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Ana María Gutiérrez nació en 1940 en la localidad pampeana de Villa Mirasol y desapareció en Vicente López en 1976, junto a su pareja. Tenía un embarazo de tres meses cuando fue secuestrada. Ana María Gutiérrez nació en 1940 en la localidad pampeana de Villa Mirasol y desapareció en Vicente López en 1976, junto a su pareja. Tenía un embarazo de tres meses cuando fue secuestrada.

El gobierno de La Pampa, a cargo de Sergio Ziliotto informó que busca al nieto apropiado de una desaparecida pampeana durante la última dictadura militar, sobre el que no se conocía su historia hasta ahora y que habría nacido en cautiverio, según las investigaciones preliminares.

El hecho desconocido fue confirmado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos provincial, Daniel Bensusán, quien se puso a disposición de la organización Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar en su búsqueda.

El funcionario detalló que se trata del caso de Ana María Gutiérrez, nacida en 1940 en la localidad pampeana de Villa Mirasol y desaparecida en Vicente López en 1976 junto a su pareja, cuando estaba embarazada de tres meses: “El nombre Ana María no estaba incluido entre las víctimas de La Pampa hasta el momento”, explicó el ministro y detalló que la identidad de la mujer surgió del relevamiento realizado por el periodista Norberto Asquini para la Subsecretaría y con información de Abuelas de Plaza de Mayo.

De acuerdo a los datos de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana María era trabajadora industrial, aunque figuraba como “modista” en el padrón oficial. Comenzó su militancia en la Juventud Trabajadora Peronista por su ocupación y luego integró la organización Montoneros. Antonio Prieto, su pareja, de profesión taxista, militó en Poder Obrero y posteriormente en el PRT-ERP. Ambos continúan desaparecidos.

Según el sitio de Abuelas, ambos militantes “posiblemente hayan permanecido detenidos en el CCD El Campito de Campo de Mayo”. No hay mención de ellos en ninguna causa por delitos de lesa humanidad. Y menos su hijo o hija que habría nacido en cautiverio.

“Tenemos la sospecha cierta de que estamos ante un caso de hijo o hija apropiada durante la dictadura. Estaríamos hablando de una persona de 43 o 44 años”, afirmó el secretario de de Derechos Humanos provincial, Juan Pablo Fasce.

“Queremos recuperar cada nombre, cada historia de vida de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia”, expresó el ministro a la agencia Télam. “Reafirmamos la decisión política de seguir en la tarea de reconstruir la lista de pampeanos y pampeanas, víctimas de delitos de lesa humanidad”, agregó.

El hallazgo forma parte de un “trabajo de identificación de nuevos casos de pampeanos en el país a partir del gobierno de Carlos Verna y ahora comienza a tener resultados en la actual gestión del gobernador, Sergio Ziliotto”, puntualizó Bensusán.

“Para nuestro Gobierno, es parte de la construcción de la verdad histórica de la provincia e implicar rescatar sus historias de vida y acompañar con ese reconocimiento como víctimas a sus familiares y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia desde La Pampa”, justificó.

Bensusán comentó que La Pampa ya logró en 2017 recuperar la identidad de la hija de Lucía Tartaglia, otra de las pampeanas víctimas de desaparición forzada. Con el nuevo dato, ahora “Ana María será incorporada a la lista de las víctimas pampeanas del terrorismo de Estado, una lista que lejos está de ser cerrada y a la que también se sumará la búsqueda de su hija o hijo”.

A recordar el Día de los Derechos Humanos en La Pampa, que se conmemoró el 14 de julio pasado, el funcionario remarcó que “esa fecha sirve a las pampeanas y los pampeanos para recordar lo ocurrido durante la dictadura militar en la provincia, y el hecho más brutal de terrorismo de Estado en un pueblo del interior como fue el copamiento de Jacinto Arauz”.

Taty Almeida (L), a member of the Argentine human rights group "Madres de Plaza de Mayo", Estela de Carlotto (2-L), President of Argentina's human rights association "Abuelas de Plaza de Mayo" and Lita Boitano, President of "Families of the Disappeared and Detained for Political Reasons" attend the first trial of former Argentine President and current senator Cristina Fernandez de Kirchner for alleged corruption offences at the Comodoro Py court in Buenos Aires, on May 21, 2019. - Fernandez de Kirchner is accused of having favored companies owned by businessman Lazaro Baez in Santa Cruz province during her presidency from 2007-15 and that of her late husband Nestor from 2003-07. (Photo by JUAN MABROMATA / TELAM / AFP)Taty Almeida (L), a member of the Argentine human rights group «Madres de Plaza de Mayo», Estela de Carlotto (2-L), President of Argentina’s human rights association «Abuelas de Plaza de Mayo» and Lita Boitano, President of «Families of the Disappeared and Detained for Political Reasons» attend the first trial of former Argentine President and current senator Cristina Fernandez de Kirchner for alleged corruption offences at the Comodoro Py court in Buenos Aires, on May 21, 2019. – Fernandez de Kirchner is accused of having favored companies owned by businessman Lazaro Baez in Santa Cruz province during her presidency from 2007-15 and that of her late husband Nestor from 2003-07. (Photo by JUAN MABROMATA / TELAM / AFP)

Con este nuevo caso, revelado más de 40 años después de sucedido, son dos los nietos apropiados de hijas de pampeanos que son buscados en la actualidad, ya que se suma al del santarroseño Carlos Orzaocoa y de María de las Mercedes Gómez, que desapareció en Córdoba.

Ya son dos también los casos de nietas que recuperaron su identidad: en 1987 la hija de los desaparecidos Miguel Angel Gallinari, de General Pico, y de María Leonor Abinet, nacida en cautiverio y restituida en 1987; y la hija de Lucía Tartaglia, María Lucila -Victoria para la familia Tartaglia-, nieta recuperada 125, en 2017.

En el marco del brutal escenario montado por el terrorismo de Estado, La Pampa aparecía como una “isla”, exenta de la historia trágica reciente, algo que termino siendo desmentido a partir del testimonio de quienes sobrevivieron el horror de torturados, secuestrados, robos de bebés, exiliados y centros clandestinos.

En 2010 comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa, mientras que en el segundo juicio, que se inició el 16 de agosto de 2019, la condena llegó para 13 acusados, entre ellos a un civil, un médico que “guiaba las torturas”, Máximo Pérez Oneto, y el ex jefe de la policía y al que las víctimas señalaron como el “autor intelectual del terrorismo en La Pampa”, Luis Baraldini, que recibió una condena a 25 años de cárcel.