A tres días de las elecciones generales del 27 de octubre, el Gobierno oficializó diversas convocatorias para cubrir 333 cargos en áreas como el INADI, el Ministerio de Justicia, la secretaría de Legal y Técnica y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. De acuerdo se informó de manera oficial, se trata de un proceso de 4883 concursos impulsados tanto por Mauricio Macri como por Cristina Kirchner, que avanzó con más velocidad luego de las PASO (la semana se conoció una convocatoria similar).
Estas futuras designaciones ya fueron cuestionadas por el kirchnerismo, al considerar que no deberían hacerse en un contexto de elecciones y ante un eventual cambio de Gobierno. Para el diputado de Mendoza por el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, la convocatoria oficial viola el decreto 632, firmado por Macri en julio de 2018, que congeló la cantidad de contratados y las plantas permanentes y transitorias, y también la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El Jefe de Estado firmó el mencionado decreto con el objetivo de ahorrar 25.000 millones de pesos. Entre los argumentos, se afirmó que “la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos». «La asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos”, se agregó en el texto.
El secretario de Modernización y vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, ya había replicado las críticas la semana pasada al señalar que se trata de “acusaciones infundadas”. “Las vacantes publicadas no son designaciones ni están destinadas a personas que ingresaron durante esta gestión; tampoco implican un aumento de la planta del Estado porque son puestos de trabajo ya ocupados, por lo tanto no está en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal ni del Decreto 632/18”, expresó el funcionario en las redes sociales.
Y agregó: “Se trata de convocatorias a concurso para empleados que trabajan hace más de 10 años en la Administración Pública Nacional. Esta es una política que se viene desarrollando desde 2016 y que implica el ingreso o permanencia en el Estado bajo criterios de mérito e idoneidad. Estos concursos no son un mero pase a planta automático, sino que son procesos donde se deben validar competencias y antecedentes, rindiendo exámenes y acreditando requisitos específicos, conforme a los convenios colectivos de trabajo”.
Ibarra, además, hizo una comparación entre el gobierno de Juntos por el Cambio y las administraciones de Néstor y Cristina Kircher en cuanto a la incorporación de personal al Estado. “Hablan de refugiarse en el Estado a costa de los argentinos. Una paradoja, precisamente es lo que ellos hicieron de manera inescrupulosa antes de irse en 2015. Sería bueno recordar que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la Administración Pública Nacional creció indiscriminadamente un 91% (+110.700 puestos), mientras que el gobierno de Mauricio Macri la redujo un 18.5% (-44.800 puestos)”, agregó en su momento.
A raíz de este proceso, las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, firmadas por el secretario de Empleo Público, Pablo Martín Legorburu, el diputado Carmona presentó un proyecto para derogarlas. También se establece lo siguiente: “Dispóngase que durante los seis meses previos año del año de fin de mandato y de elecciones de medio término, el Poder Ejecutivo no podrá realizar designaciones de personal de planta permanente, temporal y/o contratado aun estando estos vacantes y autorizados, ni tampoco llevar adelante concursos o procesos que impliquen cobertura de cargos”.
“Queda exceptuada de esta prohibición las designaciones que se encuentren fundadas en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural declaradas por ley”, agregó el texto.
