“Las instituciones democráticas brasileñas deben proteger los derechos al voto y la libertad de expresión” advirtió la organización Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022. Para la ONG, pueden existir tentativas de “subvertir el sistema electoral por parte del presidente Jair Bolsonaro”, a quién identificó como “un fervoroso defensor de la brutal dictadura militar brasileña” que gobernó el país entre 1964 y 1985.
Tal vez ilusionado con un eventual triunfo, el jefe de Estado brasileño retomó a fines de diciembre una senda que había abandonado temporariamente: volvió a incentivar la “guerra” con el Supremo Tribunal Federal, con acusaciones falaces contra el magistrado Luis Roberto Barroso, quién además preside el Tribunal Superior Electoral, fiscalizador de las presidenciales del 2 de octubre de este año. Lo acusó de “revocar” las libertades democráticas para beneficiar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. En términos toscos, el presidente se interrogó acerca de ese juez de la Corte: “¿Quién se cree que es?” y luego embistió con una imputación: “El tiene candidatos. Sabemos que, al igual que (el ministro) Alexandre de Moraes, es defensor de Lula, quieren a Lula como futuro presidente”.
A lo largo del año, Bolsonaro no ahorró críticas al sistema electoral brasileño. Según el site “Poder 360”, lo cuestionó en 21 oportunidades por entender que experimentó diversos fraudes, inclusive en la contienda de octubre de 2018 que fue la que le dio la victoria y, por lo tanto, el acceso al Palacio del Planalto en enero de 2019. Contra la Corte Suprema, se expidió al menos 12 veces durante el año pasado. Los ataques al STF no se limitaron a los futuros comicios: a sus jueces los denostó por haber anulado todas las condenas que pesaban sobre el ex presidente Lula, lo que habilitó la candidatura del líder petista. Pero también los agredió verbalmente por decisiones que tomó la Corte con relación a la pandemia, medidas que frenaron al “negacionismo” bolsonarista.
De acuerdo con el dossier de HRW, Bolsonaro se dedicó especialmente a “diseminar informaciones falsas” sobre las vacunas contra el Covid-19. Además, promovió políticas contrarias a los derechos humanos, que afectaron tanto a los pueblos indígenas, como a las mujeres y a las personas con deficiencias.
Uno de los asuntos más relevantes durante los 3 años de mandato que lleva el ex capitán del Ejército, fue el aumento récord en la “letalidad policial”. En 2020 el país experimentó el mayor número de muertes que provinieron de la intervención policial.
Fueron también notorios los bloqueos que el jefe de Estado impuso, en su Twitter, a 82 periodistas y siete medios de prensa. Así lo reveló un documento de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación. Ese dato coloca a Bolsonaro en el tope del ranking de los presidentes que más restringen el acceso de los profesionales a sus perfiles.
La ONG evaluó que las próximas elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias y de gobernadores estaduales, “permitirán testear la fuerza de la democracia brasileña frente a las amenazas” reiteradamente enunciadas por el actual ocupante del Planalto. “Bolsonaro intentó debilitar los pilares de la democracia mediante referencias infundadas a un fraude electoral” sintetizó la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu.
El miércoles, el gobernante volvió a insistir con palabras fuertes, sobre el “peligro” de una victoria del ex presidente Lula, como indican todas las encuestas. Fue mientras discurseaba en una ceremonia oficial en la casa de gobierno. Dijo que si gana el petista “será un delincuente reconducido a la escena del crimen”. Con todo, no fue la peor intimidación proferida contra su contendiente. Hace un par de semanas Bolsonaro sorprendió cuando dijo que, si el adversario sigue con vida y activo en la política, es gracias “a la ineficiencia de nuestro gobierno”.
EG/WC
