La Justicia Federal de Resistencia, Chaco, procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de «fraude en perjuicio de la administración pública».
Se trata de un expediente en el que la actual legisladora nacional de origen radical es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.
Una vez conocida esta resolución, que tiene fecha del último día hábil de 2019 pero que recién trascendió hoy, la diputada Ayala afirmó haberse enterado a través de los medios de la novedad, sostuvo que se trata de «una causa armada», y consideró que «no es serio que un fiscal proceda sin tener pruebas y que una jueza procese también sin pruebas».
«Yo estoy a derecho y estaré siempre», aseguró la diputada, quien sostuvo que, desde que ganó las elecciones legislativas en 2017, en Chaco, con las que se convirtió en diputada nacional, merced a «causas armadas», destruyeron su «carrera política», su «salud» y su «familia».
«No sé qué quieren», dijo la diputada en declaraciones que formuló esta mañana a El Destape Radio, en las que indicó, además, que el denunciante en el expediente por el que ahora fue procesada, es un intendente que «estuvo preso por violencia de género y tiene dos juicios del Tribunal de Cuentas por mal desempeño», en referencia a Carlos Casalboni.
«Me sacaron de la política, me proscribió la Unión Cívica Radical y Cambiemos. Terminaron con mi carrera política y con mi salud», insistió en señalar Aída Ayala, quien tiene dos años más de mandato por delante como diputada.
