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- Publicado: Lunes, 17 Agosto 2020 16:20
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Ampliarán las pruebas en su contra
La querella insiste en que Walter Arévalo cometió “coacción agravada”
Arturo Herrera Basualdo, el abogado del funcionario municipal Alberto Natella, aseguró que el titular del SOEM cometió ese delito, ya que bajo amenaza buscó que el funcionario diera un revés en la decisión de la baja de los precarizados municipales. –Diario de Catamarca.
eldiariodecatamarca.com
Tn diálogo con el periodista José Alsina Alcobért en el programa “En La Mira”, Herrera Basualdo rechazó las declaraciones del abogado defensor del titular del SOEM, Miguel Sarli, en las que aseguró que las denuncias presentadas contra su defendido están infundadas y descartó el delito de coacción agravada.
El letrado señaló que el gremialista pretendía que el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, diera marcha atrás con la medida tomada con 36 beneficiarios de becas municipales y adelantó que aportarán más elementos de prueba.
“Hay muchas imprecisiones con respecto a esas manifestaciones, o bien no tiene un conocimiento acabado respecto a lo que es la imputación en lo que son los elementos que se incorporaron a la causa o bien, están faltando a la verdad, o minimizando los hechos como se dieron”, dijo sobre las declaraciones de Sarli.
“La imputación en contra del señor Arévalo no está dada pura y exclusivamente por el audio y no es únicamente una simple amenaza, sino lo que se le está imputando es una coacción agravada. La denuncia específicamente está dada por la amenaza que realiza Arévalo con un grupo de manifestantes en contra del señor Natella”, aseguró.
Explicó que “amenazaron que iban a pasar cosas graves en el lugar si no era posible que se de vuelta la resolución administrativa que dispuso dejar sin efecto a las becas, contratos, o a esta gente que estaba trabajando en Higiene Urbana”.
Señaló además que hay varias declaraciones testimoniales que están incorporadas a la causa, “esas personas dan cuenta de las cosas que dijeron y la forma en que actuaron. No podemos dejar de señalar que toda esta gente se constituyó en el domicilio de Natella y la intención era presionarlo a través de la amenaza de que iban a romper todo, de que iba a pasar cualquier cosa si es que no daba vuelta la resolución administrativa que dejaba sin efecto las becas”.
“Estamos diciendo algo que es de público conocimiento, el señor Arévalo manifestó esto a través de distintas notas periodísticas, y llamo públicamente a la manifestación, no estamos diciendo algo nosotros, está documentado en los medios”, dijo.
Por otra parte, Herrera Basualdo defendió el proceder del fiscal Horacio Brizuela, que fue cuestionada por la defensa de Arévalo.
“La actuación que tuvo el fiscal fue legítima y basada en pruebas que se incorporaron al expediente, de ninguna manera es una decisión arbitraria la que se ha tomado. Ha reunido ciertos elementos, que le han permitido de sospecha necesaria para la imputación”, dijo.
Mientras que adelantó que tiene entendido que este lunes el fiscal solicitaría el control de detención ante el Juez de Control de Garantías.
“Es un procedimiento normal y habitual en la sede de cualquier fiscalía de instrucción de toda la provincia. Una vez que se realizó la denuncia, se trata de recolectar los elementos necesarios para comprobar si existieron o no los hechos y es lo que se hizo, la denuncia se hizo en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la tarde se recabaron las declaraciones testimoniales, se visualizaron los teléfono se tomaron las declaraciones a los testigos y terminando la noche se tomo una resolución, es algo normal y habitual que se toma en cualquier tipo de causa”.
“No todos los días estamos en presencia de una coacción agravada, no estamos hablando de una amenaza simple, que es el delito que comúnmente se denuncia, acá lo que se denunció es coacción agravada que está prevista y tipificada en el Código Penal y es diferente a una amenaza simple”, aclaró.
“La coacción agravada constituye una amenaza agravada porque se está compeliendo a una persona para que haga algo y a su vez esa amenaza se encuentra agravada aun mas cuando se trata de una persona que forma parte de los órganos del Estado”.
También defendió el procedimiento de detención y aseguró que “no veo en que cambia el lugar de detención, los derechos se han respetado en todo momento, se respetaron los plazos, creo que el lugar donde se haya alojado nada influye. Se respetaron todos sus derechos constitucionales”, sostuvo.
Finalmente explicó que este martes se constituirán formalmente como querellantes en la causa y adelantó que se aportarán más elementos de prueba.
Rechazo
Por su parte, Miguel Sarli, en diálogo con La Isla había asegurado que no existió coacción agravada, debido a que la decisión de una reincorporación del personal, sea becado o no pasa pura y exclusivamente por decisión del intendente y no en el funcionario a cargo del área.
En este sentido, minimizó la denuncia a una supuesta “amenaza”, que aseguró no existió, puesto que no se constituyó de manera directa y en contra de la integridad del funcionario, e incluso ironizó con que si se tomaba como amenaza las palabras que surgieran de una muchedumbre en medio de una protesta, las denuncias abundarían en el fuero judicial.
