Tras la luz verde legislativa, la meseta central de la provincia de Chubut será un territorio habilitado para la explotación minera, como lo son las provincias de Catamarca y San Juan, los dos distritos más ricos en minerales que, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, pudieron sortear las pocas trabas que impusieron los grupos opositores. La presión ejercida por los grupos ambientalistas, las comunidades de la zona de la cordillera y ciertos grupos políticos había impedido, hasta esta semana, la aprobación de la megaminería en Chubut, que está prohibida en Mendoza, pese a los esfuerzos de algunas facciones por habilitarla. La explotación a cielo abierto se encuentra prohibida también en Córdoba, San Luis, Tucumán, Tierra del Fuego y La Pampa.
Catamarca y San Juan son las dos provincias donde la minería constituye una de las actividades productivas principales. En Catamarca, la extracción comenzó a gran escala en 1997, con la explotación del «Bajo de la Alumbrera», yacimiento de cobre, oro y molibdeno ubicado al noroeste de la provincia, a 400 km de San Fernando del Valle de Catamarca.
El contexto nacional era muy favorable, con el expresidente Carlos Saúl Menem como promotor: en 1993, bajo su mandato, se sancionó la Ley de Inversiones Mineras (24.196), que garantizó a los inversores extranjeros estabilidad tributaria y fiscal. A través del Acuerdo Federal Minero (Ley 24228), ese mismo año, Menem buscó la armonización de los procedimientos provinciales.
Al momento de desarrollar la megaminería, no hubo conflicto con los grupos ambientalistas o con las comunidades que vivían en la zona. Desde el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca aseguran que el proyecto pasó sin inconvenientes por la Legislatura.
“Ahora tenés algunos grupos menores que cuestionan algunos proyectos, como Aguas Ricas, proyecto integral que es la continuación de Bajo la Alumbrera. Pero la sociedad de Catamarca apoya la minería”, sostienen desde el Ministerio en diálogo con eldiarioAR. El turismo, la agroindustria y la minería son las tres principales actividades productivas de Catamarca, “siendo esta última la que más dinero deja de impuestos y salarios”.
No es casualidad entonces que la Secretaría de Minería nacional, Fernanda Avila, cuya designación se formalizó este miércoles a través del Decreto 847/2021, haya sido, hasta hace unas pocas semanas, la Ministra de Minería de Catamarca. Tras la renuncia del sanjuanino Alberto Hensel, quien había ocupado el cargo desde la asunción de Alberto Fernández, Catamarca presentó la propuesta de Avila como posible reemplazante, que fue aceptada rápidamente por Matías Kulfas.
A Catamarca la siguió la provincia de San Juan, que también gozó, bajo la presidencia de Menem, de ventajas para la actividad exploratoria del terreno. El primer proyecto de megaminería de San Juan se desarrolló en el año 2003, «Emprendimiento de Veladero». Luego, en el 2007 y 2009 comienzan otros proyectos también de megaminería.
«Se fue dando un consenso progresivo de que había que avanzar en uno de los principales potenciales que caracteriza a la provincia de San Juan: el geológico-minero», aseguraron desde el gobierno de San Juan. «Hubo una decisión política que fue acompañada por el 90% de la sociedad sanjuanina. Acá la minería es una política de estado que cuenta con un importante consenso de la sociedad, porque ellos mismos advirtieron el efecto multiplicador de la actividad”.
En Mendoza, en cambió, la megaminería nunca pudo prosperar, gracias a la presión de grupos ambientalistas y ciertos sectores de la sociedad. En 2007, bajo el mandato de Julio Cobos, se estableció la ley 77.222, que prohibía el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias en los procesos mineros.
Cuando, bajo el gobierno de Rodolfo Suárez, se intentó modificar esta ley para pasar a una actividad minera de gran escala, gran parte de la sociedad cuyana se movilizó en contra. Desde el gobierno mendocino aseguran, sin embargo, que la megaminería no prosperó por la presión de «una parte pequeña de la sociedad». “Los que estaban a favor del desarrollo de una minería potente, que eran muchos, no salieron a la calle”, sostienen desde el gobierno de Mendoza en diálogo con eldiarioAR.
“Sin embargo, más allá de que exista la posibilidad, para el gobernador Rodolfo Suarez es un tema terminado. No lo va a poner nuevamente en debate”, agregan.
En Neuquén existieron tres intentos de exploración de yacimientos metalíferos que no avanzaron al status de megamineria, por interposición de acciones de hecho y judiciales de grupos ambientalistas. «Todo proyecto debe traer consigo un informe de Impacto Ambiental. En todos los casos, a través de este procedimiento, los grupos organizados tomaron conocimiento y comenzaron acciones contrarias que impidieron su avance», comentan desde el gobierno neuquino.
En otras provincias, como Jujuy y Salta, la actividad minera es de menor escala que en San Juan y Catamarca, pero constituye una actividad importante dentro del sector productivo provincial. En octubre pasado, los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Sáenz, junto al catamarqueño Raúl Jalil, firmaron un tratado por el cual se creó la “Región Minera del Litio”.
En Jujuy, las inversiones de las compañías Orocobre, Exar, Toyota, Sales de Jujuy y Ganfeng Lithium superan los 1.000 millones de dólares. El gobernador Geraldo Morales tras finalizar la exploración y exploración de los yacimientos, busca convertir a Jujuy en una provincia productora de baterías de litio. Esta iniciativa fue formalizada en mayo de este año a traves de un memorándum firmado por el gobernador jujeño, el ministro Matías Kulfas y el vicepresidente de Ganfeng Lithium.
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