Casi seis meses después del 20 de diciembre de 2023 en que aplicó por primera vez su protocolo antipiquetes y habilitó la línea 134, la ministra Patricia Bullrich logró su cometido. El lunes pasado la Justicia ordenó allanar a una veintena de militantes del Polo Obrero, FOL–Coordinadora y Barrios de Pie en una causa contra sus referentes porteños por supuesta extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a que participaran de aquella manifestación que homenajeó a los muertos de la represión del 2001. Pese a que el expediente se basó en apenas 5 testigos de Capital Federal –de entre 924 denuncias telefónicas corroboradas, de 2.720 llamados atendidos–, la fuerte repercusión mediática echó un manto de sospecha contra todas las agrupaciones sociales y piqueteras, ya sean de izquierda o peronistas. Pero, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué dicen, quiénes integran, qué hacen y cómo funcionan los movimientos señalados por el gobierno de Javier Milei?
“Por supuesto que en un movimiento tan masivo puede haber alguna persona que incurra en alguna conducta de corrupción. Pero la asamblea es el método de construcción y autocontrol: directamente son las asambleas las que separan si alguien robó, y se le aplica una sanción”. Jeremías Cantero tiene 34 años y es el referente del PO en CABA investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello. Habló con elDiarioAR el jueves, en la previa a una reunión en Villa Soldati, donde encabezó una asamblea que discutió el impacto interno de la denuncia.
“¿Qué organización va a querer que en su nombre se cometa un delito, que se la tilden de mafia? Tenemos más de 30 años de trayectoria. Los que militamos no tenemos ningún rédito personal, al contrario: muchas veces exponemos nuestra salud, nuestra vida, y ninguno de nosotros es un jetón que no está en un barrio”, expuso por su parte Analía Zárate, miembro del FOL y quien aceptó hablar en representación de sus ocho compañeros imputados por la Justicia, entre ellos su vocero más conocido, Carlos “Charly” Fernández Kostiuk.
“Las denuncias pueden existir, pero hay un proceso de buscar generalizaciones y de construir una lógica de que ese es el funcionamiento de todo el universo de los movimientos sociales, que no tiene que ver con la realidad. De hecho, la línea de denuncia fue una iniciativa a pedido de las organizaciones y ahora eso llevó a que se canalicen en la Justicia el 0,3 por ciento del universo de beneficiarios. Es una expresión ínfima”, apuntó Daniel “Chucky” Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.
Plan congelado y sin alimentos
Las agrupaciones sociales están en estado de asamblea permanente, pero no solo por lo que se conoció esta semana. A la crisis económica por la inflación se le sumó que Milei abandonó la asistencia en las barriadas populares y más pobres. Desde que asumió, el ministerio de Capital Humano congeló, pese a la inflación, el ingreso del ahora ex Potenciar Trabajo en $78.000 para los 1,2 millones de beneficiarios, quienes no cobran a través de las cooperativas sino vía cuenta bancaria personal con su tarjeta de débito. Incluso desde la aplicación Mi Argentina cada persona puede cambiar de Unidad de Gestión en la que quiere participar.
En el medio, el Gobierno dividió en dos el programa –los que realizan tareas productivas y quienes llevan adelante una capacitación–, pero sobre todo eliminó cualquier tipo de control de las contraprestaciones mensuales de cuatro horas diarias: ya no la hacen las organizaciones, pero tampoco el Estado. En ese marco, la cartera de Sandra Pettovello cerró el grifo del envío de alimentos secos para el sinfín de comedores populares en CABA y el conurbano.
El PO tiene en Capital Federal unos 5.000 miembros que reciben el exPotenciar, muchos de los cuales se desempeñan en los 40 comedores de la agrupación trotskista repartidos en las villas porteñas. “Cada persona con su tarjeta personal cobra su propio monto. Luego sí existe una lucha por unir los recursos, como cualquier organización sin fines de lucro para subsistir. Se realiza un aporte voluntario de hasta el 2 por ciento”, aseguró Cantero, que explicó que esos recursos incluso se destinan a mantener abiertos los comedores y hasta para la logística de reparto de los alimentos: “Hace tiempo que el Gobierno no entrega ni un kilo de arroz, pero cuando lo hacía te mandaba todo a granel a un depósito. Nosotros nos encargamos de llevar la comida a cada comedor con nuestros propios fletes, más alquilar los espacios y equipar las cocinas”.
Esa situación de vulnerabilidad es por la que Cantero justifica el hallazgo de la Justicia de una serie de “listas de espera” en los allanamientos. El fiscal Pollicita denunció una suerte de estafa piramidal donde los beneficiarios del plan debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” y que para recibir las cajas de alimentos debían entregar “cápitas” o “cuotas”. “Hay una manipulación de la información. En realidad hay un esfuerzo enorme por mantener un funcionamiento de comedores que no dan a basto. La lista de espera es para ingresar a un programa social o una asistencia alimentaria, que cada cooperativa hace llegar al Estado. Pero como el plan social está congelado y no entregan más comida, hoy en día para el Gobierno todos serían listas de espera. Nos fuerzan a estirar la olla o la ración de comida, y se prioriza las situaciones de las personas más vulnerables”, denunció Cantero.
“El Potenciar Trabajo no es un plan social, porque no es una ayuda como la tarjeta Alimentar o la Asignación Universal, que son más fondos ligados a la asistencia. Es un programa de acceso al empleo, con todas las precariedades que tiene, porque es el Estado tercerizando y precarizando a los trabajadores. Sobre cada obra que hacemos se elaboran convenios y el Estado tiene que garantizar materiales y herramientas, son auditadas y se entregan rendiciones”, explicó Zárate. Según detalló, el FOL tiene unos 13.000l miembros a nivel nacional abocados no sólo en sus comedores, sino que también llevan adelante huertas agroecológicas, actividades de promoción de salud en los barrios, y hasta obras públicas de baja intensidad: construcción de veredas, plazas, jardines, instalaciones de redes de agua potable. Hay algo más allá que los piquetes.
De Barrios de Pie también la Justicia investiga a un grupo de coordinadoras de comedores en CABA. “Cayeron en el revoleo, pero no hay nada”, recogió este medio en la organización, la única del gremio de la economía popular UTEP que estaría involucrada en las supuestas extorsiones de diciembre. Pese a la narrativa oficialista, no hay acusaciones contra el Movimiento Evita, con Emilio Pérsico a la cabeza, y el MTE de Juan Grabois. “Los movimientos sociales tienen un esquema de honestidad de hace tiempo y no convalidamos prácticas extorsivas. No hay acusaciones de enriquecimiento hacia los dirigentes”, argumentó Menéndez, quien fue funcionario de Desarrollo Social y hoy integra el gabinete de Axel Kicillof.
Criminalización de la organización social
El PO presentó un pedido de nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el allanamiento a su depósito de la calle Monteagudo 730, la sede formal de la Asociación Civil Polo Obrero, donde hay una imprenta y un taller de serigrafía, y hasta sirve de espacio de clases de música del grupo Las Manos de Filippi. Aseguran que los efectivos de la Policía Federal cortaron las cámaras de seguridad al entrar al local. A Cantero en su domicilio le secuestraron unos $70.000 y a su pareja le secuestraron us$2.000 que, según él, eran sus únicos ahorros. Reconoció a elDiarioAR que hasta agosto pasado fue empleado contratado del ex ministerio de Desarrollo Social.
Desde el FOL cuestionaron que se difundió públicamente hasta el nombre de los acusados pese a que el expediente estuvo en secreto de sumario al inicio de la semana. “En la causa tenías las fotos de las personas a allanar, que no eran de sus redes públicas o sus DNI. Hubo seguimiento previo, un trabajo de inteligencia”, señaló Zárate. A la ministra Bullrich la Justicia le rechazó un pedido de ser querellante. Y ahora Petovello hizo un pedido similar.
“Acá hay un intento de criminalización y de quebrar a las organizaciones que en los barrios están peleando contra el hambre y el trabajo”, contraargumentó Cantero. “Hay una intencionalidad de desarticular la organización comunitaria que ven como un obstáculo para su programa económico. Era esperable la persecución, que te caguen a palo en cada movilización y que avancen con un esquema cada vez más duro. Estamos en el ojo de la tormenta, esta es una Gestapo social”, graficó Menéndez.
“Están queriendo construir que somos una mafia, hacernos objeto de odio de la sociedad para demonizarnos y después hacer un vaciamiento de toda la política social”, denunció Zárate, que vaticinó que si la crisis social se profundiza y se rompen las redes de contención, las barriadas quedarán a merced del narcotráfico. Sin embargo, planteó que Milei no pondrá avanzar sobre las organizaciones sociales: “¿Qué hace que las personas teniendo la libertad de elegir a qué agrupación sumarse, teniendo un salario paralizado y sin recibir mercadería, eligen organizarse? El movimiento piquetero tiene 30 años porque aprendimos a tener creatividad para, desde la nada misma, generar una herramienta de lucha de un montón de personas a las que el sistema quiso definir que no eran trabajadoras. Aprendimos que la única forma de subsistir en este sistema de miseria y hambre es, justamente, estar organizado”.
MC/JJD
