La Fiscalía de Chile abrió una investigación por la violenta protesta y ataques a un grupo de inmigrantes venezolano y dispuso medidas de protección para los 16 extranjeros atacados.
El sábado anterior, alrededor de tres mil personas se congregaron con banderas y pancartas con leyendas de y al grito de “¡Fuera ilegales!”.
La violenta protesta terminó con la quema de pertenencias de familias migrantes. Ante esta situación la fiscal Jócelyn Pacheco de la ciudad de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones que investigue los hechos ocurridos.
“Ayer me sentí muy asustada, con tanta xenofobia, los niños lloraban y me decían ‘mamá vamos a escondernos, a escondernos’. Nos gritaron algunos de los manifestantes mandándonos a nuestro país, pero la policía trancó las calles para protegernos”, fueron uno de los relatos de las víctimas.
Los 16 migrantes atacados, entre ellos niños y ancianos, tuvieron que huir con lo poco que lograron rescatar y dormir en calles y playas de Iquique. El gobierno venezolano expresó su repudio a “la xenofobia y las agresiones” que recibieron los migrantes en Chile.
Además, los hechos violentos por parte de los manifestantes chilenos, recibieron la condena del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien calificó el incidente como una “inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables”.
Por su parte, Unicef expresó “su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique” y le exigió al Estado chileno “garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país”.
Además, 24 organizaciones de ayuda a inmigrantes y de derechos humanos manifestaron su repudio a los ataques y pidieron al gobierno de Sebastián Piñera soluciones a la problemática migratoria. Entre esas soluciones, enfatizaron en el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas y el inicio de procesos de regularización para los extranjeros.
Por su parte, el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, expresó su desacuerdo a la protesta, no obstante afirmó que va a “seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran” y también “con el plan de expulsiones” de personas indocumentadas que lleva a cabo el gobierno chileno y agregó: “Tenemos que seguir dando señales de orden”.
Esta preocupante situación se vio tras la crecida de la llegada de inmigrantes venezolanos a Chile. La mayoría de ellos intentan llegar a Santiago. Mientras que los más humildes se quedan en Iquique u otras ciudades del norte del país, alojandose en las calles en condiciones de lo más precarias. Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos sumaron 23.673 hasta julio, lo que significó casi siete mil más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre.
