Más de la mitad de las personas que tuvieron conflictos judicializables en los últimos dos años no realizaron la denuncia y la dificultad para acceder a la Justicia se acentúa en sectores pobres y de escasos recursos, asegura el informe «Acceso a Justicia y condiciones de desigualdad social» presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación y la Universidad Católica Argentina (UCA).
El informe, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que contó con 5.722 encuestados (todos mayores de 18 años) de 20 aglomerados urbanos de todo el país, recopiló datos sobre las insuficiencias del sistema judicial y las posibilidades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus necesidades jurídicas.
Del informe se desprende que un 20% de los encuestados, o sus familiares, han enfrentado en los últimos dos años conflictos difíciles de resolver, y que podrían derivar en problemas legales.
Casi el 70% de ese porcentaje buscó ayuda o acudió a una institución, el 22% no hizo nada y casi un 8% intentó resolverlo por su cuenta.
El 53,6% de las personas que tuvieron conflictos difíciles de resolver no hizo la denuncia correspondiente.
«Esta conducta fue más frecuente en el conurbano bonaerense y ciudades del interior, generalmente en hogares con carencias», precisó el informe.
Luego de recibir la ayuda buscada, el 62% se declaró insatisfecho con los resultados obtenidos en relación con el conflicto, mientras que la insatisfacción se reduce cuando se recurre a un abogado privado.
«La negación de acceso a la justicia es una causa y consecuencia de la pobreza, y esto tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de las personas», aseguró la secretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez.
«Esta dimensión del acceso a la justicia civil es necesaria para que las personas puedan redirigir sus quejas, accedan a sus derechos, y para la realización de una agenda más amplia de desarrollo sostenible. Sin la inclusión de mediciones sobre el acceso a la justicia civil será un desafío aún mayor lograr el monitoreo global requerido para acortar la brecha del acceso a la justicia», indicó Rodríguez.
Este informe buscó determinar en Argentina aspectos fundamentales de la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que van más allá del sistema de justicia penal, haciendo especial énfasis en las necesidades cotidianas de justicia civil, y especialmente a las personas en condición de pobreza y los grupos en mayor riesgo.
«Esto es parte de la deuda social, que son privaciones injustas, son ciudadanos que no ven satisfechos sus derechos. Los conflictos deben ser resueltos de manera justa y tenemos un problema si una parte de la población no tiene un acceso igualitario», aseveró el director de Investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia.
«Esto es un indicador de problemas más grandes, de desigualdades estructurales que se van profundizando», advirtió.
