POLICÍAS APARTADOS EN SAUJIL
Lo hizo el diputado provincial José “Chichí” Sosa. Dijo que falta celeridad en la causa administrativa.
El diputado de la UCR José “Chichí” Sosa realizó una presentación ante el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, en la que solicitó que se deje sin efecto la situación de disponibilidad de los policías sumariados tras el femicidio de Cinthia Aranda en Saujil, Pomán.
Cuestiona el legislador que la principal acusación por la que recae la investigación administrativa tiene que ver con la situación en la que el policía Diego Ortega se encontraba en el patio de la comisaría supuestamente tomando mate, puntualizando que los “afectados” entienden que el arrestado se encontraba en ese sector por disposición del secretario de Fiscalía de la 2da. Circunscripción de Andalgalá y por el fiscal Martín Camps.
Sosa presentó la nota a Aguirre el 14 de marzo pasado como “representante legislativo y en mi condición de vecino de la localidad de Saujil” señala la presentación y tras recibir peticiones de familiares y miembros de la fuerza policial que fueron pasados a disponibilidad.
“Los afectados, como consecuencia de esta medida de manera inmediata sufrieron un recorte del 50 por ciento de sus haberes” puntualiza Sosa.
“En razón de lo ocurrido, 19 efectivos que cumplieron servicio el día de los hechos descripto fueron notificados del inicio de un sumario administrativo; y entre ellos 6 efectivos fueron pasados a situación de disponibilidad. (…)” puntualiza la nota a la que tuvo acceso El Ancasti.
“La acusación principal por la que recae la investigación administrativa y de la que fueron notificados los “afectados” tiene que ver con que supuestamente no se hizo la debida custodia del detenido y que tuvieron una actitud corporativa con el femicida Ortega al haberlo alojado en la parte posterior de la comisaría sentado bajo de una parra y que supuestamente habría estado tomando mates en bombilla con el personal policial” manifestó. Dijo que los policías señalaron que Ortega estaba en ese sector “por disposición de Alejandro Scidá, fiscal subrogante, quien se hizo presente en horas tempranas de la mañana; y esa misma disposición fue sostenida luego por el fiscal natural Martín Camps, quien con su presencia se hace cargo de las actuaciones a partir de las 11. Camps estuvo presente en todo momento en el interior de la comisaría avalando cada una de las actuaciones; a su vez, es el propio Fiscal quien dispone el traslado del arrestado y se sube al mismo móvil policial con destino a la ciudad de Andalgalá”, detalla en la nota el diputado.
Retraso
Finalmente puntualiza que “se hace referencia a que Fiscalía habría iniciado una investigación en base a la acusación de la que fueron notificados los ‘afectados’, esto es totalmente falso ya que por parte de la Fiscalía no existiría ningún tipo de investigación penal en contra del personal policial sumariado”.
Sosa también se refirió al sumario administrativo que es llevado adelante por Asuntos Internos.
“En este expediente administrativo que se sustancia en la Dirección de Asuntos Internos solamente se encuentran incorporados los descargos del personal involucrado; testimonio del personal de Gendarmería Nacional que intervino en las pericias realizadas; y algunos pedidos de informe por parte de Instrucción, observando con ello una falta de celeridad en la instrucción atento a la gravedad de la situación que están viviendo los ‘afectados’, habiendo trascurrido más de 40 días de producidos los hechos”, expresó.
“Los policías solo cumplieron las órdenes emanadas de los funcionarios judiciales, de allí la injusticia de tan severa sanción y el reclamo de los ‘afectados’ para que se pueda reconsiderar la forma de cómo inició la investigación administrativa contra ellos”. El diputado también cuestionó que no se haya presentado algún superior desde la Jefatura Policial.
“Desde el primer momento en que se tomó conocimiento de este lamentable hecho, 1.15 aproximadamente y hasta la finalización de la manifestación frente a la comisaría como a horas 19 del día 4 de febrero, la Superioridad con asiento en Capital estuvo informada al detalle de lo que estaba sucediendo, pero en ningún momento se hizo presente algún funcionario policial superior para ponerse al frente de tan complicada situación, pero ocurrió que fueron demasiado rápidos para anunciar públicamente tan rigurosa medida contra los ‘afectados’, violando derechos que les son propios, como ser una debida y formal notificación y una real acusación”.
“El camino siempre debe ser el de la racionalidad, máxime en tan alta responsabilidad, es evidente que el señor Ministro debería evaluar, con carácter de urgente, dejar sin efecto la situación de disponibilidad que recae sobre los ‘afectados’”.
Hasta el momento no hubo respuestas desde el Ministerio de Seguridad a la nota presentada. Días pasados familiares de los policías se manifestaron reclamando soluciones.
