones en el Senado- sino que incluye cargas con el sello de origen de Cristina Fernández de Kirchner.

Lázaro Báez, camino a Pilar. No pudo ingresar a la casa elegida para cumplir prisión domiciliaria.

En esa lista se inscribe la ofensiva para desplazar a jueces trasladados durante la gestión macrista, que sería coronada esta semana en el Senado y que abre interrogantes sobre las señales del máximo escalón de la Justicia. También se anotan las presiones sobre la Corte Suprema y el intento de remover o hacer renunciar al procurador interino, Eduardo Casal.

Esa estrategia oficialista unificó en la respuesta a Juntos por el Cambio. Y provocó el primer quiebre político profundo en Diputados, que en estas horas discute cómo evitar un conflicto mayor que paralice a la Cámara. Fue en paralelo además con un pico de crispación inexplicable, sobre todo por el contexto de agotamiento social que genera la cuarentena, con su grave efecto de profundización de la crisis económica.

En política, la convergencia de hechos no depende exclusivamente de lo que se planifica en un escritorio. Y es difícil establecer que ficha empuja a la siguiente. Pero resultan inquietantes algunas señales de estas semanas. Incluyen en primer lugar al Gobierno, pero lo trascienden en el paño de la política y se proyectan al de la Justicia. Son muchos destinatarios como para que nadie registre el conjunto. Ayer fueron Pilar y Moreno.