Fernando Bossio, afirmó: «El Pami les garantiza a sus afiliados, a través de su red de prestadores, el acceso a la Ley de IVE».
Extraoficialmente, se pudo saber que habría unos 3.000 afiliados del Pami en condiciones de demandar la práctica de aborto legal, seguro y gratuito.
Por otra parte, con relación a la situación de aquellas instituciones médicas que se pronunciaron públicamente como objetoras de conciencia, Bossio dijo que, “como prestadoras, las clínicas no pueden argumentar objeción de conciencia».
«Esto les cabe a las personas físicas y no a las personas jurídicas. Si en una clínica sus profesionales se niegan a aplicar la IVE, por la relación contractual que tiene con el Pami, esa institución sanatorial debe buscar reemplazantes o, en su defecto, derivar la prestación del servicio a otra institución que sí lo haga», explicó.
