La crisis económica actual sumada a los cambios de gestión en las comunas llevó a que la Provincia proponga un nuevo esquema en el manejo de los recursos de cada municipio. Para el caso, busca establecer un nuevo régimen de responsabilidad fiscal municipal, el cual les congelará los nombramientos a todos los jefes comunales, sin distinción de signos políticos.

De acuerdo a lo que explicaron, el proyecto que envió el Gobierno a la Legislatura para su estudio en el periodo de extraordinarias apunta a tener lineamientos conjuntos. Es decir, no solo una proyección presupuestaria sino también en cuanto al incremento del gasto, los cargos en el sector público de las comunas, las conclusiones de mandatos en los municipios y las tasas municipales.

La propuesta del régimen de responsabilidad fiscal municipal, según explicaron, prevé que las comunas se comprometan a no incrementar la relación de cargos ocupados y, a la vez, que los montos destinados a sueldos no superen el 65 por ciento del presupuesto anual de cada municipio.

El área que estará a cargo del control y de observar los números de cada comuna es el ministerio de Hacienda Pública, a cargo de Sebastián Véliz. Esta área del Ejecutivo recibirá las proyecciones de gastos y recursos anuales de cada municipio. No será todo. Es que también deberán dar cuenta del nivel de ocupación de puestos laborales dentro del municipio. Es decir, el número de empleados en planta permanente, transitoria y contratados.

De acuerdo a lo que indicaron desde Casa de Gobierno, se aspira a que los municipios equilibren su presupuesto. En otros términos, que cuenten con un resultado financiero positivo.

De esta forma, adelantaron que dentro del proyecto enviado a la Legislatura se establece un compromiso hacia todos los jefes comunales de la provincia: congelar los nombramientos. De acuerdo a lo que comentaron, se dispondrá que los Ejecutivos municipales no incrementen la cantidad de personal en planta permanente, temporaria y contratada tomando como punto de partida el número registrado el último día de diciembre del 2019.

A ello se le sumará que entre julio y diciembre del último año de mandato, el intendente que deja el cargo no podrá aumentar el gasto corriente “salvo excepciones”.

Ahora bien, el hecho de que los jefes comunales asuman esas responsabilidades implica a la vez que, en caso de omitirlas, existan sanciones. En las que mencionaron se encuentra la imposibilidad de “recibir ayuda” financiera de parte de la Provincia. También se pondrá un tope a las transferencias desde el Gobierno cuyo origen no sea tributos locales y los fondos de coparticipación.

Existiría otra sanción. Llegado el caso de que un intendente no adhiera -ya sea mediante el aval del Concejo Deliberante a través de decreto en los casos donde la comuna no cuenta con su legislatura municipal- se le impedirá tomar deudas financieras y, a la vez, recibir alguna asistencia financiera de la Provincia y de Nación.

Elesquiú